Empresario denunció fraude hace 6 años y la PGJCDMX apenas va a investigar, obligada por un juez
[contextly_sidebar id=”MHm26pILDAQOxbbp42xFe7JyFUURRlyd”]El empresario José Antonio Negrete Perales acudió en 2011 a la Procuraduría de la Ciudad de México para denunciar un fraude millonario: su socio, en complicidad con un notario ya sancionado, lo despojó de la inmobiliaria que habían fundado, simulando la compra de nuevas acciones y transfiriendo los recursos de la empresa a otra compañía propiedad de sus hijos.
El monto del fraude, según la denuncia, superó los siete millones de pesos.
Pero durante seis años la Procuraduría omitió investigar a fondo el caso y en nueve ocasiones la mandó al archivo o determinó que no habría acusación penal, alegando que no había delito o que ya había prescrito.
Ahora, gracias a una sentencia de amparo dictada por un juez federal y confirmada unánimemente por un Tribunal, la Procuraduría tendrá que investigar, recabar pruebas y consignar quienes resulten responsables. Además de intentar recuperar el dinero, si es que aún es posible.
“Seis años que he tenido que esperar, gastar dinero, batallar e ir a todas las instancias tan solo para que la procuraduría se atreva a investigar este caso. Algo que no han querido hacer por corrupción o negligencia” dijo el empresario.
Entre las autoridades responsables de haber retrasado la investigación por este fraude se encuentra el hoy procurador sustituto Edmundo Garrido, quien incluso intentó revertir el amparo que confirmaba la negligencia del Ministerio Público. Tras la resolución del tribunal tuvo que aceptar la orden judicial y reabrir el caso.
El presunto fraude
En 1991 Negrete constituyó junto con José Manuel Galán Viar la compañía Inmobiliaria Viaper SA de CV, que durante los primeros años de su existencia fructificó. La empresa situada en la colonia Anáhuac se hizo de dos bodegas que llegaron a arrendarse a varias compañías nacionales y trasnacionales.
Con el paso del tiempo, se incorporaron como accionistas los hijos de Galán Viar y la empresa creció. La inmobiliaria adquirió otro inmueble ubicado en la colonia México, en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Pero en junio de 2003 la compañía realizó una asamblea de accionistas a la que no fue convocado Negrete. El objetivo de dicha reunión fue simular que se incrementó el capital de la empresa de 10 mil pesos a un millón 290 mil pesos.
Pero, según la denuncia presentada por Negrete, los recursos invertidos salieron del propio capital de la empresa y se hicieron pasar como nueva inversión.
Peor aún: el dinero se convirtió en un nuevo paquete de acciones “B”. En tanto las acciones “A” por un valor de 10 mil pesos, de las que Negrete era copropietario, quedaron pulverizadas.
“De la noche a la mañana mi participación en la empresa pasó de 35 por ciento a menos de 0.02 por ciento. Prácticamente me sacaron de la empresa a través de una asamblea que fue convocada de forma ilegal” dijo Negrete.
Luego vino el saqueo. Negrete reportó que, por ejemplo, quince días después de la referida asamblea su socio abrió una cuenta bancaria a la que se transfirieron un millón 447 mil pesos de Inmobiliaria Viaper los cuales nunca regresaron. La cuenta se cerró 30 días después.
Otro ejemplo, en septiembre de 2007 se transfirieron dos millones de pesos de la inmobiliaria a una cuenta de la que se desconoce el destino. Además el inmueble que la empresa tenía en Mérida fue traspasado a la compañía Mágaro SA de CV cuyos socios son los hijos de Galán Viar.
Estas y otras operaciones irregulares contaron con el aval del contador Miguel Vera Chávez, quien fungió como comisario de la inmobiliaria y firmó más de 200 cheques que permitieron la salida de los recursos. En octubre de 2005 el Colegio de Contadores Públicos de México determinó expulsar a Vera Chávez de dicha asociación civil tras analizar su actuación en este caso y confirmar que incurrió en actos irregulares y poco éticos.
El 31 de marzo de 2011 el empresario José Antonio Negrete Perales denunció formalmente ante la Procuraduría a su socio José Manuel Galán Viar por el delito de administración fraudulenta con un presunto daño patrimonial superior a los 7 millones 300 mil pesos para el afectado.
Era la segunda vez que lo denunciaba. Previamente ya lo había acusado por otro fraude en el que la Procuraduría sí lo consignó y un juez lo encontró culpable. La sentencia fue de cuatro años de prisión por lo que alcanzó una fianza. Es decir, Galán Viar era reincidente en el mismo delito.
A partir de ahí comenzó el calvario.
Sin justicia expedita
Durante los seis años siguientes a su denuncia, la Procuraduría capitalina intentó hasta en nueve ocasiones cerrar el caso. Argumentaron que no ejercitarían acción penal contra nadie, porque la indagatoria le tocaba a otra procuraduría, o simplemente mandaron el caso al archivo.
En todas las ocasiones Negrete logró detener o revertir dichas decisiones, tras demostrar que no había justificación para que no se procediera en el caso.
La negligencia de la Procuraduría capitalino llegó al punto en que por ejemplo, el 20 de diciembre de 2015, Negrete quiso presentar una prueba de contabilidad, pero en el Ministerio Púbico le dijeron que ya estaban de vacaciones y que lo hiciera en enero. Acto seguido, el 10 de enero de 2016 la Procuraduría intentó cerrar el caso y dictaminó el no ejercicio de la acción penal.
Otro ejemplo. La tarde del 12 de enero de 2015 la Procuraduría envió una notificación a Negrete Perales para que se presentara a las 10 de la mañana del siguiente día en el Ministerio Público. Pero la víctima no vivía en la ciudad por lo que cumplir con el citatorio le fue imposible. Luego de esto la dependencia intentó volver a cerrar el caso.
Finalmente, el 12 de enero de 2016 el Ministerio Público encargado del caso propuso que la averiguación previa fuera cerrada con el argumento de que había prescrito el delito, es decir, que se había vencido el plazo que marca la ley para investigarlo (ocho años).
El Ministerio Público estableció arbitrariamente que el delito se había consumado el día en que Negrete perdió el valor de sus acciones (julio de 2003), sin tomar en cuenta movimientos fraudulentos que se hicieron años después.
En marzo de 2016 el subprocurador Edmundo Garrido aprobó no proceder penalmente y cerrar el caso. Aunque el empresario intentó revertir esta situación, la Procuraduría ya no se movió de su postura.
Por ello, Negrete Perales interpuso en julio de 2016 una demanda de amparo con el argumento de que se le había negado el acceso a la justicia.
Negligencia confirmada
Tras seis meses de proceso, el 8 de diciembre de 2016, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal le dio la razón a Negrete Perales y confirmó que la Procuraduría capitalina había cerrado sin fundamento la averiguación previa.
En la sentencia de amparo, de la que Animal Político tiene copia, se estableció que el fraude denunciado por el empresario era continuo y no había concluido cuando lo sacaron de la empresa como la Procuraduría sostenía.
Pero incluso aun cuando se consideraba que el fraude se cometió solo en julio de 2003, se tendría que haber valorado que en 2007 hubo otro fraude con la salida de recursos de la inmobiliaria de la que Negrete era socio. Este último fraude no había prescrito.
Pese a que la sentencia era clara, el subprocurador Edmundo Garrido intentó revertirla con una apelación. Esto causó otros seis meses perdidos, hasta que un Tribunal Colegiado confirmó de forma irrevocable que la Procuraduría no tenía razón y debía anular la determinación de cerrar la averiguación.
Finalmente el pasado 30 de mayo la Procuraduría ordenó la reapertura de la averiguación previa con lo que ya no hay obstáculo para que, ahora sí, se realicen las investigaciones.
-Parece que ahora ya no hay opción, La procuraduría tiene que investigar – se le pregunta a José Antonio Negrete Perales
-Pero, han pasado seis años sin que haya justicia. Si yo no he dejado de insistir es porque esto es mi patrimonio, mi vida – responde
