El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, convocaría elecciones anticipadas como forma de evitar la intervención de su gobierno por parte de Estado español, y que podrían celebrarse en diciembre próximo.
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De acuerdo con fuentes del gobierno catalán, el dirigente anunciaría este jueves su decisión de no declarar la independencia catalana como pretendía conforme al referéndum del 1 de octubre (que no tiene reconocimiento del Estado español); sin embargo, primero reprogramó su anunció y posteriormente lo canceló.
La decisión de Puigdemont sería fruto de dos días de reuniones internas del gobierno catalán con fuerzas políticas y entidades sociales que apoyan la independencia, además de la mediación de políticos catalanes y otras regiones de España.
Las versiones refieren que incluso dentro del gobierno de Puigdemont hay algunos de sus consejeros que no están dispuestos a verse inmersos en procesos penales por la proclamación de la independencia, como el responsable de Empresas, Santi Vila.
Además, la decisión de convocar elecciones pretende evitar que el gobierno español aplique el artículo 155 constitucional como respuesta a la declaración de independencia (que Puigdemont tiene en suspenso desde el pasado 10 de octubre).
El Senado de España debate este jueves y viernes las medidas propuestas por el gobierno de Mariano Rajoy para intervenir a la Generalitat y al Parlamento catalán.
El gobierno español argumenta la aplicación del artículo 155 constitucional en que el proyecto independentista de Puigdemont se basa en leyes contrarias a la Constitución y que contravienen el interés general de la ciudadanía.
Entre las medidas propuestas están el cese de Puigdemont y todo su gobierno; el control de las finanzas, la policía catalana (Mossos d`Esquadra), los medios de comunicación públicos; la limitación de facultades del Parlamento catalán y posterior convocatoria de elecciones.
Además de la intervención con el 155 constitucional, Puigdemont se enfrentaría a un proceso penal toda vez que se le denunciaría por rebelión, como lo anunció esta semana el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.