¿Va México contra los “narcopolíticos”?
[contextly_sidebar id=”6cae18813f351c31774cdeca1d8ec6b6″]Una inédita ofensiva contra políticos en México: la PGR detuvo a un exgobernador interino y un alcalde a quienes acusa de sostener vínculos con carteles de la droga.
Para algunos especialistas puede ser el inicio de una cruzada efectiva para terminar con las redes de protección de distintas autoridades a la delincuencia organizada y que desde hace décadas dificultan el combate al tráfico de drogas en el país.
Incluso el Senado de la República prepara una enmienda legal para evitar que los carteles apoyen candidatos en las próximas elecciones de 2015, como ocurrió en Michoacán hace dos años según la PGR.
Es una estrategia que no aplicaron los dos últimos gobiernos del país, le dice a BBC Mundo el analista Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“La expectativa es que no quede sólo en una decisión aislada, sino que se convierta en un asunto ejemplar para los políticos que incurren en este tipo de abusos de poder”, explica.
“Con esto queda demostrado que no hay crimen organizado sin protección del poder político local. Esto debiera influir en la estrategia que el gobierno federal aplica a nivel local, porque no hay forma que los delincuentes no reciban protección de algunas áreas del gobierno”.
“Hay varios casos”
“Con esto queda demostrado que no hay crimen organizado sin protección del poder político local”
Javier Oliva Posada, analista
El exgobernador detenido por la PGR es Jesús Reyna García, quien sustituyó por diez meses a Fausto Vallejo gobernador constitucional de Michoacán.
Las autoridades le acusan de reunirse al menos tres veces con el fallecido Nazario Moreno González, El Chayo o El Más Loco, y con Servando Gómez Martínez, La Tuta, líderes de Los Caballeros Templarios.
Los encuentros fueron para negociar el apoyo del cartel a algunos candidatos a alcaldes y diputados, especialmente en la región conocida como Tierra Caliente, al sur de Michoacán.
Grupos de autodefensas le han acusado de proteger a la organización que desde 2011 mantuvo el control de casi todo el estado, algo que comprobó la PGR que recientemente informó haberle encontrado “posibles contactos con organizaciones delictivas”.
Reyna García se encuentra bajo la custodia de la PGR que lo mantiene vigilado en una casa de seguridad, bajo una figura legal conocida como arraigo.
Días después fue detenido el alcalde de Cuetzala del Progreso en Guerrero, Feliciano Álvarez Mesino, también señalado por la fiscalía de tener vínculos con carteles de narcotráfico.
Y luego se informó que el exdiputado José Trinidad Martínez Pasalagua y el exalcalde de Tepalcatepec Guillermo Valencia, son investigados por una posible relación con carteles de la droga. Pero no son todos, reconoce el procurador General Jesús Murillo Karam.
“Hay varios casos. La instrucción que tengo del gobierno de la República es actuar independientemente de quiénes son, de qué piensan, de qué partido o filiación tienen”, advierte.
Amenazas
La relación de carteles con autoridades de distintos niveles no es nueva, e incluso la PGR mantiene una investigación abierta en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, a quien el gobierno de Estados Unidos acusa de colaborar con el cartel del Golfo y Los Zetas.
Sin embargo, explica Oliva Posada, en los últimos años las organizaciones delictivas modificaron la forma en que se acercan a las autoridades. De hecho, se ha documentado que estos grupos tratan de influir desde los procesos electorales.
En Michoacán, por ejemplo, Los Templarios impidieron la postulación de candidatos a alcaldes y diputados, e incluso autoridades federales los vinculan con el asesinato de algunos presidentes municipales.
En Tamaulipas los grupos de Los Zetas y El Golfo amenazaron a candidatos en municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos, y lo mismo hizo el cartel de Sinaloa en Durango.
Vigilar a las autoridades locales es una tarea que necesita reforzar el gobierno mexicano para asegurar la buena marcha de su estrategia contra los políticos vinculados con el narco, insiste el analista.
“Creo que eso le ha faltado a este gobierno: impulsar medidas de fondo para restructurar a los gobiernos locales, actuar de forma más contundente en las áreas donde hay más violencia”, concluye.
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*Nota publicada el 15 de abril de 2014.
