La promesa de un México en paz, que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, se desmorona hacia el fin del sexenio con los altos niveles de violencia, indicó el informe 2017-2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, de la organización Amnistía Internacional.
[contextly_sidebar id=”n2ZSg8AYxYLHs4UQXzMaRKCDq5UydAyA”]Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que en el país “graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria (…) y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevados a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos son tolerados”.
A continuación, Animal Político te presenta los puntos más críticos en cuanto a violaciones de los derechos humanos en México, según el Informe:
Las detenciones y reclusiones arbitrarias continúan siendo generalizadas en México, y en ocasiones derivan en otras violaciones de derechos, como torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El informe de Amnistía Internacional documentó que los informes policiales sobre detenciones muchas veces contienen “errores importantes”, como información falsa y otras deficiencias, como imprecisiones en el registro de la fecha y hora de la detención.
Este panorama resulta alarmante para la organización, en el marco de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que podría permitir “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil.
En febrero, el relator especial de la ONU sobre tortura hizo público un informe, en el que concluyó que la tortura y otros malos tratos continúan siendo generalizados en México, e incluyen un uso alarmante de la violencia sexual.
Por ello, señaló Amnistía Internacional, organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la Ley contra la Tortura, que entró en vigor en junio del año pasado.
Sobre las desapariciones forzadas, la organización documentó que continúan siendo una práctica habitual, y los responsables continúan gozando de una impunidad casi absoluta.
En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, la organización señaló que estas no se investigan adecuadamente y, de hecho, por cuarto año consecutivo, en 2017 las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y fuerzas militares, ni sobre los cargos penales contra elementos del Estado que las perpetren.
Según el informe, en agosto pasado, un órgano consultivo ciudadano publicó una investigación que demostraba la implicación del Instituto Nacional de Migración en varias violaciones de derechos humanos, contra personas privadas de libertad en centros de detención de migrantes, como hacinamiento, falta de acceso a servicios médicos adecuados, aislamiento, denuncias de tortura, entre otros.
Pese a que estas violaciones fueron confirmadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las autoridades negaron las acusaciones.
Amnistía Internacional señaló que en 2017 continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos.
12 periodistas fueron asesinados y, apuntó la organización, muchos de los homicidios contra comunicadores se cometen “a la luz del día y en espacios públicos”.
Asimismo, señaló, en enero de 2017 se conocieron indicios de actividades de vigilancia contra periodistas y defensores de derechos humanos, haciendo uso de un software adquirido por el gobierno.
Amnistía Internacional documentó que en México no se dispone de suficientes datos sobre feminicidios, aunque se conoce que la violencia de género contra mujeres y niñas es generalizada.
En 12 estados del país se ha activado la alerta de violencia de género; sin embargo, “al finalizar el año, no se había demostrado que los mecanismos de alerta hubieran reducido las agresiones”.
Sobre las violaciones a los derechos de personas de la comunidad LGBT, Amnistía Internacional destaca que, aunque desde 2015 la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia que establece que deben legalizarse los matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país, solo en la Ciudad de México y 11 estados más pueden contraer matrimonio sin tener que recurrir a amparos.
Amnistía Internacional señaló que, luego de los sismos que azotaron al país en septiembre del año pasado, miles de personas quedaron sin casa y sin escuelas.
Luego de esto, según el informe, no hubo una estrategia integral para garantizar opciones de vivienda segura y adecuada para las personas que perdieron su hogar, e incluso, el presidente Peña Nieto llegó a pedir a las familias afectadas que se organizaran ellas mismas para reconstruir sus casas.
Como respuesta al informe de Amnistía Internacional, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, declaró que el gobierno de México está dispuesto a ajustar su estrategia de seguridad, reportó el diario Reforma.
En conferencia de prensa, Sánchez dijo que en 2017 México, en materia de seguridad, trabajó en el “rediseño de las fuerzas federales y el trabajo de coordinación con estados está dando buenos resultados”.
Sánchez afirmó que el gobierno está atendiendo “principalmente a las zonas donde se presenta mayor índice delictivo”.
Durante la presentación del informe, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México se refirió al periodo electoral por el que pasa el país, y exhortó a los candidatos y candidatas a centrarse “en la realidad compleja que vive el país y la necesidad de soluciones a la crisis de derechos humanos”.
Consulta el informe completo de Amnistía Internacional.
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