Expertos de ONU piden investigación independiente sobre presuntos casos de espionaje en México
A un mes de las revelaciones sobre el presunto espionaje por parte de autoridades mexicanas, un grupo de expertos de las Naciones Unidas exhortó al gobierno de México a realizar una investigación “transparente, independiente e imparcial” sobre las denuncias.
[contextly_sidebar id=”lj2nkfK9ViKK4He6hb1HjdKmZHnzNuQY”]En un comunicado, los expertos expresaron que “las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”.
Los expertos subrayaron que “dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice” y dijeron estar preocupados por “la posible implicación en la compra y el uso de ‘Pegasus’ de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir las averiguaciones.
El grupo de expertos de la ONU está conformado por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; David Kaye, relator especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y Joseph Cannataci, relator especial sobre el Derecho a la Privacidad.
Espionaje a activistas y periodistas
El pasado 19 de junio, periodistas y activistas presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de espionaje a sus teléfonos con un malware llamado ‘Pegasus’.
La denuncia fue presentada por Mario Patrón, director del Centro Prodh; los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del IMCO, además de Alejandro Calvillo, Stephanie Erin Brewer y Jorge Santiago Aguirre.
Análisis independientes elaborados por Citizen Lab, confirmaron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrados para indagar en México el caso del ataque contra normalistas de Ayotzinapa, así como líderes del Partido Acción Nacional (PAN) fueron atacados con malware espía.
Por estos hechos, la PGR informó que el pasado 21 de junio se inició una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.
La PGR señaló que “se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así que la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas en los dispositivos telefónicos”.
Los expertos de la ONU hicieron un llamado a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.
Además, urgieron al gobierno mexicano “a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo”. De acuerdo con los expertos, “la resolución de este caso a través de una investigación independiente e imparcial representa un paso clave para demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en procuración de justicia en México”.
El presidente Enrique Peña Nieto rechazó las acusaciones de que el gobierno federal espía a periodistas, defensores de derechos humanos y a activistas y pidió que se aplique la ley a quienes acusan al gobierno de espionaje, ya que, dijo, el suyo “es un gobierno democrático, que respeta y tolera las voces críticas”. Sin embargo, horas después de su mensaje, pronunciado el pasado 22 de junio en un evento público, el mandatario aclaró que su que su gobierno no actuará en contra de quienes denunciaron un presunto espionaje por parte de su administración.
