[contextly_sidebar id=”KdNpqCplKpb23dwGGcuYBBDoWJZ8Rys7″]Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatlie, el menor asesinado por la policía de Puebla en el desalojo del 9 de julio de 2014, y Araceli Bautista, madre del presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes, presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue la acción policial y el ocultamiento del equipo que se utilizó en aquella ocasión, señalando como responsable al exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.
El exfuncionario presentó su renuncia ayer 28 de julio al gobierno que encabeza el panista Rafael Moreno Valle luego de ser vinculado con una banda de ladrones de gasolina que recibía protección del director de la policía estatal, Marco Antonio Estrada López, y de Tomás Mendoza Lozano, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
De acuerdo con un boletín oficial, el exfuncionario “manifestó que decidió separarse del cargo con la finalidad de que las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado, sobre los hechos acontecidos el 15 de julio en el municipio de Tepeaca, queden esclarecidas”.
Se ocultó el armamento
En entrevista, Alejandro del Castillo, abogado que acompaña el caso, sostuvo que en las investigaciones que han realizado las autoridades poblanas se omitió informar sobre todo el equipo que utilizaron los policías estatales al confrontarse con los pobladores de Chalchihuapan, quienes se manifestaban contra el retiro de la facultad del Registro Civil en su comunidad.
“Sólo han hablado del uso de gases para disolver la marcha, pero la SSP y su titular, (Facundo Rosas), omitieron declarar sobre el uso de un helicóptero que sobrevoló la zona y desde donde se arrojaron proyectiles contra los manifestantes. Estamos pidiendo que se abra una averiguación previa, por el ocultamiento del uso de esos proyectiles”.
El documento, explicó el abogado, se entregó este miércoles 29 de julio pasado el mediodía en las oficinas de la PGR ubicadas en la avenida Reforma, en el Distrito Federal.
Por su parte, y de acuerdo con el diario La Jornada, la demanda está dirigida a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, para que ella tome directamente cartas en el asunto.