[contextly_sidebar id=”4OCHk5rLmp3Bvchqd8rhVdRKOCGPDttD”]El argumento es muy conocido: mediante un programa especial del gobierno, miles de personas en situación migratoria irregular podrán obtener un permiso temporal de residencia y abandonar el miedo permanente a ser deportadas.
Para acceder al programa es necesario cumplir varios requisitos: no tener pendientes procesos o trámites migratorios, comprobar su ingreso al país antes del 9 de noviembre de 2012 y no estar sujetos a procesos judiciales.
¿Hablamos de Estados Unidos? No. Es México, que desde hace unos días emprendió un programa temporal de regularización para miles de extranjeros que se encuentran sin documentos en su territorio.
La estrategia se llama Programa Temporal de Regularización Migratoria, y está vigente del 13 de enero al 18 de diciembre de 2015.
Las autoridades aseguran que es más benéfica que otros planes similares aplicados en el pasado, porque abre la puerta a la estancia definitiva de quienes deseen quedarse en el país.
Pero organizaciones civiles afirman que el Programa “no se apega a la realidad y necesidades” de los migrantes, y además parece enfocado a sólo un grupo pequeño de extranjeros: los que pueden pagar las tarifas de la regularización que ascienden a 9 mil pesos por persona.
Y entre ellos, le dice a BBC Mundo Lorena Cano, subcoordinadora legal de Sin Fronteras, no se encuentran miles de migrantes centroamericanos que viven en México.
“Es muy selectivo, clasista, para unos cuantos: quienes tienen recursos económicos“, subraya Cano.
Las autoridades responden que no es así. El costo para el trámite de regularización –como otros similares- se encuentra desde hace tiempo en la Ley Federal de Derechos, y no se estableció específicamente para este programa.
De hecho, en la nueva estrategia se condonó el cobro de multas para los extranjeros que permanecen irregularmente en el país, le dice a BBC Mundo Fernanda García Villalobos, directora de regulación del Instituto Nacional de Migración (INM).
Los centroamericanos –o cualquier otro extranjero- con pocos ingresos, pueden solicitar una excepción en el pago de los trámites.
“(Permite que) quien ya tenga un arraigo, una vida en el país, un empleo tal vez no bien remunerado porque no cuenta con una condición de estancia legal y desea además permanecer, obtenga un documento migratorio”, explica la funcionaria.
“En primer lugar no son víctimas de violaciones por no tener documentos, y en segundo no viven con miedo de recibir una visita de verificación y ser trasladados” a una estación migratoria.
Quienes se incorporen a este nuevo plan no serán detenidos, asegura la funcionaria.
Sin embargo, el mensaje no despeja la desconfianza de las organizaciones. “Son afirmaciones, no está en papel, no tenemos la certeza de que se condonan las multas”, subraya Lorena Cano.
Más allá del costo por los trámites, los críticos del Programa dicen que es insuficiente para atender problema de los extranjeros sin documentos que viven en México.
Por ejemplo, los aceptados en el plan tendrán derecho a un permiso de residencia temporal hasta por cuatro años, que no equivale a un permiso para trabajar legalmente pues eso requiere de un permiso especial.
Tampoco se contempla a quienes se encuentran ya en estaciones migratorias en proceso de deportación, o repatriación asistida.
Pero lo más grave es que la respuesta oficial al fenómeno migratorio no parece incluir a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala que cada año cruzan el país, ni tampoco a quienes necesitan refugio porque huyen de la violencia en la región.
“Se habla de los migrantes que se quieren quedar, pero no de quienes están de tránsito”, insiste la abogada de Sin Fronteras.
Pero ese no es el objetivo del programa, recuerda la directora de regulación del INM.