Organismo descentralizado firmó contratos inflados y trianguló recursos con empresas de papel: ASF
El organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), dedicado a la comercialización y desarrollo de mercados asignó contratos sin concurso a la empresa Aserca.
[contextly_sidebar id=”V7Wp80PTcAdDbyfOxnfWhlPQZE8BvLbb”]
En ese caso, la asignación fue autorizada directamente por el titular del organismo, Alejandro Vázquez Salido, quien fue jefe de la oficina del secretario de Hacienda en el periodo de Agustín Cartens.
La dependencia pagó 63.4 millones de pesos a Desarrollos Jurídicos Integrados (DJI) por un diagnostico de los procesos en tres de las direcciones regionales de Aserca, y por servicios de procesamiento analítico de información y digitalización de documentos.
Lo que ASF detectó fue que DJI entregó como resultado del primer contrato, un diagnóstico en donde prácticamente el 70% del documento “son transcripciones y citas textuales” de documentos públicos.
Y aunque estaba pactado que se realizaran visitas a los centros regionales de Aserca para conocer los procesos a diagnosticar eso no se cumplió, de tal suerte que la empresa no pudo presentar documentos que confirmaran el trabajo.
Por ese diagnóstico Aserca pagó 2.5 millones de pesos mediante una transferencia bancaria a nombre de la empresa. La ASF constató que desde esa misma cuenta DJI transfirió mediante dos pagos electrónicos bancarios “una suma de 2.6 millones de pesos a la empresa IE Technologies, que a su vez transfirió la cantidad de 1.7 millones a la empresa COESSER, y un monto de 232 mil pesos a la empresa COFEVAM Servicios Integrales”.
Por el segundo contrato, Aserca pagó 60.9 millones de pesos por la digitalización del 3.5% de los expedientes generados durante el 2016, trabajo por el que DJI pagó 4.6 millones de pesos de nómina. El resto se trianguló a otras empresas.
“Del análisis realizado a la cuenta bancaria a nombre de DJI, en la cual ASERCA le depositó los recursos públicos federales, se constató que parte de ellos los transfirió como sigue: 3.7 millones a Gabala Asesores en Servicios Múltiples; 7.5 millones a Jal Asesores en Servicios Múltiples; 3.9 millones a Full Service de México; 3 millones a Logiv Group & Services; y 40.3 millones a una cuenta propia en BBVA Bancomer”.
En un segundo movimiento se detectó que “Jal Asesores en Servicios Múltiples, transfirió 3.1 millones a Soluciones Mixtas y 1.4 millones a Beltsite”. Estas dos empresas son ampliamente conocidas por la ASF, pues las dos aparecieron en una auditoria realizada a la Universidad Tecnológica de Campeche, utilizadas en el entramado de la estafa maestra.
No sólo eso. La ASF realizó visitas domiciliarias a las empresas sin hallarlas.
Además, se constató que las empresas Gabala Asesores en Servicios Múltiples; Jal Asesores en Servicios Múltiples y Logiv Group & Services, S.A. de C.V., se encuentran constituidas en el mismo domicilio fiscal; dichas empresas recibieron recursos públicos por un monto total de 14.3 millones a través de transferencias realizadas por (la empresa) DJI”.
Y concluyó la ASF: DJI sólo erogó por los trabajos realizados 9.4 millones de pesos, pero recibió 60.9 millones por el contrato.
La ASF consideró que “la carencia de mecanismos de control interno que inhiban la corrupción, así como actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario por un monto de 63.4 millones de pesos”.
