Ciudadanos que impulsan la Ley 3de3 y que han participado en los diálogos para darle vida al Sistema Nacional Anticorrupción, plantearon este jueves 28 de abril que los legisladores tengan un periodo extraordinario, ya que consideran que la propuesta presentada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista (PVEM) está incompleta.
[contextly_sidebar id=”Pp5s6p8dZPmswZqnuj5W2rtgZbGFnrWP”]Eduardo Bohórquez, enlace de las organizaciones sociales, indicó en un comunicado que el paquete legislativo planteado por los senadores Pablo Escudero y Raúl Cervantes “incluye solamente cinco de las siete reformas que consideramos indispensables” para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere con eficacia.
“Aunque estamos de acuerdo con el contenido sustantivo de los proyectos presentados, es nuestra opinión que el Poder Legislativo debe completar esta tarea con las reformas faltantes en materia penal. Estimamos imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción”, se lee en el mensaje de Bohórquez.
“Sin esos dos cambios adicionales, el Sistema nacería incompleto y este esfuerzo sería insuficiente. Respetuosamente, los llamamos a evitar que las reformas penales, que constituyen una pieza fundamental en el diseño del Sistema, queden excluidas del debate legislativo en curso”, agrega.
Las organizaciones sociales pidieron a los legisladores no descartar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones (el periodo ordinario termina el 30 de abril), con el propósito explícito de desahogar el proceso legislativo.
“Como ustedes saben, el plazo constitucional que está corriendo en la materia es todavía suficiente para completar las siete reformas mencionadas, con los mejores contenidos y el mayor consenso posibles”, apuntaron.
Este jueves, PRI y PVEM presentaron su propuesta para el Sistema Nacional Anticorrupción, en la que obligan a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, pero sin que sean públicas.
De acuerdo al proyecto de Ley de Responsabilidades Administrativas por los senadores Raúl Cervantes del PRI y Pablo Escudero del Verde, los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial; de intereses y su declaración fiscal anual.
Pero a diferencia de lo que proponía la iniciativa ley 3de3 de que todas las declaraciones debían ser públicas, en el proyecto del PRI-PVEM dependerá del servidor hacer públicos todos los datos de su declaración.
“Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”, dice el proyecto de ley en su artículo 29.
Aquí puedes consultar el documento completo, con la respuesta de los ciudadanos: