Operan más de 5 mil programas sociales con gasto millonario, pero no logran disminuir la pobreza

En los últimos tres años han operado 5 mil 491 programas sociales en el país, pero sin coordinación entre ellos, e incluso 37 están duplicados. De los implementados por el gobierno federal, sólo 83 están enfocados en abatir las carencias sociales y son considerados prioritarios para cumplir con ese objetivo. Esto “dificulta el éxito de la política social”, concluye el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su Informe de evaluación 2016. 

[contextly_sidebar id=”5EuCgG0uGu7fOrrY2r0yEZfIjlXGzm9h”]Esta ineficacia tiene repercusiones: en la última medición de pobreza, en 2014, el número de personas en esa situación había aumentado en 2 millones, mientras que el acceso a la alimentación y condiciones de vivienda tuvo mínimas mejoras en los últimos dos años.

Aunque como parte de la reestructuración programática implementada por la Secretaría de Hacienda entre 2015-2017 hubo una reducción de 36% en el número de programas sociales detectados por el CONEVAL, el presupuesto sólo tuvo una disminución de 12% términos reales, sostiene el CONEVAL en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 publicado este martes 18 de abril.

Muchos programas, poca eficacia

En 2015 el presupuesto asignado a los programas prioritarios representaba 39% del presupuesto total para programas, y para 2016 este porcentaje se incrementó a 69%, similar al presupuesto que se prevé para 2017.

Aunque parezca correcto que el gobierno federal priorice la atención social, el problema está en que los programas que reciben recursos incumplen con el objetivo principal: sacar de la pobreza a la población.

De los programas federales, 152 forman parte del Listado de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2016. Sin embargo, sólo 54% (83) se consideraron prioritarios y los 69 restantes son no prioritarios ya “que no están vinculados directamente al pleno ejercicio de los derechos sociales ni contribuyen a la disminución de las carencias sociales ni al bienestar económico”.

Además, 37 programas “tienen similitud al 100 por ciento con uno o más programas”, ya sea por su diseño, objetivos, identificación de la población atendida y el tipo de operación que realizan.

Esto significa que la intervención gubernamental “ha terminado por fragmentar sus esfuerzos en una serie de acciones desvinculadas que, por tanto, no logran los resultados esperados”, advierte el Consejo Nacional de Evaluación.

Aunque la Cruzada Nacional contra el Hambre surgió como una estrategia para coordinar la estrategia de desarrollo social, tampoco lo logró. Por tanto, una de las recomendaciones hechas por el organismo es mejorar el proceso de coordinación con acciones como eliminar algunas estructuras burocráticas innecesarias o con poca incidencia, y reducir el número de programas que no tienen una contribución directa y significativa.

Además, para tomar decisiones integrales sobre política social, no basta con información sobre montos de inversión o el número de beneficiarios, sino “es fundamental” conocer la contribución específica real que tiene en las carencias cada intervención que forma parte de la Cruzada.

La Sedesol carece de información precisa sobre los beneficiarios, toda vez que la información recabada en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) es incompleta en la ubicación geográfica de la población atendida, no hay heterogeneidad en los datos y la información de beneficiarios, en algunos casos, no coincide.

La pobreza permanece

De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación la pobreza se incrementó entre 2012 y 2014, mientras que la pobreza extrema se redujo en el mismo periodo. El aumento se debió a la reducción del poder adquisitivo de los ingresos, especialmente en zonas urbanas;  la reducción de la pobreza extrema se debió a una combinación en la disminución de carencias sociales a partir de la focalización.

Entre 2014 y 2016 hubo reducción de las carencias sociales debido a una baja inflación en el país. El acceso a la alimentación tuvo una disminución. En 2014, 23% de los mexicanos presentaban esta carencia, mientras que el siguiente año pasó a 21%.

El acceso a la seguridad social es una de las carencias con mayor proporción y ha tenido una ligera reducción al pasar de 58% en 2014 a 56% en 2015.

En tanto, el acceso a los servicios de salud, pasó de 18% en 2014 a 16% en 2015. En rezago educativo hubo una proporción de 18% a 17%, respectivamente, y la calidad en los espacios de vivienda se mantuvo en 12% en ambos años.

Fragilidad económica

Si bien hubo un incremento del poder adquisitivo del ingreso entre 2014 y 2016, con respecto a los dos años anteriores, la principal razón fue la baja inflación, no el aumento salarial; por tanto, ese efecto se puede revertir cuando los precios de los bienes y servicios aumentan mucho más que los ingresos.

Un ejemplo del efecto negativo en la pobreza fue el 2008. Aunque los ingresos laborales se incrementaron en promedio 2.1%, el valor de la canasta alimentaria se incrementó 6.7%, lo cual representó una caída del 4.2 por ciento en el valor real del poder adquisitivo.

La recuperación en el poder adquisitivo podría ser afectada en este año, toda vez que entre los diversos factores que pueden causar un aumento en la inflación está el incremento en el precio de las gasolinas y la depreciación del peso frente al dólar.

Ante el aumento registrado en enero de 2017 de casi 20 por ciento en el precio de las gasolinas se prevé un aumento en los precios de los bienes y servicios y tengan “resultados adversos en la economía de los hogares”.

Si bien en 2016 se acordó un incremento del salario mínimo en 3.9% para 2017, el CONEVAL recomienda monitorear si esta medida será suficiente para afrontar el incremento de la inflación en los primeros meses de 2017, toda vez que repercutiría directamente en los niveles de pobreza.