En la ONU se plantea la reducción de penas para consumidores de droga
Por primera vez, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se plantea la posibilidad de despenalizar o reducir las penas a los consumidores de droga con el objetivo de que a nivel global el tema sea visto como un asunto de salud pública y no de seguridad.
[contextly_sidebar id=”154739e0a45282c3c2719c6c8539aeab”]Después de que Yury Fedotov, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), planteara que todavía existen regímenes de fiscalización que “se apoyan excesivamente en las sanciones y el encarcelamiento y no en la atención sanitaria”, el panel de Alto Nivel que sesionó este 13 y 14 de marzo abrió la posibilidad de estudiar e implementar acciones para reducir las medidas punitivas contra quienes consuman y posean droga.
En el proyecto de declaración ministerial conjunta en la que participaron 53 Estados miembro —incluido México— se establece la importancia de la prevención, de no criminalizar a los consumidores y de enfrentar el problema de drogas desde un punto de vista de salud pública.
“Observamos también que varios Estados Miembros, dentro de sus ordenamientos jurídicos y de conformidad con los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y con otras disposiciones de derecho internacional pertinentes, han establecido programas amplios de reducción de la demanda de drogas dirigidos a los infractores de la ley, en particular a los menores, y han aplicado, dentro de sus estrategias nacionales, una amplia variedad de alternativas a la condena y el castigo en determinados casos de menor gravedad relacionados con drogas o en los que la persona que hace un uso indebido de drogas ha cometido un delito establecido en las disposiciones pertinentes de los tratados de fiscalización internacional de drogas”, menciona el documento de las sesiones de alto nivel del 57º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes.
En esta Comisión se examinará hasta el próximo 21 de marzo la forma en la que los Estados miembro han avanzado en la Declaración política y el Plan de Acción sobre cooperación internacional en favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas que se firmó en 2009. Los ministros que participaron en la sesión de Alto Nivel coincidieron en que la drogodependencia es un problema de salud y que una forma eficiente para reducir la demanda de drogas es a través de prevención, tratamiento de adicciones, atención integral, rehabilitación, medidas de reinserción social y pensando en una estrategia de salud pública en el uso indebido de drogas.
En el caso específico de México, la delegación que participó en la sesión —encabezada por la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Mariana Benítez Tiburcio; el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, y el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián— planteó en su posicionamiento que en el actual gobierno se busca “privilegiar el tratamiento por encima de la criminalización”.
Durante su intervención del jueves 13 de marzo, Mariana Benítez no defendió un enfoque de seguridad pública y enfatizó que es necesario una política de drogas vinculada a políticas de salud y de derechos humanos. “Es necesario fortalecer la prevención y el tratamiento, la coexistencia pública, la paz y la seguridad. Esto no impide la aplicación de la ley, pero debemos incluir programas sociales”, dijo la funcionaria de Gobernación.
En ese contexto, el grupo de investigación científica y política de drogas de la UNODC y el de Salud y Derechos Humanos, dijeron al segmento de Alto Nivel integrado por ministros que “las sanciones criminales no son benéficas en la agenda para intentar reducir el consumo de drogas”.
Dentro de la Sesión 57 de la Comisión de Estupefacientes se planteó que despenalizar la posesión de droga puede traer mayores beneficios en salud para la sociedad, como reducir el número de personas arrestadas y encarceladas; incrementar la afiliación a tratamientos antidrogas; o reducir los costos del sistema de justicia penal y redirigirlos hacia el de sistema de salud.
Para fines médicos
En la declaración ministerial tras la sesión de este viernes, se establece que hay “preocupación” por la disponibilidad de drogas “para fines médicos y científicos, particularmente para el alivio del dolor y cuidados paliativos”. Si bien el debate particular y examen por Estado se realizará la próxima semana, en el documento conjunto con los temas por explorar se establece que “en muchos países del mundo” no se toma en cuenta la posibilidad del uso de drogas para fines médicos y científicos. Otro tema discutido es el de la relación entre las drogas y el VIH/SIDA.
En el compromiso firmado por los Estados se estableció una reducción del 50% para 2015 de los casos de transmisión entre consumidores de droga por inyección; lo cuál está directamente vinculado con el tratamiento visto desde un enfoque de salud pública.
“El encarcelamiento de las personas que usan drogas sólo aumenta su vulnerabilidad al VIH y a la hepatitis C. Debemos detener el encarcelamiento de personas que consumen drogas por delitos menores relacionados con las drogas. Las leyes y las políticas también deben asegurarse de que se respetan los derechos de los presos, para acceder a la reducción de daños y la asistencia sanitaria”, dijo en su momento Michel Kazatchkine, enviado especial del Secretario General de la ONU para el VIH y el sida en Europa oriental y Asia central.
Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que en el mundo hay al menos 27 millones de usuarios con adicción a las drogas y que anualmente se registran 210,000 muertes vinculadas a los narcóticos. Entre los progresos que se enlistaron previo a las sesiones de este jueves y viernes están la reducción de la producción y consumo de cocaína, el consumo de opiáceos y el consumo de drogas por inyección. Sin embargo, se resaltó la expansión del mercado ilícito de estimulantes sintéticos y en los últimos años, de la violencia en América Latina vinculada al tráfico de drogas.
