¿Y el impuesto que pagan Uber y Cabify en CDMX? El gobierno lo cobra, pero no usa el dinero
Desde hace dos años y medio el gobierno de la Ciudad de México cobra a las empresas Uber y Cabify un 1.5 % de cada viaje a cambio de permitirles que continúen operando. Dicho dinero debe usarse en beneficio de la movilidad y los peatones de la capital, sin embargo, hasta el momento la administración de Miguel Ángel Mancera lo ha mantenido guardado.
[contextly_sidebar id=”HINDES41tXEOTYCdUw9BRtzqxfjyy3as”]Y aunque públicamente el secretario de Movilidad de la ciudad, Carlos Meneses Flores dijo que lo recaudado superaría ya los 180 millones de pesos y que la Secretaría de Finanzas transparentaría la utilización del dinero, el gobierno negó vía transparencia dar cualquier detalle del monto oficial de dinero recaudado bajo el argumento de que el dinero está inmerso en un fideicomiso privado.
Fue el 15 de julio de 2015 cuando se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal un convenio que establece que las empresas que otorguen el servicio de transporte privado con chofer en la capital deben entregar el 1.5 % del monto cobrado al usuario en cada viaje. El destino de dichos recursos es el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.
En el mismo convenio se estableció que se crearía un Comité Técnico responsable del manejo y utilización de las aportaciones al fondo.
Animal Político interpuso en diciembre pasado dos solicitudes de transparencia tanto a la Secretaría de Movilidad así como a la Secretaría de Finanzas en las que se pidió conocer el monto del dinero recaudado en el fondo, los detalles y copia del fideicomiso respectivo para su administración si es que era el caso.
Las respuestas otorgadas por ambas dependencias no revelaron ni uno solo de los solicitados.
La Secretaría de Finanzas respondió el pasado 3 de enero que “no era de su competencia” el manejo de estos recursos y que le correspondía informar de ello a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).
En tanto, la SEMOVI respondió que no tiene atribuciones para “manejar, administrar ni operar” el referido fondo ya que se trata de “recursos de origen privado” ubicados en un fondo constituido dentro de un “fideicomiso privado” y por lo tanto no le aplican las leyes de transparencia gubernamental sino la de las instituciones de crédito. De ahí que no pueda dar a conocer ningún detalle.
Lo que sí confirmó la Secretaría de Movilidad (aunque sin dar ningún detalle) es que los recursos que se han acumulado como parte de esta recaudación no se han utilizado para nada, pues aún se analizan los proyectos para los cuales se destinaría.
“Se está en proceso de consolidar los proyectos relacionados en bien de la Ciudad de México, una vez consolidados, se propondrán al Comité Técnico para su aprobación y la aplicación de recursos, por lo que NO se han ejercido Recursos del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón hasta la fecha”, indica el documento.
El oficio no detalla que tipo de proyectos son los que, supuestamente, se estarían “consolidando”.
Prometer no empobrece
En noviembre pasado, en una comparecencia ante la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el titular de la Secretaria de Movilidad, Carlos Augusto Meneses Flores, prometió que el gobierno capitalino transparentaría el uso de los recursos del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón.
“Para transparentar el fondo y evitar especulaciones, se solicitó a la Secretaría de Finanzas que determine en qué se va a aplicar. La Secretaría de Finanzas lo tiene (datos del fondo)”, dijo el funcionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Pero hasta ahora Finanzas no ha hecho anuncio alguno respecto a la aplicación del fondo y, como ya se vio en la solicitud de información presentada por Animal Político, ha negado expresamente tener competencia sobre el mismo.
Fue en dicha reunión donde Meneses Flores señaló que los recursos del fondo ascendían hasta ese momento a 188 millones de pesos y que eran producto de las aportaciones de las empresas UBER y Cabify que dijo, son las únicas que tiene el permiso expreso para prestar el servicio. Añadió que había al menos medio centenar de compañías que también habían solicitado su registro pero los permisos estaban en trámite.
En ese contexto, en la solicitud de información interpuesta por este portal se pidió a la Secretaría de Movilidad conocer cuántas y cuales empresas están aportando actualmente recursos al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón. Al igual que en el resto de las preguntas la dependencia rechazó dar detalles con el argumento de que le fondo es un fideicomiso privado.
Uber espera que pronto se use el dinero
Uber es la empresa que promovió la creación del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón y la que ha aportado la mayor cantidad de recursos hasta ahora, según la información que ha dado a conocer en su momento la propia compañía.
Es por ello que Animal Político los buscó para conocer su opinión respecto al nulo uso de los recursos que se aportan al fondo.
“En Uber hemos aportado puntualmente todos los pagos al fondo de movilidad y esperamos que la Secretaría de Transporte, como beneficiario de este fondo, tome las acciones pertinentes para poder definir y usar esta aportación para el beneficio de la movilidad en la ciudad y todos los ciudadanos”, expuso un vocero de la empresa.
En octubre pasado, Uber había emitido además un comunicado donde dieron a conocer su última aportación trimestral por 29 millones de pesos, con lo que hasta noviembre del año pasado, tan solo de parte de esta empresa, ya superaba los 180 millones de pesos.
“Con esta aportación, la contribución de UBER a este fondo asciende aproximadamente a $182,288,669.00 millones de pesos, los cuales fueron transferidos a una cuenta de Banco Interacciones, quien actúa como fiduciario del fideicomiso a través del cual se creó el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, detalló la compañía en el comunicado del 30 de octubre pasado.
La empresa subrayó que estaba “orgullosa de fomentar una mejor movilidad” con la aportación que realizaba al fondo del 1.5 % de cada viaje y se dijeron seguros de que habría “pronto un impacto positivo”.
Pero el dinero sigue sin utilizarse.
