5 argumentos en contra de Medina Mora en la Corte y las respuestas del exprocurador
Organizaciones civiles, académicos y activistas se unieron contra la posibilidad de que el exprocurador general de la República y actual Embajador, Eduardo Medina Mora, sea elegido este martes en el Senado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la “descomposición de la seguridad y la justicia” que lideró o las violaciones a derechos humanos cometidas mientras ocupó diferentes cargos en las instancias de seguridad del país.
En respuesta, Medina Mora publicó la tarde del lunes una carta en la que califica los señalamientos en su contra como tendenciosos, especulativos e incluso, poco escrupulosos.
A las pocas horas recibió respuesta de los académicos Jorge Javier Romero Vadillo, Catalina Pérez Correa González y Alejandro Madrazo Lajous, quienes le propusieron que, más allá de las diferencias, realicen juntos una petición para que el Senado se tome “el tiempo necesario” para revisar su desempeño en instancias “claves para la justicia del país”: como procurador General de la República (2006-2009), secretario de Seguridad Pública Federal (2005-2006) y director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) del 2000 al 2005.
El intercambio de cartas se dio un día antes de que el Pleno de la Cámara Alta vote por quién ocupará el lugar libre en la máxima instancia de justicia del país, si Eduardo Medina Mora, Felipe Alfredo Fuentes Barrera u Horacio Armando Hernández Orozco, la terna enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de febrero.
Según los mismos legisladores, pese a las críticas de académicos y sociedad civil -que incluso abrieron una petición en Change.org que acumula casi 45 mil firmas- el exprocurador es el candidato más fuerte.
Animal Político te presenta algunos puntos por los cuales organizaciones civiles y académicos debaten con Medina Mora:
El “Michoacanazo”
En la petición de Change.org se señala a Medina Mora como responsable del “Michoacanazo”, un operativo realizado en mayo de 2009 en el que fueron detenidos 38 funcionarios públicos del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La detención se realizó con la figura del arraigo, es decir, sin cargos de por medio. Un año y medio después, 37 de los 38 detenidos fueron puestos en libertad por falta de pruebas y 18 meses después quedó libre el último funcionario.
Al respecto, entre los argumentos de defensa del exprocurador están que el Juez Primero de Distrito en Michoacán que llevó el proceso penal de 36 presuntos responsables fue destituido por incurrir en faltas graves en su función jurisdiccional.
Pero sobre todo, el exprocurador defendió la medida diciendo que “la situación de crisis institucional y de seguridad que Michoacán ha padecido en años recientes han demostrado en los hechos el grado al que el crimen organizado efectivamente tenía control territorial e institucional y había infiltrado a las instituciones municipales y del estado”.
Los académicos respondieron a estas últimas afirmaciones diciendo que además de que la detención se llevó a cabo bajo la figura del arraigo en tiempos electorales, “el Michoacanazo es un caso emblemático de la ineptitud de nuestra procuraduría, su incapacidad de demostrar hechos ante jueces; o peor: es emblemático del uso político de la procuración de justicia, porque sin tener pruebas encarcelaron principalmente a funcionarios en un estado, entonces, mayoritariamente perredista. Pero lo más probable es que el Michoacanazo es un ejemplo de las dos cosas: ineptitud y abuso del cargo con fines políticos”.
Jacinta, Teresa y Alberta
Eduardo Medina Mora, como procurador, “fue responsable de la violación grave de los derechos de Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres indígenas detenidas en 2006 y encarceladas por más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI)”.
En una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se afirma que los servidores públicos de PGR violaron los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia de las tres mujeres, quienes finalmente salieron libres: Jacinta después de que la procuraduría se desistió de la acusación y Teresa y Alberta cuando la Corte revocó la sentencia y las declaró inocentes.
Sobre este caso, Medina Mora argumenta que los hechos imputados a las tres mujeres, los arrestos y las averiguaciones, así como la consignación se realizaron antes de que él asumiera el cargo como procurador.
Interrupción Legal del Embarazo
En mayo de 2007, la PGR de Medina Mora promovió la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
La acción de Medina Mora, que según académicos y organizaciones civiles atentó contra un hecho que ha significado un gran avance en materia de derechos humanos, no sólo no prosperó, si no que 8 de 11 ministros de la Corte consideraron que no tenía argumentos jurídicos.
Medina Mora insiste en que esta acción se sustentó “estrictamente” en argumentos jurídicos y estuvo exenta de cualquier posición filosófica, social, religiosa o personal.
Atenco
Otra de las críticas es sobre el operativo en el poblado de Atenco en el Estado de México en 2006, cuando Medina Mora era secretario de Seguridad Pública.
Durante ese operativo contra pobladores que se oponían a la construcción de un aeropuerto dos activistas fallecieron y al menos 26 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violaciones y abusos sexuales a manos de los policías bajo el mando de Medina Mora en la Secretaría de Seguridad Pública.
Sobre este caso que actualmente se revisa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el actual Embajador dijo que en los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se señala que como secretario de Seguridad Pública no tuvo responsabilidad en la violación grave de garantías individuales.
“El Pleno concluyó en su sentencia (páginas 834 y 835) que ‘no pueden determinarse participaciones de autoridades y funcionarios que se reunieron el 3 de mayo y que autorizaron el uso de la fuerza pública” y que “no se les puede atribuir participación a las autoridades y funcionarios que se reunieron el 3 de mayo y diseñaron la estrategia para el uso de la fuerza pública’”.
Sin embargo, los académicos que respondieron la carta de defensa de Medina Mora insistieron en el caso y señalan: “Que no puedan, judicialmente, determinarse responsabilidad directa de usted y sus colegas, no quiere decir que no sean responsables, política y administrativamente, de haber dado instrucciones a policías, que claramente no habían recibido el entrenamiento adecuado en respeto a los derechos fundamentales de las personas, para que desplegaran la fuerza en contra de la población civil”.
La descomposición de la seguridad y la justicia entre el 2000 y 2009
Según Medina Mora, esa descomposición se dio tras una serie de debilidades estructurales e institucionales y a que el país sufrió cambios radicales como la alternancia democrática, la amplificación de amenazas transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo; la vulneración de policías municipales, la falta de una policía federal numerosa y la corrupción. “El narcotráfico y la inseguridad son los síntomas y no las causas del problema. La debilidad institucional es la raíz”.
Los académicos le respondieron que precisamente cuando él encabezó el Cisen, la SSP o la PGR -áreas de inteligencia, seguridad y procuración de justicia- más deterioro hubo en esas instituciones.
“Lo que no reconoce es su responsabilidad en esa descomposición. Como funcionario, usted es responsable ex oficio del desempeño de esas instituciones. El que usted pretenda negar la responsabilidad propia de su cargo e imputarle la descomposición a los cargos en el mundo, únicamente abona a las sospechas de que, como Ministro, tampoco se hará responsable de la justicia, como no fue responsable de la inteligencia, la seguridad y la procuración de justicia por haber encabezado el CISEN, la SSP y la PGR durante esa descomposición”.
Otras…
Además de las razones anteriores que derivaron en el intercambio epistolar entre el exprocurador y académicos, algunas organizaciones civiles y senadores de la izquierda cuestionan la gestión de Medina Mora en temas como el Operativo Rápido y Furioso, en el que desde Estados Unidos se inició un plan para permitir el tráfico de armas a México para ubicar a presuntos traficantes.
Al respecto, Medina Mora insiste en que fue una operación que se desarrolló cuando él no era Procurador y ante senadores negó haber autorizado cualquier operativo de este tipo.
Pero además, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo señalaron como no apto para el puesto de ministro por el vínculo que tiene con la intervención violenta de la policía federal en el conflicto de Oaxaca durante 2006 para reprimir a integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con agresiones y persecuciones contra el padre y activista Alejandro Solalinde, con la negligencia en el caso de la mina Pasta de Conchos, con el mal uso de testigos protegidos, o con el encubrimiento de presuntos responsables en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el que fallecieron 49 niños y más de 100 resultados heridos.
