La organización civil México Evalúa detectó anomalías en la forma en que 12 estados de la República documentaron las cifras de homicidios en los últimos 15 años, motivo por el que propuso la creación de un comité auditor que valide la calidad y la veracidad de las estadísticas delictivas en México.
[contextly_sidebar id=”4gDorzQj2cxzGU67hNUvZl9zxmWfAtC8″]En el informe ‘Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva confiable’, México Evalúa documentó que en Quintana Roo, Tlaxcala, Edomex, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Durango, Nayarit y Colima, se produjeron posibles casos de “reclasificación delictiva”.
¿Y qué significa esta reclasificación delictiva? Que para maquillar a la baja las cifras de asesinatos en estos 12 estados, presuntamente, se habrían clasificado homicidios dolosos –esto es, asesinatos intencionales- como homicidios culposos o involuntarios, como puede ser una muerte por accidente de tráfico o por accidente doméstico.
O en otras palabras: los homicidios culposos estarían ‘absorbiendo’ parte de los asesinatos para reducir la estadística delictiva.
En el Estado de México (Edomex), la investigación detectó posibles anomalías en las cifras de asesinatos en las administraciones de los gobernadores priistas Arturo Montiel, el hoy presidente Enrique Peña Nieto, y el actual gobernador, Eruviel Ávila.
En Veracruz, presuntamente se produjeron alteraciones durante las administraciones de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera y Javier Duarte, actualmente prófugo de la justicia por el caso de las ‘Empresas Fantasma’ que destapó Animal Político.
En Michoacán, durante las pasadas administraciones de Leonel Godoy y Fausto Vallejo; en Hidalgo, durante el mandato de José Olvera; en Jalisco, con Emilio González; y en Guanajuato, con Miguel Márquez, también se detectaron anomalías en las cifras de asesinatos.
En total, de 96 administraciones estudiadas, México Evalúa detectó 31 posibles casos de reclasificación delictiva para rebajar las cifras de asesinatos.
Jonathan Fruszyfer, investigador de México Evalúa, explicó en entrevista con Animal Político que en estos casos detectaron que los homicidios dolosos y culposos crecieron al mismo ritmo durante un espacio de tiempo prolongado, a pesar de que ambos son delitos muy diferentes.
“Son delitos independientes el uno del otro. Y por eso suponemos que una política para reducir el homicidio culposo, por ejemplo, no debería afectar en nada la incidencia del doloso y viceversa”, expuso el académico.
“Por ello –añadió-, no deberíamos esperar una correlación positiva y significativa entre estos dos delitos a través del tiempo a nivel estatal. Sin embargo, en 31 de 96 administraciones estudiadas se encontró que así sucedió. Por lo que para nosotros es evidente que hay algo raro en la manera en cómo se están clasificando ambos delitos en esos estados”.
No obstante, Fryszyfer también matizó que con estos datos no se puede asegurar 100% que hubo una manipulación intencional de las estadísticas, como tampoco se puede asegurar la ausencia de ésta en el resto de entidades.
“Sin embargo, los resultados de este modelo pueden usarse para identificar los estados donde sería recomendable llevar a cabo evaluaciones de calidad de la información sobre homicidios que las procuradurías estatales envían todos los meses al Sistema Nacional de Seguridad Pública”, resaltó el académico.
Cabe recordar que en junio de 2015, Animal Político publicó que el estado de Michoacán borró sin ofrecer una explicación oficial hasta 400 delitos de alto impacto de sus estadísticas delictivas de 2014, entre homicidios (125 culposos y 34 dolosos), secuestros (21), extorsiones (49), robos con violencia (81) y robos de vehículos (90).
Mientras que Veracruz ‘olvidó’ reportar 299 homicidios dolosos que habían ocurrido en 2013. Con ello, las cifras registradas en la entidad aumentaron en 53%, con lo que las averiguaciones por homicidio doloso se elevaron de 537 a 836 para el periodo 2013.
En la nota publicada en abril de 2014, el analista Alejandro Hope dijo que esta variación en las cifras reflejaba “una inestabilidad” de las estadísticas.
El hecho de que se modifiquen las cifras, indicó Hope, cambia cualquier base de comparación, “por ejemplo Veracruz reportó en un principio que tenía 48 mil averiguaciones previas en el 2013, y luego en el nuevo informe del Secretariado detalló que en realidad fueron 72 mil, lo que significa que hubo 24 mil delitos que se cometieron, que se denunciaron y que no se reportaron en su momento”.
En este contexto, la investigación de México Evalúa propuso un diálogo entre la sociedad civil y las autoridades para crear un comité que sea independiente del Gobierno, para que audite y valide la calidad y veracidad de las estadísticas delictivas del fuero común.
Entre las funciones de este Comité Auditor estaría la de vigilar y supervisar la integridad de los controles internos de las procuradurías/fiscalías estatales, así como validar la calidad y transparencia de sus registros delictivos, revisar el proceso de divulgación de los resultados, y monitorear posibles actos de manipulación de datos.
Y para cumplir con estas funciones, México Evalúa planteó que se construya un marco legal para institucionalizar el Comité Auditor; esto, para que las entidades federativas estén obligadas a permitir el acceso e intercambio de información con este Comité.
Además de este Comité, la organización civil también hizo un llamado para que se dé capacitación a los agentes de los ministerios públicos, funcionarios de procuradurías y fiscalías estatales, para fomentar la calidad y veracidad de las estadísticas delictivas.