Familiares de víctimas y activistas denuncian errores en el registro oficial de desaparecidos
Al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) le faltan entre el 25% y el 50% de los casos de desapariciones reportadas por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios o el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
[contextly_sidebar id=”rDEIPk6jaR4sjEXK8ziiJWFwKGZNks4D”]Un aproximado que también fue detectado por el académico y comunicador de Jalisco, Darwin Franco, quien lleva años siguiendo y documentando el tema de la desaparición de personas en su entidad.
Los errores de la base no terminan ahí. Michael Chamberlain, integrante del Centro Fray Juan de Larios, señaló que en los casos de desaparición que ellos han acompañado y que si están en el RNPED, al menos el 70% tiene inconsistencias, “en algunos está equivocado el apellido, o está mal la fecha o el lugar de desaparición, incluso el estado, entre otros”.
Situación que, dice, “vuelve muy difícil que el RNPED sirva como instrumento de búsqueda y genera mucha desconfianza”.
El problema, explicó el defensor, es que las responsabilidades del RNPED están dispersas, pues mientras es la PGR la que recibe la información de las procuradurías y fiscalías estatales, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el encargado de subir la información al registro.
“No hay un esfuerzo real de depuración y tampoco hay un esfuerzo de búsqueda, de ser así se refinaría la información de los desaparecidos, y eso no pasa. Pareciera sólo que es una administración de registros preestablecidos, en los que un día ves casos en la lista del fuero común, y después pasan al fuero federal. O desaparecen unos meses y luego vuelven a aparecer”, dijo Chamberlain.
Pero además, sostuvo Darwin Franco, las cifras de las fiscalías estatales no necesariamente coinciden con los datos del RNPED.
A partir de solicitudes de información que ha presentado éste ha podido documentar que, en 2017, la Fiscalía General de Jalisco tiene 2,899 personas como desaparecidas, mientras que los datos del RNPED registran 2,777 pero en los últimos 17 años.
Franco también empezó a revisar si los casos que tienen registrados dos colectivos de familiares de desaparecidos en Jalisco, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco y Por amor a ellxs, aparecen en la base que abrió Data Cívica, y la tendencia que ha encontrado, hasta el momento, es que cerca del 50% de los casos no están en el registro nacional.
En Monterrey, Nuevo León, la situación es similar. Para muestra el caso de Roy Rivera Hidalgo, un joven de 18 años al que un grupo de sujetos armados, algunos de ellos con un chaleco que decía “Policía de Escobedo”, se lo llevaron la noche del 11 de enero de 2011.
Desde entonces su madre, Leticia Hidalgo, inició su búsqueda. En estos seis años, la familia de Roy no había tenido noticias de su paradero. Tras conocerse el trabajo de Data Cívica, Leticia buscó a Roy en el registro. Y ahí lo encontró, aunque con errores en la edad y sin información sobre altura, complexión o señas particulares.
“Así sin datos es difícil que alguien lo pueda encontrar, es increíble que exista un registro nacional en esas deplorables circunstancias, tan precarias, anómalas e irregulares que, obviamente, reflejan la simulación de las autoridades”, dijo Leticia.
De hecho, el caso de su hijo en el RNPED es reciente. Leticia recordó que cuando se dio a conocer la primera versión del registro buscó a su hijo y no estaba, tuvo que acudir con las autoridades y exigir que el caso apareciera, finalmente el año pasado se incluyó, pero se hizo mal.
Además del caso de Roy, Leticia revisó seis casos más que tiene registrados Fundenl.
Cuatro sí estaban, dos no. Animal Político revisó 41 casos de los más de 400 que tiene reportados la organización con sede en Monterrey, y encontró que 21 no están en el RNPED.
Y de los 20 restantes hay un caso duplicado, el de Kristian Karime Flores Huerta, otro que está registrado con los apellidos al revés, el de Antonio Verástegui González. Y otros 14 no tienen datos de complexión, estatura o señas particulares.
Un presupuesto de 400 millones de pesos
El pasado 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares.
Se trata de un nuevo marco normativo, que fue impulsado por grupos de la sociedad civil y familiares de desaparecidos.
Esta ley incluye, entre otras cosas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Este nuevo registro sustituirá al RNPED, pero aún no ha comenzado a operar, pues hasta la fecha el presidente Peña Nieto no ha publique la ley en el Diario Oficial de la Federación.
Las organizaciones que trabajan el tema estiman que puede tardar uno año en entrar en funciones, pero ya hay un presupuesto asignado de 400 millones de pesos, dividido entre federación y estados para trabajar el tema en el 2018.
Aunque, dijo Michael Chamberlain, no está claro si será suficiente “pensando en que se va a construir un sistema nacional de búsqueda y una comisión nacional de búsqueda, y comisiones estatales de búsqueda en los estados, el temor es que se vaya la mayor parte en burocracia”.
“Lo que no queda claro es la distribución de recursos, es cómo se va a traducir en mejores investigaciones, porque de esos 400 no llega nada a las nuevas fiscalías que se van a crear de investigación, no queda claro cómo van a aportar para que haya fuerzas policiales dedicadas a la búsqueda en campo. Y no están destinando absolutamente nada para el tema forense, que es otro capítulo fuerte de la ley. Eso lo maneja PGR, y no hay presupuesto para ello. Todo va a Segob”.
Y sostuvo el defensor: “El RNPED, uno que sirva como tal, no depende de tener muchos recursos financieros sino ganas de hacerlo y voluntad de hacerlo”.
