Inacción del INEE ante la suspensión de evaluación docente, motivo de juicio político
[contextly_sidebar id=”yhG05LovAl5wXXSUiz6tcKcjaUpF4Kps”]Luego de la cancelación de las evaluaciones docentes por parte de la SEP, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) tiene la facultad legal para interponer un recurso de inconstitucionalidad que permita continuar con los exámenes al magisterio, pero de no hacerlo, los consejeros podrían ser sujetos de juicio político.
Así lo advierten siete organizaciones civiles que hicieron un “llamado a la cordura” para que el gobierno federal rectifique su decisión “ilegal” de suspender las evaluaciones docentes que están previstas en la ley.
María Marván, representante de Transparencia Mexicana, explicó que “es claro que el camino del INEE para defender su autonomía es la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de no hacerlo, los comisionados podrían ser sujetos de juicio político”.
En conferencia de prensa, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Francisco Ibarra, advirtió que la Federación invadió las facultades del INEE al cancelar las evaluaciones docentes, por lo que el organismo autónomo tiene “plena facultad” para interponer el recurso de inconstitucionalidad.
En conferencia de prensa, detallaron que las reformas constitucionales establecen que el INEE sería el organismo encargado de establecer el calendario y los procesos de evaluación, pero si el Ejecutivo pasar por encima de la ley, el INEE, no tendría razón de ser.
“Representa un desafía al INEE, cuya junta enfrenta el reto de demostrar que la autonomía es una potestad que se ejerce. Esperamos que se defienda ante la Corte el derecho a la calidad de la educación”, dijo Marco Fernández, investigador de México Evalúa.
David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, advirtió que la decisión unilateral de la SEP está “acercando” y comparando al gobierno de Enrique Peña Nieto con la forma de hacer política en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo.
Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), aseguró que esta decisión “está poniendo en riesgo no solo la reforma educativa, sino todas las reformas estructurales”.
