El Ministerio Público falla en registrar arraigos, se aprueban más de los que se solicitan
Las autoridades del país no tienen certeza sobre cuántas personas han sido arraigadas desde 2009. Cifras oficiales del Poder Judicial y de la Procuraduría General de la República (PGR) muestran que la diferencia entre las órdenes de arraigo solicitadas y las concedidas es de 11 mil. Es decir, se aprueban mucho más de las que se piden.
“Los datos obtenidos demuestran la falta de controles para el arraigo, ya que no es posible que las órdenes de arraigo solicitadas sean menores a las órdenes de arraigo concedidas. En tal sentido, se puede concluir que la falta de control sobre las órdenes solicitadas viene del Ministerio Público, lo cual es incongruente al estar la persona arraigada bajo su vigilancia durante ese periodo”, concluye el informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal” del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia.
Las cifras disponibles indican que de 2009 y hasta junio de 2014, la PGR solicitó 2 mil 952 órdenes de arraigo. Pero en ese mismo periodo, el Poder Judicial autorizó y concedió 14 mil 523.
La diferencia de 11 mil 571 sólo se puede explicar porque la Procuraduría no tiene control o registro de todas las solicitudes de arraigo que inició y que ejerció, según el Observatorio Ciudadano.
El arraigo es una medida privativa de la libertad que se utiliza durante una investigación para detener a una persona aunque no esté acusada de algún delito pero se sospeche de su vínculo con éste.
Según los datos que cita el informe, las órdenes de arraigo concedidas se dieron en el contexto de 29 delitos pero algunos son conceptos tan vagos que no es posible definir el presunto vínculo con delincuencia organizada, el único supuesto en el que se puede solicitar el arraigo.
Por ejemplo, desde 2009 se han autorizado 17 órdenes de arraigo por “delitos cometidos por servidores públicos” sin dar detalles de en qué consistieron éstos; 28 órdenes por delitos contra la economía pública; o 869 más por delitos en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.
Pero las irregularidades respecto a cómo se solicita y autoriza el arraigo también incluye presuntas faltas “contra la moral y buenas costumbres” y delitos forestales y ambientales, sin que se precise el vínculo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que rige esta figura de prisión preventiva.
El mismo Poder Judicial de la Federación confirmó que en los últimos cinco años existen mil 555 órdenes de arraigo en los que “no se indica” el delito al que presuntamente tiene vínculo la persona arraigada.
“El arraigo y la detención con control judicial afectan derechos humanos, además, son contrarios a los principios del sistema penal acusatorio, puesto que se vulnera la presunción de inocencia. La finalidad del arraigo es detener a la persona a fin de investigarla por un delito, sin que la autoridad responsable de la investigación cuente con elementos suficientes para presuponer la responsabilidad, ni la relación que ésta pueda tener con el crimen que se busca esclarecer”, detalla el Observatorio Ciudadano tras enlistar las fallas en los registros oficiales sobre cuántas personas han sido arraigadas en México y por qué motivos.
Según la ley, el Poder Judicial es el que tiene la facultad de autorizar el arraigo tras una solicitud del Ministerio Público. Sólo prevé el supuesto de delitos de delincuencia organizada y define que se puede extender hasta 40 días, con una prórroga de hasta 80 más.
Es obligación del Ministerio Público tener un registro de arraigados y acreditar que el arraigo es necesario para el éxito de la investigación en curso, la protección de personas o de bienes jurídicos o que existe riesgo fundado de que el inculpado escape.
El Observatorio detalla que hay otros datos que sustentan el argumento de que las autoridades abusan de la figura del arraigo: en el 55% de los casos se solicitó una ampliación del plazo de detención previsto en la ley; y en el periodo 2008-2011 sólo el 3.2% de los arraigados había obtenido una sentencia condenatoria.
“Mecanismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos han reconocido que durante el tiempo que las personas están expuestas al arraigo se propicia la práctica de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras violaciones a derechos humanos”, alerta el Observatorio Ciudadano en el informe.
Los datos de PGR indican que 9 mil 761 personas han sido arraigadas en el Centro Federal de Arraigos de 2008 a junio de 2014.
En ese periodo, los arraigos correspondieron a delitos “de mayor incidencia delictiva” como: contra la salud (3 mil 719 personas); secuestro (2 mil 082 personas); terrorismo, acopio y tráfico de armas (mil 408 personas); tráfico de menores, personas y órganos (327 personas); asalto y robo de vehículo (446 personas) y operaciones con recursos de procedencia ilícita (493 personas).
