Paga Gobierno de Guanajuato sobreprecio de 318 millones de pesos en terrenos para Toyota
[contextly_sidebar id=”h5rfP93TcvoO1MkJ8cdOPXtWjsc03Nam”]Dos decretos de expropiación confirmaron que el gobierno de Guanajuato pagó 318 millones de pesos de sobreprecio por 294 hectáreas, que fueron regaladas a la empresa automotriz Toyota para que se instalara en esa entidad.
El pasado 9 y 10 de junio, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el gobierno guanajuatense, que encabeza el panista Miguel Márquez, había pagado 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones.
El sobreprecio pagado con fondos públicos —según la investigación, en la que consultaron avalúos particulares— fue de 290 millones de pesos.
Sin embargo, dos decretos de expropiación publicados el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación permiten establecer que el exceso en el pago fue superior, fue de 318 millones.
En esos decretos, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) determinó que el precio promedio por hectárea en dos ejidos donde se construirá una planta de Toyota es de 568 mil pesos, mientras que el gobierno de Guanajuato pagó por tierras de idénticas características, el triple: 1 millón 636 mil por hectárea.
En la investigación publicada hace tres meses por Animal Político, Mexicanos Contra la Corrupción difundió los avalúos bancarios realizados por peritos de ABC Capital, que determinaron que el precio por hectárea en el citado ejido era de 650 mil pesos. Estos avalúos se realizaron en agosto de 2015, y a los dos meses el gobierno de Guanajuato pagó el triple.
Al precio establecido por el INDAABIN, el gobierno de Guanajuato debió pagar 166 millones de pesos por las 294 hectáreas que regaló a Toyota, y no los 481 millones que desembolsó entre 2014 y 2015.
Los decretos
En un primer decreto, fechado el 1 de septiembre de 2016 y firmado por el presidente Enrique Peña Nieto se ordena expropiar 112.39 hectáreas en el ejido Caleras de Ameche, del municipio guanajuatense de Apaseo el Grande, para destinarlo al desarrollo de industria, en concreto para la instalación de la planta de Toyota.
El decreto menciona que valuadores del INDAABIN realizaron un estudio de campo en el lugar y establecieron en 554 mil 131 pesos el valor comercial de cada hectárea, por lo que el monto de la indemnización que deberá cubrir el gobierno de Guanajuato por las 112 hectáreas es de 62 millones 284 mil pesos.
El segundo decreto se realizó para la expropiar 4.57 hectáreas del ejido La Norita, también de Apaseo el Grande.
En este caso, el valor comercial por hectárea se fijó en 583 mil pesos.
Estas expropiaciones se realizaron para crear reservas territoriales y áreas para el desarrollo de la industria.
Pagan mejor a intermediarios
Con base en los avalúos contenidos en los dos decretos de expropiación, el gobierno de Guanajuato ahora deberá indemnizar a 20 ejidatarios a una tercera parte del precio que la administración panista había pagado a finales de 2015 a la empresa intermediaria JAOS & SGB, formada por exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y otros socios.
El 14 de diciembre de 2015, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, había expropiado 8.17 hectáreas a JAOS & SGB en una comunidad del municipio de Apaseo el Grande. En promedio, pagó en 145.5 pesos el metro cuadrado.
Antes, en otras transacciones realizadas entre 2014 y 2015, la intermediaria había vendido al gobierno en 161 pesos el metro cuadrado de predios que había comprado a menor precio a campesinos.
En contraste, a los ejidatarios que esta semana les expropiaron sus predios, el gobierno de Guanajuato les pagará 57 pesos por metro cuadrado: una tercera parte de lo que le pagó a JAOS & SGB.
Los exfuncionarios
La empresa que sirvió como intermediaria del gobierno de Guanajuato para la compra de terrenos tiene las iniciales de dos exfuncionarios en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa: José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes trabajaron como directivos en la Procuraduría Agraria.
Santiago Germán Bordes fue uno de los negociadores en la compra de 12 parcelas a ejidatarios, las cuales luego revendió al gobierno de Guanajuato.
Además, es consejero, apoderado legal y socio de la empresa JAOS & SGB, que fungió como intermediaria.
Mientras que José Antonio Ortega Serrano (JAOS) fue coordinador de programas interinstitucionales en la Procuraduría Agraria en el sexenio de Calderón, y durante el gobierno de Vicente Fox fue director de área en el Registro Agrario Nacional.
JAOS & SGB fue constituida en Monterrey el 13 de junio de 2014, y a los 25 días sus representantes ya habían concretado las primeras adquisiciones de predios en el ejido Caleras de Ameche, los cuales luego revendieron al gobierno de Guanajuato.
El dueño casi único de JAOS & SGB es José María Garza Treviño, empresario inmobiliario de Monterrey, que tiene participación en los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.
| 554 mil pesos | Avalúo publicado esta semana, en decreto presidencial. |
| 650 mil pesos | Avalúo bancario ordenado por empresa intermediaria en agosto de 2015. |
| 1 millón 636 mil pesos | Precio que pagó el gobierno de Guanajuato. |
| 166 Millones de pesos | según avalúo de INDAABIN. |
| 481 Millones de pesos | precio al que pagó el gobierno de Guanajuato. |
