Con la verdad histórica, el Estado revictimizó a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa: informe
El Estado revictimizó a los padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa con la difusión de la llamada “verdad histórica”, en cual, según la PGR, los jóvenes fueron secuestrados por miembros del crimen organizado e incinerados en el basurero del municipio guerrerense de Cocula. Así lo concluye el informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”, coordinado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
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Los impactos traumáticos para los padres, a más de tres años de la desaparición de los jóvenes, son permanentes porque aún no saben qué pasó exactamente con los estudiantes. Ni siquiera han podido pasar por un periodo de duelo y han presentado un progresivo deterioro en la salud derivado del estrés, el sufrimiento emocional y el cambio en el modo de vida al abandonar su cotidianidad para dedicarse a la búsqueda de sus hijos.
El impacto psicosocial ha sido en parte por el tratamiento de la información que han hecho las autoridades. En el informe se explica que cuando los padres se enteraron de la versión oficial por televisión fue “el momento más duro desde que sus hijos fueron desaparecidos”. Se sintieron “vulnerables e indefensos ante la capacidad mediática de la PGR”.
Estas son algunas conclusiones del informe realizado por un grupo independiente de expertos en el acompañamiento psicosocial, análisis, investigación y documentación de los impactos psicosociales que producen las graves violaciones a derechos humanos.
Dicho informe fue coordinado por Fundar como parte del seguimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de crear un equipo independiente para hacer un estudio o diagnóstico del impacto psicosocial y en la salud de las víctimas del caso Ayotzinapa.
Las fallas del Estado
Prácticamente todos los padres y madres entrevistados en el informe relataron que pocos días después de la desaparición forzada de sus hijos, llegaron a sus casas autoridades, en algunos casos del estado de Guerrero (en otros no las pueden identificar), y les ofrecieron dinero.
Lo cual rechazaron, pero el ofrecimiento fue ofensivo al considerar que “sus hijos fueran animales que se pueden comprar y vender”, dice el informe.
Luego, se sintieron doblemente agredidos durante el curso de las investigaciones realizadas por la autoridad que comenzó en noviembre de 2014, cuando la PGR les mencionó por primera vez el supuesto final que habrían tenido los estudiantes.
En una reunión con los padres de los jóvenes les habían dicho que policías municipales de Iguala y Cocula habían entregado a los jóvenes a integrantes del grupo de crimen organizado “Guerreros Unidos” y éstos los incineraron. Los padres, preocupados por el impacto que pudiera causar entre sus familiares y sus comunidades, pidieron que no se difundiera la información, pero el exprocurador Jesús Murillo Karam sí lo hizo.
A partir de ese momento, los padres intentaron conseguir más información e incluso se trasladaron al basurero de Cocula y otros buscaban en internet. “Dios mío, ¿será verdad?, ¿cómo lo agarrarían?, ¿cómo le harían?” […] Ahí empiezas a utilizar el teléfono y empiezas a meterte: ¿a cuántos grados puede quemarse una persona? ¿a cuántos grados? Imagínate que me metí hasta cuando quemaban a los de otros países, de cómo quemaban a la gente, de cómo los metían a los hornos. Estar viendo eso, estupideces en el teléfono, entonces psicológicamente te deshaces, te destruyes”, narró otro de los padres.
Al mismo tiempo, el presidente Enrique Peña Nieto dio por hecho la muerte de los estudiantes al declarar que el país estaba en duelo nacional por la supuesta muerte de los normalistas, y días después llamó a “superar” Ayotzinapa.
El 25 de enero de 2015, el procurador Murillo Karam ofreció una conferencia en la que informaban que la declaración de un nuevo detenido y los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan confirmaban la versión de los hechos difundida en noviembre de 2014. Incluso, presentó videos con la reconstrucción realizada por la PGR y los testimonios de los presuntos responsables, lo que el funcionario llamó “la verdad histórica”.
Esta conferencia fue “la primera muerte para mí y para toda mi familia. Te vuelven a apuñalar psicológicamente. Te acaban, cuando te quieren entregar un pedazo de mano ‘aquí está tu hijo’”, relata otro padre en el informe.
“Los padres, madres y familiares vivieron este evento como un nuevo ataque hacia ellos, seguido por actos represivos en contra del movimiento que los apoya”, sostienen los especialistas. Por ello, relata otro padre de los estudiantes, a partir de ese momento “el gobierno rompió el diálogo”.
Con la identificación de un resto óseo perteneciente a Alexander Mora hubo un impacto traumático para su familia, pero también para los padres del resto de normalistas. Aunque se logró la identificación en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, Austria, “la falta de claridad sobre el origen del hueso donde se obtuvo la muestra y en general sobre la circunstancia en la que el joven perdió la vida, representan condiciones de un duelo traumático”.
La declaratoria de defunción ocurrió a partir de un dictamen genético proveniente de un laboratorio en otro lugar del mundo y no de la constatación de la muerte a través del cuerpo de la persona fallecida, por ello impide el proceso de duelo ante la falta del cuerpo o algún fragmento como soporte de los rituales de duelo, sostienen los especialistas.
Otro atentado a los padres fue el anuncio del 16 de septiembre de 2015, hecho por la entonces Procuradora, Arely Gómez, que entre las muestras enviadas a la Universidad de Innsbruck de los restos encontrados en Cocula había sido identificado material genético del normalista de Ayotzinapa, Jhosivani Guerrero de La Cruz.
A diferencia de la identificación por ADN nuclear de Alexander Mora, en este caso se trató de un método experimental utilizado para obtener ADN mitocondrial (la información genética transmitida por vía materna), que es mucho menos preciso y certero. “A pesar de que la probabilidad estadística era débil, la procuradora salió en conferencia de prensa a dar los resultados sin comunicar previamente a los familiares, indicando que se trataba de una “evidencia moderada”.
Sin embargo, el Equipo Argentino de Antropología Forense refutó esta información y explicó la complejidad técnica de los resultados y concluían que la identificación de Jhosivani Guerrero no era definitiva.
Pero el daño para los padres ya estaba hecho: “ya ahora dicen que no fue nada, pero por mientras como quiera nos fue mal con eso. Nos sentimos tristes, de que no sabemos nada y ellos salen con esa cosa. Mis hijas también se pusieron tristes. Luego aquí en Tixtla que unas familiares de ella comienzan a llegar con flores”, relató Margarito, el padre de Jhosivani.
En abril de 2016, la PGR informó el resultado de un estudio de fuego en Cocula en le que confirmaba la existencia de un “evento de fuego en el que 17 adultos fueron quemados”, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que se trataba de un informe de carácter preliminar y no concluyente.
Este informe, llamado “tercer peritaje”, fue un “evento revictimizante frente al cual los familiares experimentaron sentimientos de dolor, tristeza, coraje y de falta de respeto a su dignidad, y que profundiza la desconfianza hacia el Estado”, dicen los expertos.
Reparación del daño
A más de tres años del ataque y mientras sus hijos estén desaparecidos “no se puede hablar de reparación”, peor aún en el contexto de la ruptura de confianza en el Estado. Por lo que los padres y madres plantean que el Estado tendría que demostrar su voluntad de ayudarles buscando a sus hijos y garantizando las condiciones para el avance de la investigación, sostiene el informe.
Tras el diagnóstico, los expertos recomendaron una serie de criterios para la planeación, ejecución y evaluación de las medidas a las que tienen derecho las víctimas, que incluya el derecho a la verdad y la justicia, pues sin ello, “las medidas reparatorias ven desvirtuada su naturaleza y diluida su capacidad de resarcimiento”.
Además, tras la revictimización por parte del Estado mexicano, los expertos recomendaron como medida de satisfacción que el Estado reconozca públicamente “la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier aseveración al respecto de los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano”.
También llama a avanzar en la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, e implementar un mecanismo de información sobre los avances dela búsqueda e investigación con la participación de las víctimas, familiares y representantes.
Debido a los eventos traumáticos, el Estado también debería garantizar atención psicológica, psicosocial y médica a los padres, madres y familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos, y de las personas privadas de la vida, recomendaron los especialistas en el informe.
