El Senado avala la reforma para agilizar la revalidación de estudios de migrantes
El Senado avaló este martes diferentes cambios a la Ley General de Educación, para agilizar el proceso de revalidación de estudios, enfocándose en el caso de que la política antiinmigrante del presidente Donald Trump pueda aumentar el número de jóvenes que regresen a territorio mexicano, tras vivir en Estados Unidos.
[contextly_sidebar id=”85uB3hUJbMS5j6yJZ7dvzbtgnFC12F2V”]La iniciativa de reforma a la Ley General de Educación fue enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 1 de febrero con la premisa “preferente”, es decir, para ser votada en un plazo de 30 días.
Los legisladores hicieron diferentes agregados, respecto al documento enviado por el mandatario, incorporando puntos de vista de académicos y organizaciones civiles.
El dictamen fue aprobado por la Cámara Alta con 107 votos a favor y uno en contra, y fue turnado a la Cámara de Diputados, para continuar el proceso legislativo.
Entre otros puntos, el Senado aprobó “regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por el Sistema Educativo Nacional”.
En otro punto se establece que “las autoridades educativas podrán autorizar o delegar, según sea el caso, que las instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios y las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida”.
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios, aprobaron los senadores, deberán ser registradas en un Sistema de Información y Gestión Educativa.
“Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos”, se lee en el dictamen.
“Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales”, se agrega en el documento.
Los senadores aprobaron un punto donde se señala que se garantizará el acceso a la educación básica y media superior, “aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad”.
Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos, indica el dictamen.
“Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional”, aprobó la Cámara Alta.
“Las revalidaciones y equivalencia otorgadas en términos del presente artículo tendrán validez en toda la República”.
El senador Manuel Bartlett, del PT, votó en contra al señalar que en la iniciativa no se haga alusión a los deportados de manera precisa, “sino a una generalidad” de migrantes.
“Para nosotros, el verdadero objetivo de la reforma es permitir que los particulares –universidades privadas- autoricen la validación de estudios en la educación superior. Es decir, privatizar el procedimiento de validación o convalidación de estudios”, dijo Bartlett.
En tanto el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, dijo que la iniciativa hará justicia a diferentes sectores.
“A los becarios, a los refugiados, a los asilados, a los migrantes nacionales que van desde Chiapas al norte del País o en cualquier dirección, a los centroamericanos, a los que vienen de Canadá y de Estados Unidos y, sobre todo, a cualquier persona que encuentra en México su necesidad para revalidar estudios en el extranjero”, dijo Romero Hicks, de acuerdo con Reforma.
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