Desde 2006 en Argentina han condenado a más de 500 personas por crímenes en la dictadura
[contextly_sidebar id=”0OFLwF9AaClYN3kX0rST7irD4ETb8VE5″]Un total de 563 personas han sido condenadas y más de 900 imputadas en Argentina entre 2006 y 2015 por crímenes relacionados con delitos de lesa humanidad durante la dictadura argentina (1976-83), según un informe judicial hecho público este sábado 21 de marzo.
En los últimos 9 años se dictaron 136 sentencias, 31 de ellas en firme. En ellas se sentenció a 613 personas, 50 de las cuales fueron absueltas, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes de la Humanidad, actualizado al 18 de marzo de este año, cuando falta muy poco para que se cumplan 39 años del golpe de Estado.
El documento señala que en total hay 970 imputados detenidos, 557 de ellos en cárceles comunes y 384 en domicilios. Además, 45 personas están prófugas, dos de las cuales escaparon tras haber sido declaradas culpables.
En la actualidad hay también 456 expedientes en trámite en todo el país. De ellos 16 juicios están en curso y 120 causas se encuentran próximas a debate, a puertas de un juicio oral, con un total de 889 procesados.
Las cifras son resultado del informe realizado por el fiscal Jorge Auat —tomando como base informes de fiscales que intervienen en estos procesos en todo el país— y que ha sido coordinado por Carolina Varsky en el marco del 39 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Las víctimas judicializadas son más de 10.000 en toda Argentina.
“No hay datos de las víctimas sobrevivientes y familiares que murieron sin que se hiciera justicia”, declaró Varsky en el portal Fiscales, del Ministerio Público Fiscal argentino, donde se publicó este informe.
Los datos se enmarcan también, según se dice en la página, en “un contexto de preocupación de los fiscales de todo el país por recientes sentencias adversas al avance del proceso de verdad y justicia, en especial respecto de sectores civiles -empresarios y judiciales- vinculados a los crímenes del terrorismo de Estado”.
Los fiscales resolvieron reunirse con organizaciones defensoras de los derechos humanos en una mesa de diálogo institucional y social prevista para el 8 de abril, con el fin de tratar sobre esta preocupación sobre procesos donde se alargaron los plazos y se anuló la posibilidad de seguir investigando, añade el portal.
Durante la última dictadura, miles de personas sufrieron detenciones ilegales y torturas y unas 13.000 desaparecieron, según cifras oficiales.
