Inocentes presos: la cara oculta de la guerra al narco en México

En su primera misión como jefe de distrito en la Policía Federal (PF), Javier Herrera Valles observó que algo no andaba bien: la operación especial contra el narcotráfico que se le ordenó hacer en el estado de Guerrero se limitaba a revisar aleatoriamente automóviles en algunas carreteras. Era diciembre de 2006 y el período de gobierno del entonces presidente Felipe Calderón apenas iniciaba.

El mismo caso se repitió en varios estados del país. Así, en mayo de 2008 Javier Herrera, ya entonces comisionado de la PF, explicó lo que pasaba en una carta al presidente pero la respuesta fue inesperada: en lugar de que se investigaran las anomalías fue enviado a prisión, acusado de proteger a un cartel de narcotráfico.

Más de tres años después fue declarado inocente, pero su caso no es único: de acuerdo con cifras oficiales el gobierno de Calderón (2006-2012) encarceló a más de 105.000 personas acusadas de narcotráfico o delincuencia organizada, pero sólo a 3.000 se les pudo seguir un juicio y obtener sentencia, según reconoció desde 2013 el actual secretario de Gobernación Miguel Osorio.

Las cifras representan una cara poco conocida de la guerra contra el narcotráfico de esa administración.

“El problema que tenemos en México es que hay una especie de adicción a privar de la libertad a las personas para enfrentar problemas de seguridad, pero no está probada ni su participación en los delitos ni su responsabilidad en los mismos”, opina Guevara.

Ese fue el caso de Herrera Valles, contra quien se inició un juicio con base en declaraciones del testigo protegido José Salvador Puga Quintanilla, conocido como Pitufo, utilizado por la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) en decenas de casos distintos.

La fiscalía perdió todos esos juicios. A pesar de eso un juez sentenció al ex jefe policíaco a 10 años de prisión, pero la sentencia fue anulada por un Tribunal Unitario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque las acusaciones en su contra eran falsas.

“Me di cuenta de que me enfrentaba contra el Estado porque en lugar de proceder el presidente a una investigación, García Luna empezó a actuar de manera muy arbitraria en mi contra”, dice en conversación con BBC Mundo.

En marzo pasado, presentó una denuncia contra la exprocuradora Marisela Morales, actual cónsul de México en Milán, Italia, y algunos de sus colaboradores, a quienes acusa de “fabricar” el delito por el que permaneció más de tres años en prisión.

El caso está en proceso ante la PGR, pero más allá de esto no hay ninguna pesquisa contra exfuncionarios de Calderón, insiste el director de la CMDPDH.

García Luna, en tanto, estableció una empresa consultora de seguridad en Miami, Florida. Y el expresidente ha sostenido la defensa de su guerra contra el narcotráfico. “Fue una batalla por la seguridad pública que estaba comprometida”, dijo al diario paraguayo “ABC”.

La violencia que durante su gobierno causó la muerte a más de 70.000 personas y la desaparición de al menos 26.000 más fue culpa de los criminales, asegura Felipe Calderón. Organizaciones mexicanas e internacionales señalan, sin embargo, que en muchos de estos casos participaron militares y policías federales.

Detrás de los números

Desde su inicio, en diciembre de 2012, el actual gobierno de Enrique Peña Nieto supo de las cifras de detenidos por su antecesor, reconoció el secretario Miguel Ángel Osorio Chong.

“Esto no puede suceder, para qué tanto esfuerzo con las fuerzas de seguridad si al final todo va a quedar con que los presuntos delincuentes, con un buen abogado, van a salir”, dijo en febrero del año pasado.

Y es que la mayoría de los inculpados por vínculos con el narcotráfico o delincuencia organizada fueron procesados por delitos distintos a los que se informó ante los medios. Muchos salieron libres por falta de pruebas o porque sus casos se fincaron en declaraciones falsas de testigos protegidos.

Algunos permanecieron encerrados en instalaciones militares antes de ser entregados a las fiscalías, sufrieron tortura o se les exhibió en televisión antes de que se iniciara la investigación en su contra, según documentó la CMDPDH.

Uno de los casos más conocidos fue el de Laura Zúñiga, reina de belleza en Sinaloa y a quien se vinculó en los medios con el cartel de Sinaloa, lo cual resultó falso, según estableció el juez que la liberó.

El factor García Luna

Como secretario de Seguridad Pública, García Luna mantuvo durante seis años la costumbre de exhibir a los detenidos ante los medios, e incluso desde su oficina se difundieron los interrogatorios hechos por policías federales de manera irregular pues no estaban presentes sus abogados. Estos videos sirvieron como prueba para su liberación.

También se abusó de la figura del arraigo, una especie de prisión preventiva que legalmente se establece para que las fiscalías acumulen pruebas que eviten la libertad de delincuentes peligrosos.

Sin embargo, en muchos casos se utilizó para sustituir la investigación que debió realizarse antes de la captura original, según han denunciado organizaciones internacionales como el Comité contra la Tortura de la ONU.

Ante el juez los abogados defensores utilizaron estos argumentos y ganaron la absolución o sentencias menores para sus clientes.

Evitarlo era tarea de la PGR, insiste Guevara Bermúdez. “La Procuraduría hizo muy mal su trabajo, no tenía capacidad científica de presentar pruebas y defenderlas ante un juez”.

Pero Herrera Valles cree que el problema es más profundo. “Hubo un gobierno corrupto e ineficaz que no supo o no quiso hacer su trabajo. Sólo metió a la cárcel a muchísima gente”.

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