A cuatro años de entrar en vigor, la Reforma Educativa no ha cumplido con los preceptos prometidos. La calidad de la educación no ha mejorado, según demuestran las evaluaciones a los alumnos; ni siquiera existe un diagnóstico de la infraestructura de las escuelas que sirva para subsanar las necesidades y los profesores no han sido profesionalizados con nuevos estándares.
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Así lo concluye la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las revisiones de desempeño incluidas en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 presentada este lunes 20 de febrero.
Ante esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió este jueves un comunicado donde recibe los señalamientos, recomendaciones y observaciones de la ASF y plantea su compromiso para mejorar “aquellas gestiones, procesos o definiciones destacados por el órgano superior de fiscalización”.
El exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, fue el encargado de operar la Reforma Educativa, luego de su aprobación en 2013, pero abandonó el cargo en 2017 sin haber concretado las promesas de elevar la calidad de la educación en el país.
En diversos discursos reiteraba que la reforma permitiría que los estudiantes mexicanos recibieran una educación de calidad, que tendrían infraestructura digna y que los maestros serían profesionalizados. Incluso, como coordinador de campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, ha descalificado la intención del candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, de echar atrás la reforma.
Sin embargo, la Auditoría concluye que la Reforma Educativa no ha tenido resultados que mejoren la calidad educativa, ya que la mayoría de los estudiantes de nivel básico se encuentra en el nivel más bajo de logro educativo (56.7% en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura), según las evaluaciones más recientes.
Otra promesa fue mejorar la infraestructura de las escuelas de educación básica, pero ni siquiera se realizó un diagnóstico nacional sobre su estado físico y funcional y tampoco hubo planeación financiera estratégica de corto y mediano plazos, que permitiera garantizar la suficiencia y oportunidad de los recursos.
Por ello, la Auditoría recomienda que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) se consolide como la figura rectora de la política, para “articular y coordinar, interinstitucional e intergubernamentalmente, las estrategias de regulación, planeación, supervisión y evaluación”.
Aunque se calculó una inversión de 54 mil millones de pesos para las escuelas, “la política de infraestructura y equipamiento no ha logrado asegurar que las escuelas cumplan con las condiciones físicas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos”, concluye la auditoría.
Respecto a la formación docente en los niveles básico y medio superior, en 2016 únicamente se capacitó al 4.8% del universo de un millón 45 figuras educativas del nivel básico y al 13.5% de las 417 mil figuras del medio superior, como parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
Además, “la oferta académica no tomó en cuenta las necesidades de formación del personal educativo”, advierte la ASF en la auditoría de desempeño al Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica. http://informe.asf.gob
Aunque en 2016, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación elaboró la versión preliminar del Programa de Mediano Plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020, “no se dispuso de una metodología para articular y analizar, de forma integral, las evaluaciones de los componentes del Sistema Educativo Nacional”.
Desde la discusión de la reforma, la disidencia magisterial –en medio de protestas por parte del magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)– acusó que se trataba de una reforma laboral y no educativa, toda vez que el cambio fundamental se concentraba en las medidas “punitivas” contra los profesores. Por primera vez los maestros que no aprobaran las evaluaciones perderían su plaza y quien faltara en tres ocasiones consecutivas sin justificación podría ser despedido.
El discurso oficial, en cambio, afirmaba que dichas medidas repercutirían en mejorar la calidad educativa. Pero sobre la currícula, los cambios ni siquiera fueron inmediatos. Hasta 2017 se concretó la “Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria”, en la que se establecieron las directrices para elaborar los programas de estudio del nivel básico, pero entraron en vigor en el ciclo escolar 2017-2018 y su efecto aún no se podría medir.
Respecto a los hallazgos sobre el desempeño de la Reforma Educativa, la SEP desglosa una serie de argumentos que explican el por qué de la falta de objetivos.
A continuación parte de los planteamientos que presentaron en el documento.
En materia de calidad de la educación: En relación con la medición del impacto que la reforma educativa está teniendo con respecto a sus objetivos, la SEP destaca que el debate académico internacional sobre cómo se define y cómo debe medirse la calidad educativa, continúa abierto. La SEP coincide con aproximaciones recientes a la discusión sobre la calidad educativa en las que la misma se concentra en dos grupos de factores:
a) los resultados educativos, usualmente con exámenes estandarizados, y
b) la disponibilidad de insumos, usualmente entre las escuelas y alumnos.
Sin embargo, la SEP se apega a la definición de calidad emitida por el INEE en 2014, en la cual se considera que el concepto calidad es relativo y dinámico, el cual no es un estado al que se arriba sino una tendencia en marcha, es decir, “un sistema que se mejora siempre respecto a sí mismo”.
Por esta razón es que la medición de la calidad resulta compleja.
Sobre los períodos de tiempo para evaluar resultados: Existen pocos estudios y por lo tanto hay un conocimiento limitado sobre la economía política de las reformas educativas. No es posible concluir un término preciso para esperar resultados de una reforma. Lo que sí puede afirmarse sin embargo es que los resultados dependen normalmente del tipo de reforma a implementar.
Los resultados de las reformas sistémicas o de segunda generación, como la que se realiza en México, que aspiran a mejorar la calidad (expresada en el desempeño académico de los alumnos, usualmente medido con pruebas estandarizadas) serán variables, dependiendo del conjunto y tipo de intervenciones que se incluyan.
De hecho, el propio informe de la ASF reconoce que los avances de la reforma educativa solo podrán medirse a partir del inicio del nuevo modelo educativo, que entrará en vigor en los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020.
A pesar de estas dificultades, la SEP considera que ya se pueden medir algunos componentes de la reforma como el desarrollo del Servicio Profesional Docente, particularmente en materia de evaluación y de formación continua. Argumenta que entre el segundo semestre de 2014 y diciembre de 2017 han participado, en las evaluaciones, un millón 241 mil docentes, con una proyección de un millón 789 mil a finales de este año.
En el aspecto de formación continua, en 2017, la SEP capacitó a 626 mil 637 docentes en la educación básica, en las tres líneas de intervención del Nuevo Modelo Educativo, cifra que supera las estimaciones. Respecto a los docentes de educación media superior, se capacitaron a otros 56,573 maestros.
También resaltan el nuevo mecanismo de asignación de plazas derivado de los concursos de ingreso y promoción públicos y abiertos, que ha permitido que los docentes ingresen con base en transparencia y esfuerzo. De esta forma, se han asignado 187 mil 198 plazas y ascensos por concurso.
En tanto al Nuevo Modelo Educativo, el primero de sus 5 ejes, relacionado con los Aprendizajes Clave para la Educación Integral, entrará en vigor en su primera fase con la puesta en marcha del nuevo plan y programas de estudio y de los nuevos libros de texto en el ciclo escolar 2018-2019 para todos los grados de preescolar; 1º y 2º de primaria, y 1º de secundaria. Mientras que en el ciclo escolar 2019-2020 corresponderá del 3º a 6º de primaria y 2º y 3º de secundaria.
Finalmente, la SEP reitera que la reforma educativa debe tener trascendencia y continuidad, y seguirse instrumentando con más eficacia, con más consistencia, con más disciplina y con más tenacidad, porque únicamente va en beneficio de los niños, de los maestros, y en ese sentido de todos los bienes públicos que una buena educación arroja para el bienestar integral de un país.