Juntos Podemos recibe dinero del gobierno pese a que su director fue inhabilitado por 10 años
Jorge Santibáñez Romellón, director ejecutivo de la iniciativa Juntos Podemos, fue sancionado económicamente, destituido e inhabilitado por 10 años para ocupar un cargo público, tras comprobarse que como presidente del Colegio de la Frontera Norte (Colef) incurrió en un acto de abuso de autoridad.
[contextly_sidebar id=”Jxr1GLvYkqR5XLTJ1Ai5pcxiDPdLtoQZ”]El COLEF informó que la triple sanción de Santibáñez, así como la inhabilitación impuesta a dos de sus más cercanos colaboradores, la estableció la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La denuncia se originó luego que los directivos del COLEF detectaran que el expresidente, entre los años de 1998 y 2006, presuntamente contrató una línea telefónica y de internet para su casa, cuyo costo fue cargado a la institución; en el caso de sus excolaboradores fueron sancionados por el cobro de cheques de personal que ya no trabajaba en el Colegio.
Según la página de servidores públicos sancionados por la SFP, el director de Juntos Podemos, iniciativa que ha recibido del gobierno mexicano por lo menos 901 millones de pesos y que es presidida de manera honoraria por la excandidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, fue destituido e inhabilitado el 22 de enero de 2014 y sancionado económicamente por 428 mil 860 pesos.
Emilio Estrada, vocero de la SFP, informó que tras las sanciones impuestas a Santibañez, este impugnó la decisión de la Secretaría, por lo que actualmente el caso se encuentra ante un tribunal.
La falta cometida por Santibañez; sin embargo, sigue vigente en tanto el tribunal no diga lo contrario, confirmó la SFP.
Una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que Juntos Podemos –iniciativa que opera en Estados Unidos y que es impulsada por las organizaciones AEM-USA Foundation, Parent’s Alliance, Latinos Together, Siempre México y Juntos en Salud- ha recibido recursos del erario mexicano por 901 millones de pesos en los años 2015 y 2016.
El dinero proviene de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), según ha reconocido la propia dependencia, y ha sido entregado a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).
Ley prohíbe convenios con funcionarios inhabilitados
Como director ejecutivo de Juntos Podemos, iniciativa que busca promover el bienestar de los mexicanos en Estados Unidos y su vinculación con México, Jorge Santibáñez se encarga de dirigir el proyecto, así que tiene injerencia directa en los contratos económicos que celebran con beneficiarios y donantes.
Según la sección de rendición de cuentas de la iniciativa, en cuya página web reconocen recibir recursos de organizaciones, iniciativa privada y diversos gobiernos en México, el único donante en dos años ha sido el gobierno mexicano, a través de sus áreas consulares en los Estados Unidos.
En por lo menos dos diferentes entrevistas, una con MVS y otra con el periodista Salvador Camarena, Jorge Santibáñez, reconoció que él mismo cabildeó ante dependencias federales mexicanas los fondos para Juntos Podemos.
Eso ocurre a pesar de que la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos en México, en el apartado XX del artículo 8, obliga a los funcionarios públicos en funciones a abstenerse de celebrar contratos por “prestación de servicios de cualquier naturaleza” con personas inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
“Es una persecución política”
Entrevistado telefónicamente, Jorge Santibañez aseguró que la denuncia que originó su inhabilitación como servidor público es “una persecución” por parte de un grupo político allegado al expresidente Felipe Calderón y que, según su dicho, impulsó a Tonatiuh Guillén López, su sucesor en el cargo, como presidente del COLEF.
Aseguró que la acusación, por la cual la SFP lo inhabilitó por 10 años, “es un asunto totalmente improcedente”, porque la sanción llegó en diciembre de 2011 (en la página de la SFP se menciona que fue en 2014), cinco años después de que él dejara la presidencia del COLEF.
“El asunto es porque me transferían llamadas a mi casa. De hecho lo que ellos establecen como responsabilidad es de 200 mil pesos, es una vacilada. Es un tema de persecución política… porque había una diferencia con las autoridades que escogieron a quien ocupó la presidencia del COLEF”.
¿La acusación es por instalar una línea telefónica en su casa con cargo al COLEF?, se le cuestionó.
“Eso nunca lo han podido demostrar. Todas las instancias me han dado la razón. Ha habido 5 o 6 instancias y nunca han podido demostrar nada; incluso en este momento está impugnada (la sanción) por un tema de forma, no por un tema de fondo, ellos nunca han podido demostrar que yo pedí o autorice esa línea”.
No sólo eso. Según Santibáñez la acusación señalaba que la línea telefónica estuvo instalada en su casa hasta el 2009, cuando él vendió la propiedad en 2007.
Dos excolaboardores inhabilitados
El COLEF informó que dos excolaboradores cercanos a Santibáñez fueron sancionados económicamente e inhabilitados para ocupar un cargo público.
Es el caso de Vanessa Minjarez Cano, asistente de Santibáñez, así como José Francisco Barraza Jiménez, quienes, de acuerdo con la página de la SFP, fueron inhabilitados por 15 y 10 años, respectivamente, por “violaciones de leyes y normatividad presupuestal”.
Vanessa Minjarez recibió una sanción económica por 3 millones 509 mil 248 pesos y José Francisco por 976 mil 247 pesos.
Los exfuncionarios fueron denunciados por el órgano interno del COLEF por el cobro de cheques de personas que ya no laboraban en la institución; ambos exfuncionarios mantienen vigentes las sanciones impuestas.
Al respecto, Jorge Santibáñez aseguró que las acusaciones contra sus excolaboradores también son parte de la misma “persecución política” que provocó su inhabilitación.
“No” hay irregularidad
Sobre los recursos recibidos del gobierno mexicano, Santibáñez negó que incurra en una irregularidad por obtener dinero del erario a través organizaciones vinculadas a la iniciativa Juntos Podemos, cuando él cuenta con una inhabilitación por 10 años de la SFP.
Tajante respondió: “La inhabilitación fue como funcionario público federal algo que no soy… Yo deje de ser funcionario público en el 2010 (entre 2007 y 2010 trabajó en la Secretaría de Educación Pública) y la inhabilitación llegó en el 2011”.
