Solo 3 de cada 100 ataques sexuales en México se castigan
[contextly_sidebar id=”w9MJgoMihM6mAmpBye4XS0bWbKtLVail”]Una persona en México puede atacar sexualmente a otra prácticamente con la seguridad de que no habrá consecuencias. De cada 100 agresiones que se perpetran, solamente seis llegan a ser denunciadas por las víctimas y de esas ni la mitad terminan consignadas por las procuradurías.
¿Cuál es la razón detrás de esto? Un diagnóstico sobre violencia sexual en el país a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) evidencia fallas estructurales que van desde la pobre detección oportuna de los casos, hasta deficiencias en los registros, diferencias entre los estados sobre los tipos y gravedad de los delitos, y una mala atención y seguimiento de las víctimas.
Según proyecciones hechas por la CEAV a partir de las encuestas de victimización del INEGI, de 2010 a 2015 se habrían cometido más de dos millones 900 mil ataques sexuales en el país, pero el 94 por ciento ni siquiera fueron denunciados.
La Comisión solicitó a las procuradurías de los estados el número de averiguaciones previas por delitos sexuales en este mismo periodo. Solo la mitad respondió y la cifra fue de 83 mil expedientes, un mínimo del universo de casos proyectados que se cometieron.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas proporcionó a Animal Político el documento completo del diagnóstico y a partir del mismo, se presentan las cinco principales fallas descubiertas por los investigadores, queque los casos no sean atendidos o denunciados:
Caos en códigos penales
En México los delitos sexuales no se miden con la misma vara. Esto se debe a que no existe una ley homologada o general para este tipo de ilícitos, por lo que cada estado define a su criterio en su código penal que sanciones se aplican e incluso, si algún tipo de agresión se castiga o no.
Por ejemplo, hay tres códigos penales, el de Zacatecas, Tamaulipas y el Federal, que para sancionar el hostigamiento sexual piden como requisito que haya un daño o perjuicio comprobable, lo que debería ser irrelevante (según el análisis) pues dicho ilícito atenta contra la libertad y seguridad sexual, sin que necesariamente llegue a perderse.
Hay estados como Baja California, Campeche, Durango y Sonora, que dejan de castigar el estupro (relación sexual con un menor) si el agresor contrae matrimonio con la víctima, lo que los especialistas consideran que “legaliza la prolongación de la lesión al bien jurídico (la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual) que debía tutelar el tipo penal”.
Otro caso que ejemplifica el desorden en la legislación es el delito de violación el cual debería castigarse igual en los estados dada la gravedad que conlleva.
La realidad es distinta. Resulta que la violación impropia (utilizar un objeto para penetrar a la víctima) en estados como Aguascalientes, Nayarit Oaxaca y Sinaloa se considera un delito más grave que la violación propia (copular con la víctima contra su voluntad), mientras que en otros estados como Durango, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas, se le considera menos grave.
Además de confusión hay duplicidad dentro de los mismos códigos. Por ejemplo el estado de México, Nayarit y Coahuila contemplan una pena para el feminicidio si la víctima es violada, y otra pena para la violación si la víctima muere, aunque en los hechos el resultado es el mismo.
Hay más. Todos los códigos prevén el aborto luego de una violación como libre de responsabilidad pero, según el análisis, la mayoría de estas leyes son omisas en determinar requisitos, tiempos y autoridades responsables de dar la autorización.
Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí, son las únicas entidades donde las violaciones no prescriben, es decir, donde no hay un límite de tiempo para que se indague el delito y castigue al responsable.
Diagnósticos oficiales incompletos
Para conocer la gravedad de una enfermedad y establecer el tratamiento adecuado, hay que contar con un diagnóstico confiable. De esa elemental herramienta carecen las instituciones en México.
El estudio de la Comisión de Víctimas concluyó que existe un desorden generalizado en el registro de los casos de violencia sexual. Cada dependencia, ya sea de justicia, de salud, de atención social o de derechos humanos, registra arbitrariamente la información sobre las víctimas, las características del evento ocurrido y los servicios brindados.
Por supuesto esto impide contar con información homologada que facilite un análisis y diagnóstico.
Por citar algunos ejemplos, cada procuraría del país tiene formatos distintos para el registro de los casos; hay instituciones de salud que no cuentan con información del número y edad de mujeres víctimas de violación que recibieron anticonceptivos de emergencia; 14 comisiones estatales de Derechos Humanos no tienen información sistematizada; 20 secretarías del trabajo de plano no cuentan ni con una base de datos.
Incluso, las propias delegaciones estatales de la CEAV tienen distintas formas de registrar los datos, y no poseen una contabilidad de los casos que canalizan a otras instituciones.
“A pesar de existir normas y –en algunos casos – formatos para el registro de información sobre las víctimas de violencia, sobre las prácticas o delitos, sobre los servicios brindados y/o sobre las presuntas personas agresoras, resulta evidente que en términos generales cada dependencia registra las variables que considera relevantes y lo hace de manera distinta, considerando diferentes rangos, periodos y tipo de información” dice el estudio.
Pocos casos resueltos
Una de las causas que desincentiva la denuncia son los escasos resultados en los casos que “si se investigan”, por lo menos en teoría.
Si bien las procuradurías de los estados (que si proporcionaron información) indicaron que de 2010 a 2015 se iniciaron más de 80 mil averiguaciones por delitos de tipo sexual, solamente 29 mil terminaron consignadas ante un juez.
Esto quiere decir, según el diagnóstico, que 50 mil casos se quedaron en los escritorios de los fiscales sin que por alguna razón se terminara procediendo en contra de los probables responsables.
“En las entrevistas realizadas, el personal de los Tribunales Superiores de Justicia reconoció que son pocos los casos de violencia sexual que son consignados y sentenciados. Sin embargo, desconocen los motivos por los que los casos “no llegan” a los Tribunales, lo que denota una falta de coordinación y comunicación entre los organismos de procuración y de impartición de justicia” indica el diagnóstico.
Nula detección en trabajos y escuelas
La escuela y el trabajo son sitios en los cuales se presenta múltiples formas de agresiones sexuales, desde el acoso y hostigamiento hasta violaciones, pero los sistemas de detección en México son ineficientes.
En el tema laboral, solamente las secretarías de trabajo de Chihuahua, Distrito Federal, Querétaro y Tlaxcala enviaron al Comité de Violencia Sexual de la CEAV información relacionada con personas atendidas por posibles ataque sexuales y el total de casos fue de apenas 422, cantidad marginal respecto al universo de miles de casos que se proyecta que ocurren. De las otras 28 entidades no hay registro de atenciones.
En cuanto al ámbito escolar, solo las las secretarías de Educación de nueve entidades (Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas) además de la secretaría de Seguridad Pública Federal, contaron con información: apenas 736 casos de violencia sexual atendidos en cinco años.
“La escasa información brindada por las secretarías de educación y trabajo evidencia que las acciones de detección de la violencia sexual en los ámbitos laboral y docente son débiles o nulas. En el ámbito docente la atención parece estar concentrada en la detección y atención del bullying, sin que siquiera se reflexione sobre las prácticas de violencia sexual que están implicadas en el acoso escolar. En el ámbito laboral, igualmente, el tema de la violencia sexual no está colocado en la agenda” indica el análisis.
Servicios de salud deficientes
El diagnóstico analizó la atención integral que se da a las personas víctimas de agresiones sexuales y encontró deficiencias.
De una muestra de casi 30 mil casos atendidos en las distintas secretarías de Salud del país se descubrió que en el 51.4 por ciento de ellos, es decir poco más de la mitad, el personal a cargo no notificó al Ministerio Público de la agresión ocurrida, pese que existían evidencia de la violencia física o psicológica.
De hecho en el 71 por ciento de los casos las personas, luego de recibir la atención médica correspondiente, fueron enviados directamente a su domicilio, lo que significa que menos de la tercera parte fueron canalizados a otros servicios de atención o asesoría. Solamente el diez por ciento fueron canalizados a unidades especializadas en atención de violencia.
Se trata de una deficiencia importante, indica el estudio, ya que aunque el Estado llega a conocer de casos a través de una de sus instituciones, en este caso la secretarías de Salud, no hay ni siquiera el interés el seguimiento de los casos. Solo se da la asistencia médica.
A esto hay que agregar la falta de registros de salud sobre casos de agresiones de tipo sexual que existe por lo menos en una cuarta parte del país. Esto luego de que los analistas solicitaron los referidos datos a las entidades, pero solamente 22 contaron con la información disponible y la proporcionaron.
