Niño de 10 años con hiperactividad gana amparo para regresar a la escuela (que lo dio de baja)
Un niño de 10 años –que fue dado de baja de su escuela en Yucatán tras ser diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)– ganó un amparo para regresar a clases y que las autoridades escolares propongan un plan educativo orientado a sus necesidades.
La madre del menor interpuso el amparo con el argumento de que el niño sufrió el “rechazo generalizado de compañeros, padres de familia y maestros, pues no se comprendió ni se atendió adecuadamente el padecimiento que tiene”.
[contextly_sidebar id=”wO59DKs2czOXsIAhHSNbhvPXffvZNdnK”]Ante este hecho, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, René Rubio Escobar, le concedió al menor el amparo 358/2016, “para garantizar el derecho humano a la educación sin discriminación, así como en observancia al interés superior del menor”, informó el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado.
El amparo concedido al menor se otorgó en virtud de que, tanto en los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución y en precedentes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece que los niños con necesidades educativas especiales deben ser incluidos “apropiadamente en la educación regular, y lograr que ejerzan su derecho a la educación básica sin discriminación por razón de su padecimiento”.
A pesar de que las autoridades educativas manifestaron que la madre del menor aceptó que el niño fuera inscrito en otra escuela debido a “la problemática social que enfrentaba en su comunidad”, ahora tendrán que elaborar un diagnóstico de la situación del menor, considerando que padece TDAH, para proponer un plan de trabajo educativo “orientado a lograr su inclusión adecuada a la comunidad educativa a la que pertenece”, donde se establezcan las acciones que se llevarán a cabo la directora de la escuela y los maestros.
Además, las autoridades escolares tendrán que contemplar la intervención de un psicólogo especializado para asistir su educación.
La sentencia de amparo estimó que “la baja fue injustificada, pues además de no constar el consentimiento válido de la madre para dar de baja al menor, no se realizaron las adecuaciones necesarias para atender su padecimiento y lograr su inclusión en la comunidad educativa.
