[contextly_sidebar id=”bBQ8Ofmb8lOGcAy600OILmTLqMArPA99″]La Secretaría de la Función Pública (SFP) puso en operación cuatro de las ocho medidas encomendadas por el presidente Enrique Peña Nieto para prevenir la corrupción y evitar conflictos de interés.
Éstas son las medidas:
*Aplicación de nuevas reglas para la declaración patrimonial del presidente de la República, secretarios de Estado, procuradora General de la República, el Consejero Jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados.
Todos los funcionarios estarán obligados a reportar el nombre del último vendedor de los inmuebles que declaren, lo que también aplicará en su caso al cónyuge o dependientes económicos de los funcionarios.
El formato estará disponible a partir del 1 de mayo para que los servidores públicos cumplan con su obligación a más tardar el 31 del mismo mes a través del sistema Declaranet.
*Un protocolo que los servidores públicos deberán seguir para las contrataciones públicas.
Se reglamenta qué deben hacer los funcionarios cuando establezcan contacto con particulares en el otorgamiento y prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluyendo las transacciones comerciales internacionales.
“En cumplimiento a las disposiciones de transparencia, la propuesta de protocolo se publicará en el portal de la SFP, durante veinte días hábiles, a partir de esta fecha”, señaló la dependencia en un comunicado.
*Creación del Registro de Servidores Públicos que intervienen en contrataciones que se difundirá a través de un portal electrónico.
La información registrada por las dependencias en esta herramienta corresponde al periodo del 1 al 15 de abril y se actualizará quincenalmente. A la fecha, están registrados 16 mil 109 servidores públicos adscritos a 261 instituciones.
*Se actualizó y se mejoró el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, referente a personas físicas y morales sancionadas por la Secretaría y por los Órganos Internos de Control de cada dependencia entre el 14 de octubre de 2004 y el 27 de abril de 2015. El total de proveedores sancionados asciende a mil 504.
En febrero pasado, casi tres meses después del primer señalamiento de conflicto de interés en el gobierno de Enrique Peña Nieto –por una propiedad que Angélica Rivera compró a la contratista gubernamental Grupo Higa–, el Presidente de México pidió que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigara a su esposa, a él y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien también compró una casa a la misma empresa y a una tasa de interés preferencial.
Ese día, el mandatario federal nombró y tomó protesta a Virgilio Andrade como el nuevo titular de la SFP. Él será la persona que está a cargo de la investigación que solicitó para descartar el conflicto de interés.
Asimismo, presentó acciones ejecutivas para combatir la corrupción, pese a que defendió que “en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico”. De estas ocho acciones ejecutivas, hoy cuatro se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.