[contextly_sidebar id=”7C0ZFD3XaZzIVLyv6ps5zqOiB3vO704v”]La entrega de presupuestos millonarios a los estados a través del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB) no se ve reflejado en la calidad educativa, según advierte la Cuenta Pública 2013 en las auditorías realizadas por entidad.
Animal Político utilizó el Índice de Desempeño Educativo Incluyente, elaborado por la organización Mexicanos Primero, para identificar a los estados con los menores estándares de calidad educativo y así revisar cómo distribuyen los recursos federales según el reporte de la Cuenta Pública 2013.
De acuerdo con el Índice, Oaxaca y Michoacán se encuentran en una categoría denominada “falla grave”, mientras que Guerrero tiene un desempeño “muy bajo” y Tamaulipas y Baja California, “bajo” en las dimensiones analizadas: aprendizaje, eficacia, permanencia, profesionalización docente, supervisión y participación.
Aunque son entidades con carencias de calidad y en algunos casos (Oaxaca, Michoacán y Guerrero) tienen altos índices de población en rezago, los recursos no los ejercen para disminuir la desigualdad en los servicios educativos, sino en pagos a personal que ni siquiera está frente a grupo.
Al revisar las auditorías de las cinco entidades se presume un “daño al erario” por 3 mil 100 millones 923 mil pesos, debido a pagos irregulares a comisionados sindicales, gubernamentales, escuelas inexistentes, bonos y acuerdos no autorizados entre los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
De ahí que la Auditoría Superior concluye que los recursos se aplicaron de manera “irregular”, por lo que se incumple el objetivo del Fondo es la “atención de necesidades de educación básica, inicial, indígena, especial y normal, así como los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional de maestros”.
A continuación mostramos el resultado de las auditorías realizadas a las cinco entidades con menores índices de desempeño:
La entidad gobernada por Gabino Cué es el bastión de la disidencia magisterial agrupada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sus métodos de exigencia de mejoras laborales través de manifestaciones y plantones vulnera el derecho a la educación de los alumnos, según ha denunciado la organización Mexicanos Primero en diversas ocasiones.
Esta es la única entidad ubicada en la categoría “falla grave”, pues de acuerdo a los resultados del Examen Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), entre 84 y 97 por ciento de sus estudiantes de primaria y secundaria se encuentran en nivel “insuficiente y elemental” en conocimientos y habilidades de español y matemáticas.
Esto pone en evidencia que los 14 mil 401 millones 140 mil pesos que el gobierno estatal recibió en 2013 poco incidieron en la mejora educativa, toda vez que al menos 313 millones 145 mil pesos se ejercieron de manera irregular pues el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) no controla la recepción y distribución de los recursos federales.
La primera irregularidad es que el IEEPO ni siquiera abrió una cuenta bancaria exclusiva para los recursos federales transferidos. Además, utilizó 54 millones 715 mil pesos para el pago a 190 comisionados sindicales.
También se detectó un daño a la hacienda pública por 22 millones 911 mil pesos por concepto de “ayuda de Transporte”. Además, el Instituto realizó 3 mil 44 pagos “indebidos” por 18 millones 301.6 a 143 trabajadores comisionados a otras dependencias.
Con los recursos del FAEB, el gobierno estatal erogó “gastos no financiables como vestuario, otras prestaciones base, arrendamientos, impresiones, reuniones, congresos y convenciones, e impuestos estatales; pagos al sistema de Ahorro para el Retiro y al Fondo de Vivienda del FOVISSSTE”.
La Auditoría Superior concluyó que “el Fideicomiso no se ha constituido como un apoyo fundamental en el financiamiento de las acciones educativas para grupos sociales vulnerables, ya que durante el ciclo escolar 2012- 2013 no se efectuaron inversiones en educación indígena”.
La disidencia magisterial tiene fuerza en esta entidad, cuyos miembros también participan en las movilizaciones y plantones para exigir mejores condiciones laborales.
En 2013, Michoacán recibió 11 mil 767 millones 164 mil pesos, de los cuales, 2 mil 467 millones 638 mil pesos fueron desviados, lo que significa el mayor monto de entre los cinco revisados.
Entres las conclusiones de la auditoría se destaca que “aunque el estado no realizó una gestión razonable en los recursos del FAEB, y el monto observado es importante respecto de la muestra observada, sus metas y objetivos se cumplieron parcialmente”, toda vez que entre 49 y 54 % de los alumnos de primaria se encuentra en nivel insuficiente y elemental, mientras que en secundaria el índice se dispara hasta 88%.
La administración del entonces gobernador, Fausto Vallejo, 8 mil 122 pagos por 38 millones de pesos a 129 trabajadores comisionados al SNTE, Sección 18, “los cuales estuvieron comisionados indebidamente con goce de sueldo”.
También se presume un probable daño por 223 millones 705 mil pesos por el pago de “bonos y compensaciones”, como parte de los “convenios celebrados en las minutas estatales entre la Secretaría de Educación del Estado y la sección 18.
Otros pagos realizados con los recursos federales son “gratificación por jubilación, bono navideño, eficiencia en el trabajo homologados, incentivo a la Labor, bono de apoyo a la economía, aguinaldo día del empleado administrativo, bono de ajuste, productividad”.
Tampoco se sabe qué pasó con 41 millones 123 mil pesos de intereses generados con los recursos del Fondo, por lo que debería ser reintegrado a la Tesorería de la Federación.
La Auditoría Superior concluye que la calidad educativa en el estado de Guerrero “presenta insuficiencias”, sobre todo en las poblaciones más rezagadas socialmente, pese a que recibió 13 mil millones 325 mil pesos en el ejercicio de 2013.
Los recursos del Fondo contribuyeron de manera “parcial” ya que ya que las metas e indicadores vinculados con la calidad educativa “registran insuficiencias”.
Entre las irregularidades detectadas está la entrega de “bonos y compensaciones financiables con el fondo”; también el pago de 10 millones 699 mil pesos a comisionados sindicales.
La evidencia de que los recursos no han generado mejorar el acceso a la educación es que la eficiencia terminal en secundaria es de 82.2%, valor “insuficiente”, pues refleja que 18 de cada 100 estudiantes que ingresa a la secundaria no la termina o no lo hace en el plazo establecido.
En tanto, la educación indígena y la de CONAFE son las que presentan un mayor rezago respecto del logro educativo; los valores alcanzados fueron del 70.4% de alumnos en español y del 59.0% en matemáticas para la primera modalidad, mientras que del 91.0% en español y 83.7% en matemáticas para la segunda.
Además, tanto padres de familia como maestros señalan que la infraestructura es un aspecto relevante para el aprendizaje, pero apenas 37% dijo que las condiciones físicas de la escuela eran buenas o regulares.
Por ello, la Auditoría concluyó que “la calidad educativa en el estado de Guerrero presenta insuficiencias, y es más significativo en las poblaciones más rezagadas socialmente”.
La Auditoría Superior de la Federación reportó que la entidad cumplió parcialmente con las metas de desempeño, mientras que la cobertura de escuelas apoyadas por el FAEB alcanzó 74.4%; tampoco se lograron las metas referentes al porcentaje de recursos del fondo destinados a educación preescolar y primaria.
La entidad gobernada por Egidio Torre Cantú recibió nueve mil 682 millones 691 mil pesos durante 2013, de los que 301 millones 549 mil pesos son considerados como “daño al erario” porque se ejercieron de manera irregular.
Con el dinero federal, el estado realizó “pagos de compensaciones en incumplimiento a la normativa; pagos improcedentes a trabajadores comisionados a la sección sindical; pagos a partidas de gasto, que no corresponden a los objetivos del fondo y pagos de actualizaciones a terceros institucionales”.
Los alumnos de primaria de esta entidad tienen resultados apenas superiores a Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, pues casi 60% está en la categoría de insuficiente y elemental.
Durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán, la entidad recibió 8 mil 972 millones 256 mil pesos como parte del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, de los que solo 3 millones 432 mil pesos se consideran como “daño al erario público”.
Las irregularidades encontradas fueron el pago de 39 millones 582 mil pesos por concepto de “bonos, los cuales no cumplen con la normativa para otorgarlos” y la asignación presupuestal por 75 millones 760 mil pesos a 191 trabajadores comisionados a las diferentes secciones sindicales.
También destinó 383 mil pesos a los conceptos de vestuario y uniformes, y estudios de mercado y gastos no financiables con el fondo y durante las visitas a las escuelas “no fueron localizados 10 empleados, a quienes se les realizaron 546 pagos por 2 millones 281 mil pesos.
El Fondo de aportaciones sirvió para financiar 30.7% del gasto total en educación básica pública, 58.8% de los docentes, 60.1% de los planteles y 60.5% de la matrícula. Sin embargo, los resultados de aprendizaje son poco alentadores. En la educación indígena, por ejemplo, se presenta un mayor rezago, pues 79% de alumnos se ubicaron en la categoría insuficiente en español y 71.9% en matemáticas; mientras que 75.3% de los estudiantes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) están en esa categoría en español y 66.3% en matemáticas.