La PGR fracasa en investigar delitos cometidos por militares, señala informe sobre impunidad
La Procuraduría General de la República (PGR) ha fracasado en investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, de acuerdo con un informe de la ONG estadounidense WOLA, que promueve el fortalecimiento del sistema de justicia en América.
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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), presentó el informe “Justicia olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en México”, en el que detalla las fallas de la PGR.
“La Procuraduría General de la República (PGR) no ha mostrado voluntad para investigar de forma seria y exhaustiva a los soldados que han cometido delitos o violaciones a derechos humanos en contra de civiles”, señaló el reporte, que se basa en datos obtenidos por solicitudes de información.
Esas estadísticas oficiales le permitieron determinar que, entre 2012 y 2016, la PGR inició 505 investigaciones de abusos cometidos por uniformados, la mayoría por tortura y desaparición forzada, pero sólo hay registro de 16 sentencias condenatorias para esos casos en el sistema de justicia civil, lo que supone una tasa de éxito de 3.2%.
En su estudio, WOLA también apuntó que la gran mayoría de las pesquisas son por casos que involucran a soldados de bajo rango, y no a sus superiores jerárquicos, aunque se cuenta con evidencia de órdenes abusivas contra civiles emitidas por oficiales de alto rango que no han respondido por sus acciones.
“La PGR no ha responsabilizado a los militares por violaciones a derechos humanos”, dijo Ximena Suárez-Enríquez, autora principal del informe.
“Esto es particularmente importante dada la dependencia del gobierno en los soldados para patrullar las calles y su insistencia en que mantengan un papel central en la lucha contra la delincuencia organizada”, agregó en un comunicado.
El informe halló solo dos casos en los que se investigaron superiores jerárquicos de soldados en el periodo estudiado.
“Las órdenes de los superiores jerárquicos de ‘abatir’ civiles o ‘tirar a matar’ han ocurrido prácticamente con total impunidad”, señaló WOLA, que halló una “constante” “falta de voluntad” de la PGR para investigar y perseguir estos casos.
“El Ejército mexicano juega un papel importante en impedir la justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, remarcó Suárez.
El informe reconoció que se han realizado reformas legales para que estos casos se investiguen en la justicia civil y no en el sistema militar, pero concluyó que se necesita “una segunda generación” de cambios para garantizar seriedad y éxito en las investigaciones.
“Por demasiado tiempo los políticos mexicanos se han apoyado en el Ejército para acabar con la inseguridad y combatir a la delincuencia organizada sin responder por las consecuencias de esas decisiones. En un momento en que el Congreso Mexicano todavía está considerando aprobar legislación que validaría la participación militar en tareas de seguridad pública, tienen que rendir cuentas por los costos humanos de la militarización”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de WOLA.
