[contextly_sidebar id=”xy93RZdZWBK2LU86Ca7ql09rsymCL5dR”]En 2011, cuando el gobierno mexicano informó que la estrategia contra la trata de personas comenzaba a rendir frutos por primera vez, un juzgado federal dictó sentencia por ese delito, la Embajada de Estados Unidos en México reportó al Departamento de Estado que había dudas sobre la veracidad de los rescates de los presuntamente explotados.
En el cable 20112101 que entregó el entonces embajador estadounidense, Carlos Pascual, menciona que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y otras instancias de gobierno en México confirmaron que un grupo de 108 migrantes presuntamente rescatado en noviembre 2011 rechazaron ser víctimas de cualquier crimen y reclamaron que los agentes se los hayan llevado del lugar en el que residían “sin siquiera darles oportunidad de recoger sus cosas”.
El embajador explicó que el caso parecía algún tipo de explotación laboral pero no de tráfico de personas, pues autoridades mexicanas confirmaron que los migrantes estaban “más bien molestas por el rescate”.
En el cable se reporta que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas —adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR)— ofreció a los 99 guatemaltecos rescatados y a las otras 27 víctimas —dos embarazadas menores de doce años— refugio; sin embargo, no lo aceptaron.
Pascual citó otros casos para “poner atención” en los que, dijo, México mostró su interés en avanzar en el combate de este delito.
Cada año, el Departamento de Estado publica un informe sobre Trata de Personas que analiza la situación en 186 países, incluido México.
En función de los avances que ha tenido el país desde que dictó la primera sentencia por trata de personas, el último informe —de junio de 2014— indica que México sigue sin cumplir con “los estándares mínimos para la eliminación del delito”.
Según el Departamento de Estado estadounidense, la persecución de la trata de personas en México se caracteriza por investigaciones mal elaboradas y por la “limitada comprensión del delito”, además de que no se ha podido erradicar la complicidad entre autoridades y delincuentes.
Estados Unidos alerta que en México no hay un número conocido de investigaciones o de procesos contra personas vinculadas a la trata de personas y que las cifras disponibles varían según la instancia de gobierno que la proporcione, pues en 2013 la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas dijo que tenía 91 investigaciones pero la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada reportó 48.
El diagnóstico sobre que hay un “trabajo insuficiente” en el país ha sido prácticamente el mismo desde hace tres años. “El gobierno de México no cumple por completo con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos”, se lee en los reportes de 2011 y 2012.
Según las cifras que da la Secretaría de Gobernación en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, entre 2011 y hasta 2013 se iniciaron 195 averiguaciones previas por el delito de trata de personas. Sin embargo, sólo dos han terminado en una condena.