El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó por unanimidad sancionar a siete partidos políticos que contendieron en el proceso electoral de 2012, por el contrato de tarjetas para el pago a 7 mil 311 representantes partidistas.
[contextly_sidebar id=”9Fr3XKxGPeD6lDHJTevaPbHRKo9HdxsW”]A través de un comunicado, el INE informó que el monto global de la sanción al PRI, Partido Verde, PRD, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, el PAN y Nueva Alianza, asciende a 36.9 millones de pesos.
De acuerdo con el Instituto, el contrato de tarjetas “constituye una aportación de ente prohibido, a través de la dispersión de recursos en tarjetas BBVA Bancomer, cuya contratación fue realizada por la empresa Logística Estratégica Asismex”, en beneficio de los representantes generales y de casilla, así como de los partidos sancionados.
El consejero electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, dijo que este es un ejemplo de financiamiento “paralelo, irregular y opaco” para pagar la operación electoral de los pasados comicios federales, celebrados el 1 de julio de 2012.
Hoy el @INEMexico multó a los #PartidosPolíticos por financiamiento ilegal a través de una empresa “fantasma” en las Elecciones 2012.
Te contamos aquí la historia pic.twitter.com/OpBmtYPK5N
— INE (@INEMexico) 11 de enero de 2018
“Una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma, que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares, hace un contrato con una Institución Bancaria para dispersar recursos a miles de personas, y realiza pagos a cuatro días de la Jornada Electoral”, explicó.
La sanción se emitió hasta ahora, debido a que apenas el 1 de diciembre de 2017, “tras años de requerimientos de información a Bancomer, finalmente entregó al INE con la intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un disco con una base de datos que contiene la relación de personas beneficiarias de las tarjetas dispersadas por ASISMEX en 2012”, señaló.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, se refirió al asunto como un ejemplo de la fiscalización, cuyo fin no es hundir a nadie ni sancionar a los partidos políticos, “sino recuperar la dignidad de la política democrática”.
El INE informó que el proyecto aprobado da vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, “para que actúen en el ámbito de sus atribuciones y determinen lo que en derecho corresponda”.
Murayama explicó que la investigación de la que derivó la sanción comenzó en 2012, por el caso Monex.