México analiza si entra a iniciativa contra deforestación
[contextly_sidebar id=”40fc86ea56387bb467226e5d19df23d2″]Este 2014 es el año en el que México deberá decidir si aplica en el país el mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada de las Naciones Unidas conocido como REDD+. La parte más complicada del debate —coinciden especialistas en asuntos ambientales— es determinar qué beneficios habrá para los dueños de los bosques y selvas que sean parte del programa, que en el país, son en su mayoría comunidades indígenas.
La iniciativa REDD+ surgió como una alternativa para lograr acuerdos climáticos globales tras la expiración del primer periodo del Protocolo de Kyoto en 2012. Consiste en la protección de recursos forestales —evitar deforestación y degradación—, mejorar su gestión y utilizarlos para combatir el cambio climático a través de la reducción de emisiones contaminantes.
En México, la Comisión Nacional Forestal pondrá a consulta la aplicación de una Estrategia Nacional REDD+ que busca la promoción del desarrollo rural sustentable.
“Lo que se trata de hacer en México es que, si bien REDD+ se enfoca mucho en lo que es la captación de carbono, se está planteando una aproximación integral al desarrollo rural sustentable, que va más allá de sólo el desarrollo forestal. Esto es, un manejo integrado del territorio pensando en actividades productivas de ganado, turismo, incluso cacería y que en el mismo territorio ejidal haya conservación de agua y otras actividades. En todo esto, estamos pensando en el papel prioritario de las comunidades”, explicó en entrevista Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
La estrategia deberá cumplir con todas las leyes mexicanas, desde la Constitución hasta la Ley Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por lo que toda comunidad indígena deberá ser consultada sobre si acepta o no unirse a REDD+, pero además obtenga un beneficio, para lo cual todavía no hay reglas claras.
Según el investigador de CEMDA —que ha participado en las sesiones del Comité Técnico Consultivo REDD México integrado por más de 70 representantes de la sociedad civil— el borrador de la estrategia indica que en apego al artículo 27 constitucional y a la Ley Forestal, los dueños del bosque son considerados los dueños del carbono y por lo tanto tendrán un beneficio por la captación de éste y la posterior disminución en las emisiones contaminantes.
Una de las opciones que actualmente da Conafor en el borrador de la Estrategia Nacional REDD+ es que los dueños de la tierra puedan participar en un mercado de carbono, pero también considera que los beneficios por las emisiones evitadas se distribuyan a través de programas públicos o fideicomisos que tomen en cuenta la participación de diversos actores para lograr esa disminución.
Es decir, el beneficio es indirecto, pues se tomaría en cuenta que para lograr la reducción intervinieron las comunidades pero también servicios públicos, privados y otros actores que se verán beneficiados con diferentes proyectos gubernamentales.
“El borrador plantea esto no como un beneficio directo, todavía hace falta encontrar la forma en que el dinero no quede revuelto y se asegure que llegue a las comunidades”, dijo el especialista de CEMDA.
Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en las zonas de agricultura y bosques del país se concentra el 25% de la población, principalmente indígena, y “los principales centros de conservación de la biodiversidad y aproximadamente 23% del agua captado a nivel nacional”, pero en esas zonas también se emitieron en 2006 el 10% del total de Gases de Efecto Invernadero.
Paloma Neumann, de la Campaña de Bosques y Selvas de Greenpeace México, dijo en entrevista que todavía no hay nada definido en la
estrategia respecto a la distribución de los beneficios, pese a que se plantea que en 2015 inicie la implementación, aunque reconoce que se ha avanzado en otros rubros.
“Hasta ahora, como está pensado, es posible que se considere un reparto de beneficios, pero hay que considerar que en ese reparto debería llegarle un beneficio monetario a las comunidades además de que logren incrementar sus capacidades de organización”, dijo Paloma, quien explicó que los detalles sobre la distribución todavía no son claros, pero están siendo estudiados.
Para Rane Cortez, directora de la Alianza México REDD+ —integrada por organizaciones de la sociedad civil que reciben apoyos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)— la Estrategia Nacional no puede funcionar en el país “si no se cuenta con el total acuerdo de las comunidades para participar y que ellos mismos tengan claro el beneficio”.
La Alianza México REDD+ ya ha comenzado a implementar proyectos piloto en al menos cinco regiones del país como la península de Yucatán, la región del Cutzamala, comunidades forestales de Oaxaca o la Sierra Rarámuri.
Según Cortez la clave está en impulsar proyectos productivos que “de paso” garanticen la protección de los bosques y selvas, pero que esto traiga resultados tangibles para las comunidades.
“Se debe lograr un desarrollo rural sustentable en donde la gente conozca y aprenda de cómo tener producción eficiente y tener ingresos sin dañar los bosques. Hay que materializarlo y que los resultados sean tangibles”.
