Sin fiscal ni magistrados e incompleto: Así arrancará el Sistema Nacional Anticorrupción
[contextly_sidebar id=”0ZgS9CKzMUS9XDN8fMIWTsrdpVlP7VUX”]El 19 de julio México se despertará con un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con fallas estructurales: no tendrá fiscal anticorrupción ni se tendrán magistrados especializados ratificados, ni la totalidad de los sistemas locales estarán en funcionamiento.
El plazo de ley para la entrada en vigor del SNA vencerá sin que se haya concluido la instalación en los estados, puesto que hay entidades en las que ni siquiera han empezado con las reformas de ley, como Tabasco o Campeche, o que recién recibieron la iniciativa, como Chihuahua.
También hay estados en los que hay resistencia política a permitir la intervención de la sociedad civil, como ha sucedido en Coahuila, o se ha excluido a personajes incómodos, como se ha denunciado en Puebla.
Los problemas en los estados, dice Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) en el Sistema Nacional Anticorrupción “evidencian una falla estructural del sistema nacional, porque los sistemas locales son una pieza fundamental”.
“A esto hay que sumarle dos hechos adicionales que hablan de un incumplimiento generalizado del mandato constitucional: falta que se nombre al fiscal anticorrupción y la ratificación de los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal”, agregó.
Pero el inicio atropellado del Sistema Nacional Anticorrupción no tendrá un costo real ni para los legisladores federales ni para los estados, pues en la ley, explica Fernando Alcanzar, quien forma parte del equipo que desde el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) han dado seguimiento a la implementación del SNA, no se establecen sanciones o medidas de apremio para las entidades que no cumplan.
“No sabemos qué va a suceder el 19 de julio, pero en los casos similares en los que también se instaló un sistema nacional, como el penal acusatorio o el de transparencia, pues se impuso un plazo que no se cumplió y lo que pasó es que la autoridad federal estableció prórrogas”, recuerda.
Un sistema a diferentes velocidades
El IMCO es más optimista sobre el escenario estatal, pues, a pesar de los graves retrasos detectados en Chihuahua y Tabasco, también hay entidades como Chiapas, Nayarit y Querétaro que ya tienen un gran avance no solo en lo legislativo sino también en la instalación de su Comité de Participación Ciudadana.
“A partir de mayo vimos un aceleramiento legislativo”, dice Fernando Alcazar, quien alerta: “una cosa son los avances legislativos y otra la evaluación de la calidad, y aún no calificamos calidad”.
De acuerdo con Edna Jaime, presidenta de México Evalúa e integrante de la comisión que valoró y calificó a los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana del sistema Nacional Anticorrupción, “lo que estamos viendo es una resistencia de los poderes absolutos, los gobernadores no quieren contrapesos. Y el SNA es eso, es fortalecer los contrapesos y los mecanismos de rendición de cuentas”.
La presidenta de México Evalúa señala que la presión de la sociedad civil organizada será lo que haga la diferencia tanto en el cumplimiento de los plazos de instalación como de la calidad de los sistemas estatales:
Resistencia de la clase política
Analistas como Darío Ramírez, exdirector de la organización Artículo 19, y la actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Jaqueline Peschard, acusaron que los medios y los políticos que critican la selección de ciudadanos para el CPC buscan debilitar a un sistema que podría ser un contrapeso y que aún no termina de nacer.
La presidenta de Fundar —otra de las organizaciones que integró el comisión seleccionadora—, Haydee Pérez, explica: “veo cierto temor de la clase política a la participación ciudadana sustantiva y eso es bien preocupante en todos los niveles”, pues, advirtió, se corre el riesgo de que algunos sistemas locales nazcan capturados por los grupos de poder.
Coahuila y Puebla son un ejemplo reciente. Las organizaciones que integran la Alianza Anticorrupción Coahuila, un grupo de 109 organizaciones que se conformó para darle seguimiento al proceso, han denunciado la opacidad con la que el Congreso estatal aprobó la ley estatal anticorrupción que propuso el gobernador Rubén Moreira sin considerar a la sociedad civil.
De acuerdo con Patricia Villareal, las organizaciones de Coahuila se acercaron a diputados de oposición desde noviembre del año pasado para trabajar en el Sistema Estatal Anticorrupción y la respuesta que les dieron fue que había instrucciones para que el Congreso no tocara ese tema hasta pasadas las elecciones del 4 de junio.
Y así fue, dos semanas después de la jornada electoral la iniciativa del gobernador llegó al Congreso, donde los diputados aprobaron el dictamen de ley, sin considerar los puntos que propusieron las organizaciones, que solicitaron abrir espacios de discusión para la sociedad civil.
En 24 horas los diputados aprobaron el dictamen y lo votaron en el pleno, dejando fuera a la sociedad civil. “Lo que hicieron fue un blindaje para los Moreira, tenemos 12 años de un gobierno que no ha cambiado, siguen siendo los mismos. Oímos que en otros estados hay deuda, que hay empresas fantasmas, que hay actos de corrupción muy visibles, bueno, en Coahuila los hemos tenidos todos”, dijo Villareal.
Para la alianza, la iniciativa aprobada en Coahuila “no garantiza la plena autonomía e independencia de puestos públicos claves, indispensables para combatir efectivamente la corrupción, pues establece la designación y remoción directa de figuras clave como el fiscal General, el fiscal Especial Anticorrupción, el auditor Superior del Estado y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa por parte del Ejecutivo Estatal y el Congreso del Estado, lo que permitirá encubrir hechos de corrupción y legitimar la impunidad”.
Por lo pronto, las organizaciones de Coahuila preparan un amparo para tratar de combatir la ley de transparencia y abrir el sistema a la participación ciudadana. Pero mientras eso sucede, Coahuila será uno de los estados que no logrará concluir a tiempo el proceso para la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Al respecto, dice Haydee Pérez: “Creo que la clase política no ha terminado de entender que la sociedad civil organizada es un actor que tiene derecho a participar sustantivamente, que alza la voz, que es especialista, que se ha profesionalizado, y está reaccionando contra eso”.
Excluyen a los incómodos
En Puebla, uno de los estados con mayor avance en la implementación de las reformas de acuerdo con los semáforos de IMCO y de la organización Opciona, también hay señales de la resistencia del grupo en el poder, que encabeza el exgobernador Rafael Moreno Valle, para permitir que la sociedad civil, especialmente la crítica, se involucre en el proceso.
Primero, el nombramiento del fiscal Anticorrupción fue decidido por el actual titular de la Fiscalía General del Estado, Víctor Carrancá Bourguet, sin que los diputados o los grupos de la sociedad civil que han acompañado el proceso tuvieran injerencia en el asunto.
La responsabilidad recayó en Enrique José Flota Ocampo, quien hasta antes del nombramiento se encargaba de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
Luego, cuando el Congreso de Puebla definió a los integrantes de la comisión seleccionadora, donde se valorarán a los perfiles de los aspirantes a integrar la Comisión de Participación Ciudadana, dejaron fuera a los dos rectores de las escuelas privadas, Ibero y UPAEP, que han sido más críticos al grupo en el poder. En su lugar, integraron a personas de las que no se conoce públicamente trayectoria o acciones relacionadas con el combate a la corrupción.
Al respecto, Lilia Vélez, directora del Departamento de Humanidades de la Ibero y representante de esa institución en el proceso, dijo: “Ahí es donde se prenden un poco los focos, pues son personas que no sabemos bien a qué grupos obedecen y podemos pensar que no son tan independientes y actúen por consigna”.
La académica, vinculada también a organizaciones que trabajan por el derecho a la información, expuso la necesidad de que el Congreso de Puebla transparente la documentación del proceso para eliminar dudas. “Hasta ayer no eran públicos los acuerdos de las comisiones legislativas, tampoco se han hecho públicos los expedientes de las personas elegidas por los diputados”, dijo.
Para la académica, será difícil que Puebla consiga concluir con todo el procedimiento para instalar su Sistema Estatal Anticorrupción en el plazo definido por la ley para el arranque del Sistema Nacional.
