GDF criminaliza a consumidores de drogas: CDHDF
El actual modelo de seguridad y justicia de la Ciudad de México criminaliza a los consumidores de drogas: en la mayoría de las sentencias dictadas en 2012-2013 por narcomenudeo, los detenidos sólo rebasaron las dosis de sustancias permitidas por la Ley, pero nunca se demostró que planearan venderlas. Aún así, enfrentan condenas hasta por 3 años de cárcel. Ante este escenario, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) planteó un cambio en el modelo para frenar los abusos y las detenciones arbitrarias.
El informe especial “Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013”, elaborado por la Comisión, fue presentado ayer en el marco de la discusión que la Asamblea Legislativa capitalina iniciará pronto sobre la iniciativa para regular el consumo de la mariguana en el DF y evitar la criminalización de los consumidores.
El documento del organismo que encabeza Perla Gómez mostró un panorama de criminalización en la Ciudad hacia los usuarios de drogas: más del 98% de las sentencias dictadas fueron por portar cantidades superior a las permitidas por la Ley, sin que esto implicara narcomenudeo.
Por ejemplo, para marihuana, la dosis máxima permitida en la Ley General de Salud son 5 gramos y a quien los porte no se le puede ejercer acción penal, pero si se rebasa esa cantidad puede iniciarse un proceso.
“Las penas fueron principalmente menores a tres años, es decir, la mayoría de las personas sentenciadas lo fue por posesión de drogas en cantidades superiores a las autorizadas por la Ley, pero sin haberse comprobado que eran vendedores o comerciantes de éstas”, agrega el informe.
Durante el periodo de estudio, el 76.7 por ciento de las quejas recibidas por la Comisión sobre delitos contra el salud fueron por detenciones arbitrarias.
Entre las propuestas presentadas por la CDHDF al Gobierno local, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia local, están:
1. Detener las detenciones y revisiones de personas motivadas por estereotipos o prejuicios, sobre todo en el caso de personas jóvenes y poblaciones callejeras.
2. Investigar, y en su caso castigar, los abusos en agravio de personas usuarias de drogas por parte de autoridades de seguridad pública o procuración y administración de justicia.
3. Crear lineamientos mínimos para la presentación ante el MP de personas encontradas en posesión de drogas sin que se haya comprobado la finalidad de comercio o suministro a terceras personas. “Que no sea la posesión por sí misma, sin otros indicios, un motivo de ejercicio legal en su contra”, señala.
4. Introducir medidas alternativas de justicia para delitos menores contra la salud, como la remisión a juzgados cívicos y la imposición de penas administrativas o trabajos a la comunidad, garantizando la proporcionalidad de las medidas.
“En el DF se ha avanzado para crear un marco de protección a los derechos humanos de las personas usuarias de drogas”, señala el documento, “no obstante, aún no se ha traducido en el diseño e implementación de políticas públicas, pues éstas siguen siendo concebidas desde una perspectiva asistencial más que desde el ejercicio de derechos”.
El informe, se agrega, busca que el Estado mexicano también cumpla con los derechos humanos de los usuarios de drogas, como ya ocurre en otras naciones: “En los últimos años varios países de la región y en otras partes del mundo han desarrollado modelos regulatorios alternativos que buscan reducir o eliminar las sanciones de carácter penal y de privación de la libertad en el caso de la posesión y/o cultivo de drogas para uso personal, los que se presentan como opciones viables para reducir ciertos riesgos asociados al uso de drogas”.
La Comisión reconoce que los poderes del DF no cuentan con las facultades para modificar la regulación sobre drogas, la cuál es de competencia federal, pero “sí tiene la responsabilidad de impulsar y fomentar la discusión, tanto a nivel local como nacional, así como de diseñar e implementar en su jurisdicción prácticas e intervenciones novedosas, respetuosas de la autonomía de las personas y de su dignidad”.
Revisa el informe completo aquí:
