Las mujeres que decidan abortar en Texas, Estados Unidos, a partir del próximo 19 de diciembre, deberán realizar un funeral de los restos fetales –es decir, enterrarlos o incinerarlos–, sin importar el periodo de gestación.
[contextly_sidebar id=”mOqf2G4TTlVzzLqwlnLhfYZ9kAZLhMd2″]“Forzar a una mujer a pagar por un entierro después de interrumpir su embarazo o sufrir un aborto no solo es absurdo, es una carga innecesaria y una intromisión en sus creencias personales”, indicó David Brown, asesor legal del Centro por los Derechos Reproductivos, de acuerdo con un reporte del diario Texas Tribune.
La aprobación de esta medida –que implica que los restos fetales sean cremados o enterrados en lugar de eliminados en vertederos sanitarios– fue aprobada el lunes pasado, tras meses de discusión entre defensores del derecho a decidir y de la comunidad médica.
Autoridades precisaron que esa medida –firmada por el gobernador republicano Greg Abbott– no aplica para los abortos involuntarios o aquellos que ocurren en casa.
Defensores del derecho de abortar en Estados Unidos presentaron demandas en tres estados contra leyes que restringen el procedimiento.
La organización Planned Parenthood y grupos aliados presentaron sus demandas en North Carolina, Missouri y Alaska.
“Lucharemos estado por estado, ley por ley, hasta que todos tengan el derecho de vivir la vida como quieran, inclusive el derecho a poner fin a un embarazo”, dijo Raegan McDonald-Mosley, directora de asuntos médicos de Planned Parenthood.
McDonald-Mosley estuvo acompañada en una teleconferencia por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y del Centro para los Derechos Reproductivos, que participan en el litigio.
Dijeron que la campaña es para aprovechar el impulso de una decisión de la Corte Suprema hace unos meses que derogó una serie de restricciones al aborto en Texas.
Las leyes que están siendo objetadas en Missouri son similares a las que fueron contrarrestadas en Texas. Estas exigen que las clínicas para abortos cumplan con los requisitos de centros quirúrgicos y que sus médicos cuenten con credenciales para admitir pacientes en los hospitales del área.
Debido en parte a esas leyes, queda sólo una clínica de abortos en Missouri.
Las demandas también son en contra de:
—Restricciones en Alaska, aprobadas hace más de 40 años, que prohíben abortos en centros de salud ambulatorios después del primer trimestre de embarazo. Los abogados denuncian que ello obliga a muchas mujeres a realizar largos viajes para terminar embarazos ya entrados en el segundo trimestre.
—Una ley de North Carolina que le prohíbe a los médicos practicar abortos después de la 20ma semana de embarazo a excepción de casos de emergencia. La ACLU denuncia que ello obliga a los médicos a abstenerse de practicar abortos en casos de embarazos peligrosos, y esperar a que el embarazo entre en una fase en que es una amenaza inminente a la salud de la mujer.
“Una mujer tiene que tener el derecho de tomar las decisiones pertinentes a su salud en cualquier fase de su embarazo, sea cual sea la circunstancia, incluyendo si poner fin al embarazo, sin la injerencia de los políticos”, declaró Irena Como, abogada de la ACLU en North Carolina.
Las demandas surgen en momentos en que los activistas temen que habrá renovados esfuerzos para limitar el derecho de la mujer a decidir, tanto a nivel estatal como federal, a la luz de la victoria de los republicanos en las elecciones.