Cincuenta demandas de amparo promovidas contra el gasolinazo fueron desechadas por un juez federal este viernes 27 de enero.
[contextly_sidebar id=”0SWbuQqEF7XBmu4AiAiSb1Ec3BZGSBSc”]El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa negó los amparos argumentando que no son “la vía idónea para analizar políticas públicas de los Poderes de la Unión”.
“No corresponde al juzgado federal imponer una obligación a los expendedores de gasolina”, informó el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado. Agregó que “esa es una decisión regulatoria discrecional que corresponde a las autoridades rectoras de la economía nacional”.
De acuerdo con la sentencia, para el Poder Judicial no es jurídicamente factible ordenar a las autoridades responsables, que son el Congreso de la Unión o el presidente, legislar nuevamente en materia económica y de política pública y rediseñar un nuevo esquema de fijación de precios, debido al esquema de división de poderes.
El 1 de enero comenzó la liberalización de precios de los combustibles en el país, por lo que las gasolinas tuvieron un incremento promedio del 20%.
Debido a esta medida, ciudadanos se movilizaron en diversas protestas, donde incluso hubo saqueos a tiendas departamentales de varios estados del país.
Otros ciudadanos, como el abogado José Óscar Valdés y el consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Manuel Granados, promovieron amparos y llamaron a otras personas a sumarse a su iniciativa.
Sin embargo, de acuerdo con el criterio del juzgado federal, los amparos que se promuevan contra el ‘gasolinazo’ resultan improcedentes, porque “no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias”.