La Clave Única de Identidad, comprometida hace cuatro años en el Pacto por México y asumida como prioridad por todos los partidos y por el presidente Enrique Peña Nieto, no será una realidad en 2017 ni en ninguna otra fecha a corto plazo.
[contextly_sidebar id=”aUVkmpK7hniOdb8AbFcUAWLPTamGczML”]El motivo es que no hay un diseño definido ni dinero para materializarla, aunque según organizaciones de la sociedad civil tampoco existe voluntad política.
El objetivo de esta clave -que originalmente fue planteada como una cédula y luego reducida a un registro- era dar a los mexicanos una identidad oficial como ciudadanos desde el nacimiento, lo que ayudaría a prevenir que una persona quedará indefensa jurídicamente y fuera víctima de otros delitos como robo de identidad.
“Es algo que se ha implementado en países incluso mucho más grandes que México como en la India, donde más de mil millones de habitantes cuentan con este registro pleno” dijo María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común que ha impulsado la creación de esta clave única.
Pero en México no se ha logrado completar el diseño de cómo sería la clave y menos se ha comenzado a implementar. El presidente Enrique Peña Nieto, anunció ayer que no hay ajustes presupuestales que permitan hacerlo posible al menos en el corto plazo.
Ante ese panorama Causa en Común solicitó al presidente un nuevo pacto relacionado con temas de seguridad y con alcance transexenal, en donde se planten bases reales para la creación e esta cédula y de otros temas enfocados en el tema de seguridad y desarrollo policial.
El Pacto por México, firmado en el 2013 por el presidente y los dirigentes de los principales partidos políticos del país, estableció 95 compromisos que se consideraron vitales para el desarrollo del país.
El compromiso número 33 fue la Creación de una Cédula de Identidad Ciudadana la cual permitiría “garantizar el derecho a la identidad ciudadana” sin sesgos políticos ni electorales.
La creación de esta cédula se había planteado desde el sexenio del presidente Felipe Calderón e incluso se invirtieron más de dos mil millones de pesos en un proyecto piloto que comenzaría con cédulas para los menores de edad, pero en la actual administración se decidió desechar esa opción e iniciar de cero.
De acuerdo con el cronograma establecido en los acuerdos del Pacto por México, el plan era que para el segundo semestre de 2013 se presentarán las reformas legales que resultaran necesarias para hacer posible la cédula de identidad.
La implementación de la referida cédula debía –según el mismo cronograma- comenzar en el primer semestre de 2014 con el objetivo de que en 2018 concluyera el registro de los más de 110 millones de mexicanos.
Pero en 2015 nada de lo anterior se había cumplido. La Organización Causa en Común en coordinación con el IMCO, plantearon entonces al gobierno que el proyecto se convirtiera en una “Clave Única de Identidad”. Esto es pasar de la idea de una especie de credencial a un registro digital, lo que reduciría los costos.
“Esta clave permitiría la identificación plena de una persona desde los cero años, al incorporar datos biométricos a los registros de población ya existentes, lo que brindará certeza de que no haya duplicidad de registros ni identidades falsas, y permitirá combatir delitos graves como robos de infantes” señaló Causa en Común.
En noviembre de 2015 durante el Cuarto Foro Nacional Sumemos Causas, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a materializar la clave única propuesta por las organizaciones sociales.
El año pasado el gobierno realizó el evento denominado “Hacia la Clave Única de Identidad” en el cual se anunció la interconexión de las bases de datos de actas de nacimiento, y se anunció la depuración de 60 millones de registros del CURP que estaban duplicados. Todo lo anterior como pasos previos para poner en marcha la clave única.
Previo a la realización del Quinto Foro Nacional Sumemos Causas, la posición oficial del gobierno federal era que se estaba “analizando la viabilidad financiera” de este proyecto, de acuerdo con un documento entregado por la presidencia.
“Se necesita del trabajo legislativo y la aprobación de un presupuesto sustancial” advertía el referido documento.
En su intervención ya en la inauguración del foro, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no hay recursos económicos disponibles que permitan materializar la Clave Única de Identidad en lo que queda de este año ni en el próximo. Incluso, señaló que tampoco están seguros de cómo debe ser su diseño.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 no incluye ninguna partida especial para la Clave Única de Identidad.
El presidente Peña Nieto se comprometió a que daría instrucciones al Secretario de Gobernación para “trabajar en el diseño y andamiaje” de la clave única, pero no hubo ninguna fecha respecto a su posible materialización.
En entrevista con Animal Político, María Elena Morera agradeció la “sinceridad” del presidente Peña Nieto respecto a este tema de los recursos insuficientes, pero dijo que la inexistencia de una clave única también ha sido resultado de una falta de voluntad y consenso político.
“Me dijo (el presidente) que para la clave única no hay dinero y agradezco la sinceridad pero además de dinero hay una diferencia política entre los mismos actores que decían que se instrumentara ene l INE y otros que tendría que ser en Gobernación. Entonces más bien fue una diferencia política en el gabinete presidencial y entonces ahora si no hay dinero”, dijo Morera.
La presidenta Causa en Común dijo que dada la situación actual, será relevante que por lo menos se consiga en los dos años del actual sexenio conciliar un diseño definitivo respecto a la clave única para que esta pueda implementarse en cuanto haya viabilidad financiera.
María Elena Morera propuso al presidente Enrique Peña Nieto que en los dos años que le quedan de su administración se logre, con el apoyo de la sociedad civil, acordar un nuevo pacto pero enfocado en la seguridad jurídica y pública de los ciudadanos.
Explicó que además del tema de la clave única, el país atraviesa un repunte de violencia que hace urgente generar una agenda de cambios en las áreas de seguridad. En específico identificó siete acciones que resultan claves:
1. Convertir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en una instancia de coordinación técnica que de seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
2. Disposiciones legales y administrativas para determinar con total certeza el uso de los recursos, así como aplicar un mecanismo transparente de sanciones e incentivos.
3. Crear un Consejo Técnico de Participación Ciudadana que vigile el ejercicio de los recursos y los lineamientos de transformación institucional.
4. Impulsar el desarrollo policial, homologar las capacidades profesionales e institucionales de las policías y fiscalías de todo el país.
5. Dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico en tareas de seguridad pública al tiempo que se proyecta su retiro paulatino.
6. Atender el deterioro en que se encuentran los centros penitenciarios del país.
7. Abrir mesas de trabajo para que academia, sociedad civil, legisladores y gobierno diseñen con seriedad una Fiscalía que sí sirva a los mexicanos y que el Sistema Nacional Anticorrupción.
Sobre la propuesta el presidente Enrique Peña Nieto aceptó que es necesaria la creación de una agenda para definir una “política de Estado” que sea transexenal.