“Me sentí como un prisionero”, dijo Lula tras declarar por un caso de corrupción
[contextly_sidebar id=”DilTcaGasUaH2vhyYfk7TgloFru3xvI7″]La policía brasileña interrogó el viernes al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y dos de sus hijos al tiempo que allanó su vivienda y otros inmuebles vinculados con su familia, lo que dejó a la figura más influyente de la política brasileña más cerca de quedar implicado en el caso de corrupción centrado en el gigante petrolero Petrobras.
El portavoz de Silva, Jose Crispiniano, confirmó la presencia de agentes en direcciones propiedad de Silva, incluyendo su residencia en Sao Bernardo do Campo, un suburbio de Sao Paulo, y en la sede de su ONG, el Instituto Lula. Silva habló con investigadores en la comisaría de la policía federal en el aeropuerto paulista de Congonhas durante unas cuatro horas, agregó el vocero.
Crispiniano dijo que la policía actuó en base a una orden judicial para que Silva preste declaración dentro de una investigación en marcha por presunta corrupción por valor de miles de millones de dólares en Petrobras.
“Me sentí como un prisionero esta mañana”, dijo Lula da Silva, “Yo creo que merezco más respeto que esto”.
La red noticiosa O Globo publicó imágenes de agentes en torno a un edificio que identificaron como el apartamento de Sao Bernardo do Campo, y añadió que también había policía en una casa relacionada con uno de sus hijos. Las imágenes también mostraron enfrentamientos entre seguidores y detractores de Silva en la calle frente a la vivienda.
Silva, un exdirigente sindical, era uno de los gobernantes más venerados de la historia de Brasil cuando dejó el cargo en 2010 y lo entregó a su sucesora escogida, Dilma Rousseff.
El Partido de los Trabajadores de Silva reaccionó con un furia, señalando en un tuit que “todos debemos reaccionar ya”, con el hashtag “LulaPresoPolítico”.
Con la orden de comparecencia a Silva, la investigación se aproxima a Rousseff, aunque los otrora aliados estrechos se han distanciado visiblemente en los últimos meses.
Rousseff no ha sido acusada en la investigación, pero enfrenta un juicio político en el Congreso por el presunto uso de los fondos estatales de pensión para cerrar déficit presupuestarios. Rousseff lo niega.
En un comunicado en su cibersitio, la policía dijo estar ejecutando 44 órdenes judiciales que forman parte de la llamada investigación “Autolavado”.
Aunque no ofreció detalles sobre las identidades de los investigados, el comunicado explicó que algunas de las operaciones se estaban llevando a cabo en la ciudad costera de Guarujá y en la localidad rural de Atibaia.
Se cree que Silva tiene viviendas en ambos lugares, y los pesquisas investigan informaciones que apuntan a que podrían haber sido remodeladas por empresas constructoras implicadas en el escándalo de Petrobras, que ya ha salpicado a importantes empresarios y políticos tanto del gobernante Partido de los Trabajadores como de la oposición.
Silva y su esposa Marisa debían declarar ante los investigadores sobre el caso, pero sus abogados dijeron que no lo harían y la comparecencia fue cancelada.
El jueves, la Corte Suprema de Brasil votó de manera unánime para admitir los cargos de corrupción en contra de Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y figura clave de la oposición a la presidenta Dilma Rousseff.
Los fiscales dicen que empresarios pagaron más de 2.000 millones de dólares en sobornos para obtener contratos de Petrobras. También han dicho que parte de los fondos llegaron al Partido de los Trabajadores y otros partidos.
La semana pasada, Silva rechazó insinuaciones de corrupción, y acusó a la prensa y la oposición de difundir “mentiras, filtraciones y acusaciones de criminalidad”.
Silva, tornero en una fábrica metalúrgica que llegó a la política a través del sindicalismo, aparecía como representante del hombre humilde, y llegó al puesto más alto en un país donde la política siempre ha sido dominada por una elite. Durante sus dos períodos, de 2003 a 2010, presidió un gran crecimiento económico con reducción de la desigualdad, y decenas de millones de pobres ascendieron a la clase media.
A pesar de un escándalo de venta de votos que provocó la caída de su jefe de gabinete, Silva gozaba de niveles récord de popularidad al entregar el poder. Su sucesora escogida, Rousseff, ganó por amplia mayoría y se consideraba que él tenía un papel orientador en su gobierno.
La popularidad de ambos cayó a pique cuando Brasil se vio sumido en la recesión más grave en varias décadas, al tiempo que Autolavado implicaba a influyentes legisladores del PT. Los índices de popularidad de Rousseff han mejorado últimamente.
Christianne Machiavelli, vocera del juez Sergio Moro, quien encabeza la investigación “Autolavado” en Petrobras, dijo que se le permite a Silva prestar declaración en cualquier sede de la policía federal en todo el país y que no se le llevará a la sede de Moro en Curitiba.
