[contextly_sidebar id=”PZMcEqHOqafgmrfoSrxw5sETbCTW6vsa”]El Sistema Nacional Anticorrupción arrancó sin pies ni cabeza. El plazo para que los estados reformaran sus Constituciones y crearan una ley estatal anticorrupción se cumplió el pasado 18 de julio; sin embargo, dos entidades no cumplieron, mientras que otras ocho lo hicieron pero con deficiencias. Además, falta el nombramiento de un fiscal nacional y de los magistrados.
En ese contexto, este 19 de julio, el Sistema Nacional Anticorrupción inició operaciones, luego de que las entidades y los legisladores federales no cumplieron con los plazos, a pesar de que tuvieron más de un año para hacer las modificaciones correspondientes.
A continuación, Animal Político te presenta las fallas con las que arranca el Sistema Nacional Anticorrupción.
Chihuahua y Veracruz son los dos únicos estados en los que ni siquiera tienen propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupción, de acuerdo con el #SemáforoAnticorrupción, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana y por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Además, ocho entidades diseñaron una ley del sistema local anticorrupción regular, indica el reporte, que coloca a Baja California, Durango, la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas en esta categoría.
En el caso de Tlaxcala, el informe de las organizaciones establece que cuenta con una iniciativa de ley satisfactoria y saben que el Congreso del estado ya sesionó, pero aún no hay información oficial sobre la aprobación.
Mientras que en Baja California y Jalisco ya tienen una ley aprobada el día 18 de julio; sin embargo, no se ha revisado el dictamen.
En este panorama, el IMCO, la Coparmex y Transparencia Mexicana indican que 29 entidades ya cuentan con una ley del sistema local anticorrupción, de las cuales 21 son satisfactorias.
En este contexto, la secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, dijo que “debe ser prioridad para los congresos locales finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los Sistemas Locales Anticorrupción, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, con el propósito de dar un paso decisivo para prevenir y combatir la corrupción en todo el país”.
Al dar a conocer las preocupaciones generales por las leyes de los sistemas locales anticorrupción, las organizaciones hicieron tres señalamientos para las autoridades de la Ciudad de México:
Además de ser una de las dos entidades en las que ni siquiera hay propuestas para diseñar sus sistemas locales anticorrupción, Chihuahua es el único estado que permanece sin una reforma constitucional, aunque tiene una iniciativa de reforma constitucional satisfactoria, indica el #SemáforoAnticorrupción.
Además, Baja California tiene una reforma deficiente mientras que la Ciudad de México, Durango, el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas cuentan con una “reforma constitucional regular”.
“La reforma de Baja California es deficiente principalmente por la conformación de su Comité de Participación Ciudadana que es de 15 miembros, de los cuales 11 forman parte del Comité Coordinador.
“En Tabasco, a pesar de tener una reforma constitucional regular, preocupa que no se establece la obligación explícita de presentar declaración patrimonial y de intereses”, alerta el #SemáforoAnticorrupción.
El pasado 4 de julio, Animal Político publicó que senadores del PAN, PRD y PT rechazaron un periodo extraordinario de sesiones para designar al fiscal y magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El periodo extraordinario fue rechazado, luego de que, por tercer año consecutivo, los senadores evadieron nombrar al fiscal anticorrupción, único miembro faltante del Comité Coordinador del SNA.
Luis Manuel Pérez de Acha, miembro del Comité Ciudadano del SNA, dijo que existe una falta de voluntad política. “Si la reforma constitucional que creó la Fiscalía Anticorrupción tiene más de tres años, éste es un plazo más que suficiente para haber hecho la designación, para que los partidos políticos se pusieran de acuerdo”, dijo.
El pasado 5 de julio, los integrantes de la comisión seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana (CPC) señalaron que, a cuatro meses de que entró en funciones ese cuerpo colegiado, éste no ha recibido un peso de presupuesto para operar.