23 migrantes mexicanos, cuatro años desaparecidos y las familias que los siguen buscando

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Después de varios días se reunió con los familiares de otros vecinos que habían partido con él. Fueron a la casa de Juan Castillo, el coyote que había reunido a la gente de las rancherías para mandarlas con unos polleros que los llevarían finalmente a Estados Unidos.

Castillo fue durante años un coyote conocido en las rancherías cercanas como alguien confiable. Para Juan, que es analfabeta, San Luis de la Paz le ofrecía dedicarse a la cosecha del brócoli o jugársela en Estados Unidos, donde vivió de 1981 al 2000. Desde entonces fue tantas veces que se hizo un mapa en la cabeza de los recovecos para cruzar. Se dedicó a pasar migrantes hasta que sus últimos “pollos”, los que partieron en marzo de 2011, desaparecieron. A sus 54 años el hombre pensaba que conocía todos los peligros y les dijo a los familiares que “debían estar escondidos esperando pasar”.

En San Luis de la Paz todos los caminos llevan al norte. La decena de centrales de camiones con salidas diarias a ciudades fronterizas y a Estados Unidos tienen sucursales en la calle Sierra Gorda, la principal de la ciudad. Elektra y Western Union llegan a tener filas con centenares de personas los fines de semana esperando recibir en pesos lo que allá se ganaron en dólares. Desde Georgia, Texas, Carolina del Norte y Carolina del Sur, los principales estados donde los migrantes ludovicenses residen y mantienen a sus parientes.

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María de Jesús, la esposa de José Guadalupe Almaguer, el coyote de Los Dolores, que guió al grupo en su ruta a Estados Unidos, creyó lo del secuestro cuando le pusieron a su esposo al teléfono: “Avisa y junta el dinero para que nos suelten”, le dijo y le dieron 24 horas para reunir 350 mil pesos, según le contó a las otras mujeres.

-¿Cuánto es lo que ha juntado?

-Tengo 800 pesos.

-i Váyase mucho a la chingada!

“Le colgaron. Jamás le volvieron a hablar”, dice María Lidia Morales. Su casa, que había servido como punto de reunión para algunos de los que partieron el 21 de marzo ahora servía como punto de encuentro de los familiares de los desaparecidos, ahí se desahogaron y mutuamente se dieron consuelo.

“Yo miraba a la esposa del coyote bien desesperada y lloraba y lloraba. Le decía ´No llore señora, todos estamos pasando por lo mismo´. Yo la veía bien preocupada y ella me dijo: ´es que yo tengo algo que decirles, yo tengo bien harto miedo por mis hijos, por mi familia, la gente que me habló me amenazó´. ¿Quién le hablo?, le pregunté. ´Me hablaron (…) me pidieron 350 mil pesos por la gente´”.

La esposa de Guadalupe Almaguer se “enfermó de los nervios”. Tiempo después, se metió a trabajar haciendo el aseo en el Hospital Materno Infantil de la región para mantenerse a ella y a su hija. Rosa Morales, la madre de Almaguer, cuenta que la muchacha quiere ir a la universidad “pero todo eso cuesta”.

José Guadalupe Almaguer es el único de los 23 que partieron el 21 de marzo que ha sido localizado, al menos en la versión oficial. Según la versión dada por la Procuraduría General de la República (PGR), Almaguer fue hallado en una de las 47 fosas localizadas en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011.

Rosa Morales no confía que el cuerpo que enterró hace dos años sea el de su hijo. Nunca lo vio y la PGR resguardó el ataúd con la caja cerrada hasta que ésta terminó bajo la tierra. “Alguna ropa que haya traído, no nos dieron nada”, dice. En la ranchería La Escondida, sigue esperando a que su hijo llegue.

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Después de la partida y la ausencia de noticia de los 23 hombres sus familiares fueron a levantar una denuncia al ministerio público de San Luis de la Paz. “Nos dijeron que nos esperáramos en nuestras casas, que ellos iban a hacer su trabajo”, cuenta una de ellas.

El 1 y el 21 de abril de 2011 fueron localizados 193 cuerpos de personas en 47 fosas clandestinas en San Fernando. Era la segunda masacre en la zona después de que en agosto de 2010 los Zetas habían asesinado a 72 migrantes centroamericanos en el mismo municipio.

Según la reconstrucción hecha por el gobierno federal, a partir de la narración de testigos,  esta segunda masacre inició en marzo del 2011, cuando un camión de pasajeros de la compañía Omnibús de México fue secuestrado por un grupo armado. Versiones de la prensa indican que habrían sido varios autobuses secuestrados en un lapso de dos semanas,  pero la información disponible no es clara.

Cuando esta noticia llegó a San Luis de la Paz, el primo de Antonio Coronilla y algunos de los familiares de los desaparecidos fueron en busca de sus parientes a San Fernando.

Las pruebas de ADN que les hicieron no siguieron los procedimientos adecuados, se cometieron errores como tomar pruebas a las esposas. A la fecha no saben de los suyos.

“Es relevante mencionar que la Procuraduría General de la República ha tomado muestras genéticas a los familiares del grupo de 22 migrantes de San Luis de la Paz, Guanajuato, con el objetivo de que dicha información fuera comparada con la ubicada en las fosas de San Fernando, pero a la fecha no se han obtenido resultados coincidentes. En este rubro, es vital recalcar que en algunos casos sólo se tomó muestra a un solo familiar, y en otros sólo a la esposa o cónyuge (esto supone que aunque los restos se encuentren en dichas fosas la información genética nunca coincidirá)”, dice la Fundación para la Justicia, representante legal de las familias, en su informe “Las personas migrantes como grupo vulnerable de ejecuciones extrajudiciales” publicado en abril de 2013.

Las mujeres, por miedo a que les entregaran cuerpos que no eran de sus familiares, decidieron avisarse y recibir los cuerpos juntas. A Verónica Coronilla le quisieron devolver el cuerpo de su esposo Héctor Castillo dándole como única identificación ropa; a Engracia Araiza, madre del desaparecido Miguel Ángel Ramírez Araiza (de 18 años), le trataron de hacer lo mismo. Ambas se rehusaron a recibir solamente la ropa como elemento de prueba para que les devolvieran los cadáveres. Hoy, cuatro años después, no han vuelto a recibir noticias de sus familiares.

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El 21 de abril del 2011, María Ángela Juárez, un mes después de que su esposo partió a Estados Unidos, veía la televisión con su hijo mayor cuando un noticiero de Tv Azteca pasó imágenes de algunas personas rescatadas de una casa de seguridad en Tamaulipas. La atención de Ángela se centró en un hombre  treintañero de bigote y cejas pobladas. Creyó ver a su esposo, Valentín Alamilla, pero no dijo nada, no tenía la certeza y no quería darle falsas esperanzas a su primogénito, hasta que su hijo de diez años gritó “¡mi papi!”.

Ángela asegura que ese hombre vestía la misma playera y gorra con la que había partido su esposo. Al principio, pensó que la ausencia de Valentín y las ganas de verlo entrar por la puerta de su casa y abrazarlo la habían hecho figurar a su esposo en un desconocido. Pero el extraño episodio fue compartido después con otras madres y esposas de los desaparecidos, y Julia Ramírez, madre de Alejandro Castillo Ramírez, también asegura haber visto en el mismo programa de televisión a su hijo de 18 años.

Los testimonios de Julia y Ángela llegaron a la PGR. Según la Fundación para la Justicia la empresa (Tv Azteca) no ha sido obligada por las autoridades a prestar el video. A cambio, la Procuraduría les entregó algunas imágenes supuestamente tomadas del video, con el rostro pixeleado de los hombres que salieron en la televisión. También les quiso convencer de que el corazón les hacía imaginar cosas, como a sus familiares. En esas fotos no pudieron ser identificados sus ausentes.

“Cuando vamos a México a nosotros nada más nos hablan de que encontraron tantos cuerpos, pero es que nosotros no nada más queremos que busquen en los muertos, también queremos que hagan una búsqueda de personas pero en vida, o sea vivos”, dice Ángela Juárez. Los familiares le han pedido a la PGR que la búsqueda de los seres queridos se extienda a hospitales y cárceles.

La Procuraduría Social de Atención de Víctimas (ahora Comisión Nacional de Víctimas) envió a un grupo de psicólogos para apoyar a las familias “pero resultó peor”, dice Ángela Juárez. “En vez de darnos ánimos nos ponía peor. (La psicóloga) nos decía: ´mejor váyanse haciendo a la idea de que ellos ya no van a regresar, que están muertos´, y pues sentíamos más feo”.

Otros familiares, además de Ángela, terminaron rechazando la ayuda psicológica.

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“Yo siempre sueño que él regresa, de hecho el otro día yo lo soñaba que llegaba y me decía: ´es que estos hombres me tenían trabajando´. Ya últimamente lo sueño como si ya él tuviera tiempo de estar aquí en la casa, soñé que había llegado y que mi chiquito me decía: ´¿éste es mi papi?´ Sí, mijo. Y que corría a abrazarlo”, cuenta Ángela.

A partir de sus ausencias las mujeres tuvieron que duplicar esfuerzos para sacar a sus familias adelante.

Ángela Juárez tiene 35 años y trabaja de siete de la mañana a siete de la noche, sale de su casa a las seis para tomar el camión para llegar a la maquiladora donde confecciona cuellos de sudaderas. Gana 680 pesos a la semana y trabaja de tres a cuatro días por cada siete.

Su esposo, Valentin Alamilla Camacho, iba rumbo a Texas a trabajar como carpintero como lo había hecho antes de que naciera cada uno de sus tres hijos. Solventar el gasto de la familia y construir una casa digna era el usufructo de cada viaje. El cuarto hijo de Ángela tiene tres años, nació cuando Valentín llevaba tres meses desaparecido. La obra negra en una parte de la casa de Ángela delata la ausencia de un hombre que no ha vuelto.

Las casas en las rancherías cercanas a la cabecera municipal de San Luis de la Paz – Toreador de Arriba, Toreador de en Medio, Toreador de Abajo, Los Magueyes, Los Dolores, entre otras- tienen techo de lámina y piso de tierra. Las casas de ladrillo son el lujo de quienes tienen un pariente en Estados Unidos que les envía dinero.

En entrevista realizada a finales de 2014, el priista Saúl Lino Martínez admitió que no hay transparencia en las investigaciones. ¨Las autoridades responsables de llevar investigaciones en estos casos no dan suficiente información a los familiares de las víctimas”, dijo. “Esa es una de las asignaturas pendientes de este gobierno (los desaparecidos), más que el asunto de banquetas y calles”.

Hablaba en su carácter de regidor (en enero de 2015 fue nombrado presidente municipal interino de San Luis de la Paz). “Yo no meto las manos por ningún policía”, dijo, antes de aceptar que si tuviera que nombrar a un responsable de la ausencia de búsqueda de los desaparecidos diría que el Estado mexicano. “(Señalaría) al municipio, estado y federación”.

En los 90 minutos que duró la entrevista no pudo recordar cuántas personas están reportadas como desaparecidas en el municipio, pero aseguró que los familiares de los 23 habían recibido despensas y apoyos con medicamentos, entre otras cosas.

“Hechos concretos que ha habido en el tema de los desaparecidos, aparte del mejoramiento de sus condiciones de vida, el tema de despensas, de becas escolares, ayudas en alimentos, de la conformación de esta organización, de esta empresa social y de la gestión que hemos hecho, porque ellos me han acompañado a México, al congreso de la Unión, a la Procuraduría; aparte de eso no tenemos más¨, dijo.

En contraste, Ángela Juárez dice que solo les dieron una despensa. “Desde  el primer año no hemos recibido nada por parte del Ayuntamiento”.

Julia Ramírez tampoco ha tenido apoyo para conseguir los antidepresivos que necesita para poder dormir.

“Las pastillas me costaban 310 pesos y le dije (al expresidente municipal, Timoteo Ramírez): ´pues no tengo ni para las pastillas, si tuviera no le anduviera aquí pidiendo´… Y no me las dieron”.

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Cuatro años después, las investigaciones por la desaparición de 23 ludovicences desaparecidos en su camino al norte están detenidas. El coyote Juan Castillo fue detenido el 28 de agosto de 2011 y estuvo en la cárcel de Fuentecillas casi un año.  Ahora se dedica a arreglar motocicletas y a la construcción. Dos de sus hijos viven en Estados Unidos.

Las familias de los desaparecidos siguen esperándolos.

¨Yo quisiera aunque sea encontrarlo muerto¨, dice María Lidia Morales. El 10 de mayo del 2012 partió con algunos de los familiares de los desaparecidos hacia el Distrito Federal para marchar con otras esposas, otras madres y otras mujeres.

“Cuando vi tantísima gente que decían ´me secuestraron a mi hijo´, ´me secuestraron a mi esposo, a mi niño chiquito´, me dije ¡Dios mío, yo no soy la única! … ahí agarré mucho valor. Yo no he perdido la fe”.

Antes de partir, Antonio Coronilla les dijo a ella y a sus 6 hijos: “No quiero que estén chillando, no quiero chillidos, no quiero nada. Quédense bien alegres como si no pasara nada”.

Ahora, María Lidia confiesa: “y pues nosotros sí nos quedamos a chille y chille”.

**Este texto es parte del proyecto En el Camino, realizado por Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations**