Este es el plan de PGR para mejorar el nuevo sistema de justicia y no incluye prisión preventiva
La Procuraduría General de la República está en contra de la prisión preventiva y de modificar leyes para avanzar en el nuevo sistema de justicia penal. Por el contrario, la PGR diseñó un plan de ocho acciones, entre las que destaca el empoderar las bondades del actual sistema, que cada operador asuma la responsabilidad que le toca, así como homologar la capacitación y el servicio público de carrera en las procuradurías.
[contextly_sidebar id=”JHVBbRSDZ84UsbGMONjfgrJa17hjTj80″]Lo anterior se encuentra plasmado en el informe: “Hacia un Nuevo modelo de Procuración de Justicia”, elaborado por la PGR, al que Animal Político tuvo acceso vía una solicitud de transparencia.
Dicho informe fue enviado al Senado, luego de que, en enero pasado, la Comisión Nacional de Gobernadores emitió un pronunciamiento en el que pide que se reforme la ley para aplicar prisión preventiva automática en los delitos de portación de arma de fuego. Esta petición de la CONAGO ha sido reiterada por los gobernadores e incluso por autoridades federales que responsabilizan al sistema penal del incremento de la violencia.
El informe la PGR precisa que la prisión como una idea de “justicia” es propia del sistema penal anterior, que procuraba el castigo, pero que es incompatible con el sistema penal actual.
Por el contrario, la PGR advirtió que lo que debe comunicarse a la sociedad es precisamente las bondades del sistema penal, que no opera ya bajo las mismas premisas y subrayó que es vital que los ciudadanos “confíen en las bondades del nuevo sistema”.
“La idea de justicia penal que debe comunicarse eficazmente pasa por el reconocimiento y la adopción de esos nuevos procesos y mecanismos, a través de los cuales pueden lograrse los fines del sistema penal que, por cierto, no reconocen como fin último o como estrategia principal a la prisión”, indica el documento.
Pero ante las graves deficiencias reveladas en un diagnóstico, hecho por la propia PGR, sobre el funcionamiento del nuevo sistema, y donde tan solo a nivel federal 70% de las carpetas de investigación no tienen resolución alguna, la dependencia propuso un plan de ocho acciones específicas.
Según la PGR se trata del mínimo de pasos que se requieren para construir un nuevo modelo de Procuración de justicia. Estas son las acciones que propuso:
- Redirigir el concepto de autonomía
La autonomía del Ministerio Público es vital en el nuevo sistema, según la PGR; sin embargo, la dependencia consideró que esto no se logrará solo con reformas legales que por decreto conviertan a las procuradurías en organismos autónomos.
Lo que se necesita es fortalecer las capacidades de las procuradurías a través de la profesionalización y capacitación.
“La independencia, hay que subrayarlo, no se logra en automático con la creación de tal suerte de organismos constitucionales, sino, precisamente, mediante la profesionalización de los operadores jurídicos, la homologación de los procedimientos y de las estructuras institucionales, así como de la creación de mejores condiciones de trabajo y estabilidad en el empleo”.
- Homologar operación de las procuradurías
La PGR considera prioritario homologar todos los mecanismos de investigación de delitos entre las procuradurías del país, además de los servicios periciales, de atención a víctimas, de mediación y, en general, cualquier proceso administrativo.
“La arquitectura institucional debe transitar hacia la homologación en todo el país. Solo así puede lograrse una cooperación interinstitucional tan necesaria en el escenario del sistema de justicia penal acusatorio” indica la PGR.
Según la Procuradurìa “no es aceptable” que los temas penales se sigan resolviendo de una forma en un estado y de otra en el estado vecino.
- Peritos independientes y especializados
La estrategia de la PGR considera urgente que los servicios periciales de las Procuradurías actúen con total independencia técnica del Ministerio Publico y de la policía.
No obstante, consideró, no basta, como proponen algunos, con crear institutos autónomos de servicios periciales, sino que se debe impulsar la capacitación de los peritos sobretodo en atención de delitos de alto impacto.
- Ministerios Públicos que coordinen las investigaciones de alto impacto
La PGR establece la necesidad de contar con agencias del Ministerio Público especializadas en delitos de alto impacto, pero que, además, coordinen de forma efectiva las investigaciones que tienen a su cargo en el nuevo sistema penal acusatorio.
La Policía de Investigación (o Policía Ministerial) debe cumplir con la tarea de dotar a los fiscales de pruebas que le permitan construir la teoría de un caso, pero sin convertirse en la cabeza de la investigación.
- Servicio (real) de carrera
La PGR reveló en un diagnóstico —cuyos detalles fueron publicados por Animal Político el 12 de junio pasado— que la tercera parte de los agentes ministeriales llegan al puesto por “designación especial” (decisión de un funcionario) y no por méritos construidos a través de un servicio profesional de carrera.
La dependencia estimó urgente que esto cambie y que en todas las procuradurías del país se establezca un sistema de contratación, desarrollo, méritos y ascensos, así como de mejoras salariales que respete e incentive a los funcionarios a hacer mejor su trabajo.
“El servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial debe generar incentivos de permanencia, al tiempo que se proyecta como una alternativa laboral atractiva para las nuevas generaciones. Esto solo puede ser posible si se mejora notablemente la formación inicial, la administración de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, la medición del rendimiento y los méritos, los salarios y el sistema de promociones”.
- Unificar capacitación y especialización
Ante la evidente carencia de capacitación en las procuradurías del país, incluyendo la PGR, el informe establece que se deben unificar las estrategias en la materia y crear un “marco integral de formación, capacitación y profesionalización, que debe implementarse en las 33 fiscalías y procuradurías de justicia del país”.
En esta estrategia de capacitación, la Procuraduría considera conveniente que se integre al poder judicial con la finalidad de que se conozcan sus criterios y así se pueda orientar de mejor manera la preparación.
Además se reitera la importancia de que exista una capacitación específica para lograr la especialización de agentes ministeriales y policías investigadores en delitos de alto impacto como secuestro, trata de personas, feminicidio, robo de hidrocarburos entre otros.
- Clarificar competencia en crimen organizado y mejorar la investigación
La PGR señala que deben establecerse reglas claras entre las procuradurías del país para determinar qué hechos de la delincuencia organizada deben ser atraídos por la federación y cuáles no, pues, actualmente, esto opera bajo total discrecionalidad del Ministerio Público de la Federación, lo que genera confusión.
También consideró que debe haber un análisis de las reglas de excepción que considera la ley para combatir delitos de crimen organizado, pues en ocasiones estas pueden afectar el debido proceso y dañar los casos.
- Empoderar el sistema penal acusatorio
El informe de la PGR dice que es fundamental el empoderamiento del sistema penal acusatorio ante la sociedad. Para ello, subraya que es responsabilidad de todos los operadores el comunicar las bondades del nuevo sistema.
“El éxito del sistema procesal penal acusatorio no depende, en exclusiva, de sus operadores ni de la normatividad que gravite a su alrededor. Al contrario; resulta fundamental que la ciudadanía lo acepte y confíe en las nuevas formas y procesos a través de los cuales pueden hacerse realidad los fines del sistema penal”.
En este apartado la Procuraduría recomendó que debe dejarse de lado la idea de la “prisión como sinónima de justicia”, y añade que cada uno de los operadores tienen la responsabilidad de hacerla parte que le toca y comunicar sus resultados a la ciudadanía.
