Elementos de la Marina violaron los derechos humanos de una familia por la detención arbitraria, el cateo ilegal y la tortura de un hombre, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
[contextly_sidebar id=”3Hc0zY5aLcPai885AnCxpoeEF7OwEmS5″]La comisión emitió una recomendación por los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, el 14 de noviembre del 2014.
Según la CNDH, elementos del Ejército Nacional y de la SEMAR entraron al hogar de la víctima, lo golpearon y amenazaron. También su esposa fue golpeada.
Luego subieron al hombre a una camioneta blanca y le pidieron que les indicara dónde vivían personas de las que le mostraron en fotografías, al no obtener la información que buscaban, los elementos de la Marina lo trasladaron a una casa donde lo torturaron, amenazaron, golpearon e insultaron. Le quemaron y arrancaron la piel de las plantas de sus pies.
Nueve horas después de su detención, después de pasar por la tortura física y psicológica, fue llevado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.
Las investigaciones de la CNDH demostraron que no había elementos del Ejército Nacional involucrados y que los responsables eran de la Secretaría de Marina.
A dos años de que la esposa del hombre interpusiera la queja dirigida a la CNDH, la Comisión solicitó al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón que haga la reparación integral del daño al hombre, su esposa y sus tres hijos que también presentaron el hecho.
Esta reparación incluye atención médica y psicológica y la inclusión dentro del Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso a derechos y beneficios en términos de la Ley General de Víctimas.
La Secretaría de Marina deberá colaborar en la investigación y en el seguimiento de la queja que la CNDH presentará a la Inspección y Contraloría General de Marina contra los agentes que violentaron al sinaloense.
Además la Comisión Nacional de Derechos Humanos también le pidió a la Secretaría de Marina que capacite a sus agentes en materia de derechos humanos y que elabore un protocolo para que sus elementos empleen operativos con cámaras de fotografía y vídeo.