Declaran alerta de género para cinco municipios de Nuevo Léon
El gobierno de Nuevo León declaró alerta de género en cinco municipios de esa entidad.
De acuerdo con un comunicado difundido este viernes 18 de noviembre, la administración de Jaime Rodríguez votó a favor de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey.
[contextly_sidebar id=”iiwloQrR2XthlD2fZWbNSLACA4aQds0H”]La declaratoria de la alerta es respuesta a una solicitud presentada hace cuatro años por la asociación Arthemisas por la Equidad, detalló el comunicado.
Al presentar la solicitud para la alerta de género, la organización documentó que 548 mujeres y niñas murieron de manera violenta en Nuevo León entre 2000 y 2011, con un incremento del 689.30% en el número de mujeres asesinadas en ese mismo periodo, de 28 a 221.
“Esta es una alerta que no debió politizarse, que dejó vulnerables por cuatro años a las mujeres de Nuevo León”, dijo la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Yamilett Orduña, al aprobarse la activación del mecanismo durante una sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Violencia, realizada este viernes en la Ciudad de México.
La funcionaria agregó que “Hoy como Gobierno debemos de excavar en los escombros de las malas prácticas de un sistema que no actuó con inmediatez, cuando la alerta debió ser declarada hace 4 años. Llevamos años de retraso y hoy estamos actuando a alta velocidad porque no queremos ni una menos en Nuevo León”.
Según el comunicado el gobierno estatal, que cita datos del Inegi, Nuevo León se encuentra por debajo de la media nacional en homicidios de mujeres, con 1.13 casos por cada 100 mil habitantes.
Las recomendaciones emitidas para la entidad fueron: garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres; medidas de revisión, supervisión y sanciones a los encargados de la procuración de justicia, y revisión de protocolos de investigación con perspectiva de género y derechos humanos.
La Alerta de Violencia de Género es un conjunto de acciones de emergencia implementadas por un gobierno para enfrentar y acabar con la violencia feminicida. Contempla desde protocolos de investigación sobre feminicidios hasta programas de prevención y reformas para eliminar la desigualdad en la legislación y política pública que atentan contra los derechos humanos de mujeres y niñas.
