Fiscalía Anticorrupción de NL pedirá 12 años de cárcel para el ex gobernador Medina: Canales
La fiscalía anticorrupción de Nuevo León pedirá una pena de 12 años de cárcel para el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, acusado de firmar y autorizar un convenio con la automotriz KIA Motors, con el cual presuntamente se dieron incentivos fiscales ilegales a la armadora automotriz a cambio de hacer una millonaria inversión en la entidad, informó el titular de la dependencia, Ernesto Canales.
[contextly_sidebar id=”PNoFamidoC6hyW1ZnBb9Zgq538zJfcKy”]Entrevistado por Animal Político, el Fiscal comentó que cuentan con las pruebas suficientes que ubican al exgobernador como el responsable de causar un daño patrimonial al estado que asciende a tres mil 683 millones 504 mil pesos, acusación por la cual el pasado martes un juez decidió iniciar un juicio penal en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
“El gobernador comprometió al estado para otorgar incentivos por encima de lo que la ley le permitía. La ley limitaba los incentivos sobre impuesto de trabajadores a un término de 5 años y un porcentaje de 95 por ciento y en este convenio el gobierno se compromete a otorgarlo por 20 años y por el cien por ciento”, dijo Canales.
Durante la audiencia del martes en Monterrey, a la que acudió el ex gobernador, el juez decidió no someter a proceso penal a Medina por dos de los tres delitos que la fiscalía anticorrupción le imputaba –peculado y daño patrimonial – debido a que no encontró pruebas suficientes que permitieran presumir que el ex funcionario incurrió en esos ilícitos.
Fue por eso que el fiscal Canales anunció que impugnarían la decisión del juez, pues considera que tienen suficientes elementos contra Medina.
En la audiencia, la defensa de Medina encabezada por el abogado Adolfo Aguilar Zinser argumentó que el convenio con KIA fue escrito originalmente en inglés, por lo cual acusaron a la fiscalía de traducirlo mal, debido a que se omitió que en el gobernador solo firmó como testigo de honor. Además, dijeron que el incentivo fiscal estaba condicionado a la aprobación del Congreso.
El juez desestimó lo señalado por la defensa y consideró que la documentación de la fiscalía acreditaba la participación de Medina, pero sólo en lo que respecta al delito de ejercicio indebido del servicio público.
Por ese motivo el abogado de Medina hizo público ayer que buscarán interponer una demanda de amparo en contra de la decisión del juez de iniciar un juicio contra su cliente, pues consideran que la evidencia de la fiscalía no era suficiente.
De acuerdo con el código penal de Nuevo León, el delito de ejercicio indebido del servicio público alcanza una pena que va de tres meses a doce años de prisión. El fiscal Canales dijo que ellos aportarán las pruebas suficientes que a su consideración, debido al monto del daño y al supuesto dolo con el que se actuó, derivaría en la pena más alta para Medina.
Peculado: no procesado
El delito de peculado, según el artículo 217 del Código Penal de Nuevo León, lo comete el servidor público que indebidamente utilice recursos públicos o los desvíe con toda intención de su finalidad original.
Durante la audiencia del martes, la fiscalía presentó ante el juez tres testimonios de exfuncionarios de la administración de Medina los cuales señalan al exgobernador de haberlos instruidos a hacer todo lo necesario para cerrar el trato irregular con KIA. Uno fue el del exsecretario de Desarrollo Económico Rolando Zubirán; el segundo del exdirector del Fideicomiso que facilitó la instalación de la planta, Francisco Livas Cantú, y el tercero no se reveló su nombre.
“Estos personas participaron en asambleas y reconocen la instrucciones del exgobernador de que realizaran todo lo necesario para lograr la inversión de KIA. De manera que había un conocimiento pleno del gobernador de otorgar estos incentivos, y que se estaban tomando medidas que no estaban en la ley”, indicó el fiscal Canales.
La defensa de Medina contra argumentó en la audiencia que se trataba de dichos de terceros que no acreditaban una inducción del exgobernador para cometer actos ilícitos ni desviar dinero. El juez les dio la razón, y consideró que aun cuando el delito de peculado pudo existir, esta evidencia no era suficiente para acreditar que Medina estuviera relacionado con esos hechos.
Canales explicó en entrevista que están estudiando apelar esta determinación usando como prueba los referidos testimonios que se encuentran asentados en actas de asambleas. Pero además argumentarán que estas mismas declaraciones fueron aceptadas por otro juez que si vinculó a proceso al extesorero de Nuevo León Rodolfo Gómez Acosta.
“El otro juez en el caso del tesorero si lo consideró suficiente con la misma evidencia y los mismos hechos. De ahí pensamos que puede ser objeto de revisión, estamos analizando la mejor manera de hacerlo”, dijo Canales.
Daño patrimonial: no procesado
Como consecuencia directa del presunto peculado, la Fiscalía acusó ante el juez a Medina de cometer un daño patrimonial al estado. Según el artículo 211 del Código Penal de Nuevo León, esto ocurre cuando un servidor público que tiene a su cargo dinero del erario, les da una aplicación distinta a su finalidad o incurre en pagos ilegales.
El juez de control coincidió con la defensa respecto a que la presunta intención dolosa de Medina de hacer mal uso del dinero público para favorecer la instalación de la planta de KIA no quedaba acreditada con las pruebas presentadas por los fiscales.
Canales dijo que este argumento se contrapone con el del juez de control que si procesó al extesorero de Nuevo León por daño patrimonial. Es la misma contradicción que ocurre con el peculado.
Explicó que estos elementos los harían valer en el amparo si finalmente se opta por ese recurso, pero insistió en que también se encuentra valorando otro camino que sería fortalecer la acusación para después presentarla ante el juez de control.
“Si Medina no hubiera permitido que esto ocurriera no habría ningún daño al erario. Esa es la teoría del crimen. Esto no se acaba con que se negara la vinculación, vamos a analizar cuál es la mejor opción”.
¿Y los otros casos?
La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León tiene en integración otras averiguaciones previas distintas a la del caso de la armadora KIA en contra del exgobernador Rodrigo Medina, que según Canales serán consignadas tan pronto termine la integración de la evidencia.
“La Fiscalía ha recibido diferentes denuncias de conductas de Medina que son consideradas como posibles constitutivas de delito. Son casos distintos al de KIA pero igualmente importantes. El caso Metrorrey, Monterrey 6, el sistema de autopistas del estado, Ecovias y otros más que en su momento cuando consideremos que hay elementos suficientes lo presentaremos a vinculación” dijo.
En esos casos se presume que la administración de Medina operó licitaciones y adquisiciones irregulares con sobreprecios de materiales incluidos.
De acuerdo con fuentes de la fiscalía, los nuevos expedientes en contra de Medina y exfuncionarios se estarán presentando ante el juez antes de noviembre.
