Era algo cotidiano: con frecuencia a la sucursal del banco holandés Rabobank en el condado Imperial de California llegaban personas con sacos y bolsas repletas de dólares para depositarlos en distintas cuentas.
Aparentemente el dinero provenía de negocios legales en México. Pero en realidad eso nunca se supo, porque en el banco no tomaron las precauciones para conocer su origen.
Rabobank fue multado este martes con US$368,7 millones porque su “deficiente programa” contra lavado de activos permitió la inversión de cientos de millones de dólares imposibles de rastrear, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El caso pone en evidencia una realidad presente en el país: desde 2010 se endurecieron las leyes contra lavado de dinero, pero los carteles mexicanos de las drogas todavía realizan negocios con los bancos.
Y aunque es más difícil que antes, las operaciones se hacen con relativa facilidad, reconocen especialistas. ¿Por qué?
“Los sistemas financieros siguen siendo vulnerables, no obstante que hay muchísimas disposiciones y reglamentaciones”, le dice a BBC Mundo el especialista Herbert Bettinger.
“No hay banca que conozca perfectamente bien a su cliente, no obstante que ese cliente tenga muchos años con la cuenta abierta. Nunca sabe si el día de mañana se relacione con la gente malosa”.
No hay una sola razón para la vulnerabilidad de los bancos, algo que México comparte con otros países.
Un problema es el creciente robo de identidad en el país, que permite a las organizaciones realizar operaciones legales a nombre de personas sin historia criminal.
Mientras no se detecte la usurpación “se pueden mover con mucha libertad en los ámbitos financieros”, señala el especialista.
Otro elemento es que los bancos no tienen el control total de las operaciones de sus clientes, incluso de los más conocidos.
Los carteles, por ejemplo, compran negocios legales y utilizan sus cuentas bancarias para lavar dinero. Como las operaciones que realizan son normales, pocas veces levantan sospechas.
Cuentan, además, con que las instituciones financieras no pueden supervisar los estados contables de sus clientes.
Es un obstáculo serio para combatir los recursos ilícitos, reconocen organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI, por su sigla en francés).
En su informe “Medidas antilavado y contra la financiación del terrorismo”, presentado en enero, advierte que las instituciones financieras del país tienen limitaciones para identificar a los beneficiarios finales de las operaciones.
Y cuando deben hacerlo, “depositan una confianza indebida en la auto declaración de los clientes”.
Esto cierra el círculo. Muchas veces los carteles utilizan testaferros sin historial delictivo para lavar sus recursos.
Como no se les considera personas de alto riesgo, los bancos solamente indagan superficialmente a sus clientes, “sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan” el negocio, señala el informe.
Así, el delito es detectado cuando se encienden las alertas en otros países. Pero eso puede tardar algún tiempo.
Otra razón para la vulnerabilidad del sistema bancario mexicano es la capacidad económica de los carteles de narcotráfico.
Según la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, las ganancias por el tráfico de drogas desde México son de unos US$30.000 millones al año.
Con esos recursos las organizaciones criminales pueden diseñar operaciones financieras complejas, y evitar el rastreo de sus recursos.
De hecho algunos grupos, como el Cartel Jalisco Nueva Generación, contratan a especialistas en economía, finanzas y banca para invertir su dinero.
Este grupo, sostienen especialistas como Alberto Islas de la consultora Risk-Evaluation, invierte millones de dólares en paraísos fiscales.
Su estructura financiera tiene pocos activos en México, lo que dificulta su rastreo, pero facilita el lavado de recursos.
“El narcotráfico en su capacidad económica no tiene barreras, puede vulnerar a cualquier institución”, insiste Bettinger, “a través de operaciones sanas realizan sus operaciones por abajo del agua, el lavado de su dinero”.
La otra parte de la historia son las autoridades. Según organismos internacionales, aunque se registran avances en México el combate al lavado de dinero todavía no es prioridad.
El GAFI, por ejemplo, advierte que el lavado de activos “no es perseguido de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso”.
El resultado: “La cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de activos es muy baja”.
Se nota. De acuerdo con el Quinto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el año pasado las autoridades confiscaron 543 millones de pesos y US$11,4 millones a grupos dedicados al lavado de dinero.
Detrás de estos números hay un tema que las autoridades se resisten a reconocer, le dice a BBC Mundo Angélica Ortiz, especialista en lavado de dinero.
“No hay un estudio serio sobre cómo funciona el lavado de dinero en México”, advierte.
En Holanda, por ejemplo, se analizaron los grandes casos de inversiones de dinero ilegal, para identificar elementos con que los jueces emitieron sus sentencias.
Con eso se diseñó una estrategia para detectar actividades o negocios que potencialmente esconden el lavado de dinero. Eso, en México, “no existe”, señala Ortíz.
“Falta que las autoridades realmente revisen las sentencias de sus propios asuntos para armar un mapa de cómo se hace el lavado de dinero” en el país.
“Hay muchos mitos sobre el lavado de dinero”, concluye la especialista.
Lo que está claro es que el problema no es nuevo y es difícil de erradicar.
En 2012, la unidad mexicana del banco británico HSBC recibió un multa en EE.UU. de US$1.920 millones por haber hecho posible el lavado de dinero de carteles.
Unos años antes, de acuerdo a esa investigación de la justicia estadounidense, las autoridades mexicanas le dijeron a representantes de HSBC en el país que los narcos se referían al banco como el “lugar para blanquear dinero”.
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