[contextly_sidebar id=”R6NaFzq1fU4EAMmdIMiYfX2gCXY7kynV”]La Procuraduría General de la República (PGR) recibió este lunes 24 de agosto el expediente de averiguación previa, relacionado con los hechos ocurridos el 22 de mayo pasado en el municipio de Ecuandureo, Michoacán, del cual declinó la competencia la Procuraduría de Justicia del Estado, el pasado 21 de agosto.
Tras recibir el expediente, la titular de la PGR, Arely Gómez González, ordenó iniciar de inmediato el análisis de dicho caso.
“Para ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) deberá agotar todas las líneas de investigación, en las que se incluyan, además, otras diligencias. Al mismo tiempo, se invita a la ciudadanía a aportar elementos que permitan esclarecer los hechos ocurridos”, indica un comunicado emitido la noche de este lunes.
De acuerdo con la Procuraduría de Michoacán, 42 civiles murieron el pasado 22 de mayo luego de un enfrentamiento con fuerzas federales ocurrido en el interior del “Rancho de El Sol”.
La PGJE detalló que en el expediente del caso constan pruebas periciales especializadas en medicina forense, criminalística, balística, química, incendios y explosivos; dactiloscopía, planimetría, mecánica de hechos, genética, fotografía, inspección ocular, ingeniería y reconstrucción de hechos.
“Con este acuerdo de incompetencia, será el Ministerio Público de la Federación quien continuará con la investigación en el marco de sus atribuciones y facultades”, concluyó la dependencia estatal.
Los 42 civiles —presuntamente armados— que murieron al interior de ese predio de 112 hectáreas, ubicado a 40 kilómetros de la ciudad de Zamora, han sido relacionados por las autoridades federales como integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se ha extendido a Michoacán, Colima, Guanajuato y recientemente al Distrito Federal.
Al menos 39 de los muertos a tiros, eran originarios de Ocotlán, Jalisco, uno del municipio de Tala y los otros dos de Michoacán, de los cuáles, uno de ellos, Antonio Gutiérrez Quiroz, de 46 años de edad y nacido en el municipio de Uruapan, tenía apenas unas semanas de haber abandonado el penal de Ario de Rosales, luego de purgar una condena de 15 años por el delito de secuestro.