El ABC de Javier Duarte contra la justicia en México: Así será el proceso del exgobernador

Durante la tercera audiencia en Guatemala, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aceptó su extradición a México para enfrentar a la justicia por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ahora la Procuraduría General de la República (PGR) tiene que iniciar los trámites para lograr su entrega que se concretará, a más tardar, en un lapso de quince días.

[contextly_sidebar id=”hWp4xCjRXsDe4OABA9dbQv9ZPupfRPEm”]Una vez en territorio mexicano, el exgobernador será ingresado a un penal de máxima seguridad, ya que el delito de delincuencia organizada, en términos del nuevo Sistema Penal Acusatorio, amerita el encarcelamiento.

La ruta en los juzgados

Javier Duarte quedará a disposición del juez que giró la orden de aprehensión en su contra, radicado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Posteriormente, en un lapso de 72 horas, que podría extenderse hasta a 144 horas si la defensa lo solicita, el juez determinará con base en el expediente inicial y a lo que aporten los abogados de Javier Duarte si lo somete a juicio por los delitos que se le imputan.

Si el juez determina abrir un juicio, habrá un periodo de investigación complementaria, que puede durar de tres a seis meses, tiempo en el que se reunirán  pruebas para luego dar paso a un eventual juicio oral completo.

Tras el periodo de la investigación complementaria y en caso de que Duarte decida declararse culpable, el caso podría irse a un periodo abreviado y se dictaría sentencia al término de la investigación complementaria.

Fiscalía de Veracruz archivó en un solo día 13 averiguaciones contra Duarte que le remitió PGR.

Las acusaciones que la PGR realizó contra Javier Duarte se presentaron también contra ocho personas más, a quienes se les giraron órdenes de aprehensión.

Hasta antes de la captura de Duarte solo habían sido detenidas formalmente las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta, quienes figuraban como accionistas de la empresa Consorcio Brades, compañía involucrada en la triangulación de recursos públicos. Ambas fueron sentenciadas a tres años de prisión, luego de que reconocieron su culpabilidad a cambio de ser condenadas por lavado de dinero, pero no por delincuencia organizada.

El abogado José Juan Janeiro Rodríguez es otro de los que contaba con una orden de aprehensión, pero fue congelada por la PGR, luego de que éste accedió a cooperar con las autoridades aportando información. Su situación jurídica se resolverá más adelante.

Javier Nava Soria es otro de los presuntos cómplices de Duarte. El pasado 19 de abril, fue detenido en España y se encuentra en proceso de extradición. Nava está vinculado a las investigaciones que la PGR realiza sobre la presunta red de operaciones con recursos de procedencia ilícita del exgobernador.

Las personas que permanecen prófugas son el empresario Moisés Mansur, Rafael Gerardo Rosas Bocardo, Santa Bartolo Acuña y Miguel Velásquez Nieva.

Las pruebas que la PGR presentó para sostener la acusación preliminar en contra de Javier Duarte y el resto de los coacusados incluyen múltiples transferencias bancarias, las escrituras de la constitución de empresas y documentos relacionados con la compra venta de terrenos y propiedades.

Otra prueba que la PGR presentó y es central en el caso es la declaración del abogado Alfonso Ortega López, quien confesó haber trabajado por años bajo las órdenes de Javier Duarte y sus prestanombres para la creación de empresas fantasma en México y Estados Unidos y facilitar el movimiento de recursos económicos.

Impunidad en desvíos de Duarte: La PGR no ha consignado ni una de las 56 averiguaciones previas.

¿Por qué delitos será juzgado?

Javier Duarte enfrentará de inicio tres órdenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de siete delitos.

Una de estas órdenes fue solicitada por la PGR y dos más por la Fiscalía de Veracruz.

De los delitos que se le imputan, solo el de delincuencia organizada amerita prisión automática; para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por qué existe el riesgo de fuga.

Entre los delitos por los que México solicita la extradición no se encuentran los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, pues ninguna de las 53 averiguaciones previas iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.

Los delitos que le imputan a Javier Duarte son:

• Delincuencia organizada: Duarte es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
• Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión.
• Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de uno a ocho años de prisión.
• Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito. Contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
• Tráfico de influencias: el exgobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla  una pena de uno a cuatro años de prisión.
• Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.

Por otro lado existe una segunda orden de aprehensión que la PGR obtuvo de un juez a través de la FEPÁDE por delitos electorales, Esto luego de que se identificó que la administración de Duarte obstaculizó la llegada de recursos al órgano electoral de la entidad,

Esta orden de aprehensión no fue incluida en la solicitud de extradición pero, de acuerdo con la PGR, en su momento se podrá cumplimentar la misma aludiendo a una excepción del principio de especialidad del tratado de extradición México Guatemala que indica que una