Integrar una “lista negra” casi nunca se lo toma uno como una buena noticia, pero si la misma es creada por un organismo gubernamental estadounidense, la situación es aún peor. Pues tres países de América Latina acaban de aparecer en uno de estos rankings negativos, al tiempo que una nación logró salir.
La Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR) publicó este miércoles su “Reporte Especial 301” sobre las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y patentes a nivel mundial en temas tan variados como las películas pirata y las licencias farmacéuticas.
El informe incluye una “lista negra” con los 11 países que más piratean y una lista secundaria con aquellos 25 “a vigilar”.
En este contexto, tres países de América Latina aparecieron en la “lista negra”: Argentina, Chile y Venezuela.
Ecuador, que había estado en esa categoría el año pasado, consiguió salir, pero igualmente apareció en la clasficiación secundaria junto a otros 10 países de América Latina y el Caribe:Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Jamaica, México y Perú.
El “Reporte Especial 301” no conlleva sanciones por parte de EE.UU., pero supone un llamado de atención para que los países designados aumenten su esfuerzos en la lucha contra la piratería. Aunque no estén de acuerdo.
Si bien el informe de la USTR reconoce que en 2015 Chile dio pasos para “reducir los tiempos de registro de las patentes, el incremento en las acciones de protección intelectual” y el descenso de “la tasa de uso de software sin licencia”, igual mantiene al país en su “lista negra”.
Entre otros motivos, se mencionan los decodificadores pirata, aparatos de bajo costo que permiten el acceso a canales de cable y satelitales incluso en alta definición.
Tras conocerse el reporte, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería de Chile publicó un comunicado oficial diciendo que supone una visión “unilateral” del derecho de la propiedad intelectual en el país.
Según la Cancillería chilena, a lo largo de los últimos años, el país ha creado un “sistema de propiedad intelectual balanceado entre los intereses de los creadores y la sociedad en su conjunto“, que cumple con “el doble objetivo de fomentar la innovación y garantizar el debido acceso al conocimiento, la cultura y los medicamentos a toda la población”.
“Argentina sigue presentando un número de deficiencias conocidas y de larga data en la protección de los derechos de propiedad intelectual”, indica el informe.
USTR destaca, por ejemplo, la falta de adecuada protección en patentes farmacéuticas, biotecnológicas y químicos agropecuarios, y destaca el crecimiento de la feria La Salada, en Buenos Aires, que ofrece “productos falsificados y pirateados”.
Incluso llega a decir: “Mientras que la piratería de CD con derechos de autor está muy extendida, la piratería en internet es una preocupación creciente. Las tasas de piratería de internet se aproximan al 100% en varias áreas de contenido“.
Fernando Tomeo, abogado argentino especializado en derecho y nuevas tecnologías, reconoció que la ley de propiedad intelectual del país es “muy antigua”.
Creada en 1933, la legislación actual requiere de “una reforma que contemple las nuevas tecnologías de la información”, dijo a BBC Mundo.
Sin embargo, Tomeo considera que las autoridades, la policía y los jueces “han investigado y puesto fin” a los grandes proveedores de contenidos ilegales en internet con sede en Argentina, como Cuevana y antes Taringa.
Entre los tres países en la “lista negra”, Venezuela se lleva la peor parte.
Su permanencia en el ranking se debe a la ausencia de “esfuerzos aparentes” y la “falta de un sistema efectivo” para hacer frente a la extendida piratería y falsificación existente en el país, indica el “Reporte Especial 301”.
En particular, el informe resalta la “ambigüedad legal” respecto a patentes farmacéuticas, la aprobación de marcas “similares o casi idénticas” a marcas ya registradas e incluso la proyección de películas piratas en cines, entre otros ejemplos.
En cambio, Ecuador consiguió salir de la “lista negra” y pasar a la secundaria.
“Aunque la protección de los derechos sigue siendo débil (incluidos los mercados como el de La Bahía en Guayaquil), las reformas en el código penal en 2015 que restauró algunos procedimientos y sanciones penales contra la falsificación y piratería a escala comercial, así como la voluntad de Ecuador para colaborar con EEUU son pasos positivos”, señala el informe.