Llega a la Corte expediente de Elba Esther por lavado de dinero
[contextly_sidebar id=”6165e84355b959ddb6722286a8a419dc”]Al cumplirse el primer año de su detención, Elba Esther Gordillo Morales busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide la principal acusación que pesa en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con ese propósito, desde la semana pasada llegó al tribunal constitucional la solicitud de facultad de atracción 85/2014, pero hasta este momento ninguno de los ministros ha hecho suya la petición elaborada por la ex líder magisterial y sus presuntos operadores financieros José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez, quienes también son procesados por delincuencia organizada y lavado de dinero en agravio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por un monto de 2 mil 600 millones de pesos.
Para la defensa de Gordillo y coacusados, el expediente debe ser resuelto por la Corte en razón de que después de un año de haberse decretado su formal procesamiento, la PGR no ha acreditado ante la autoridad judicial cuál es el delito principal que originó la imputación de lavado de dinero que se les atribuye, así como tampoco en qué consisten las conductas que desplegaron sus defendidos en el caso de delincuencia organizada.
También advierten que los dictámenes financieros de la Procuraduría General de la República y la secretaría de Hacienda, mediante los cuales el ministerio público pretende acreditar las dos acusaciones en su contra, fueron emitidos en una fecha posterior a la de la consignación del expediente original.
En este sentido cabe recordar que en septiembre del año pasado, el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo penal concedió a Gordillo Morales el amparo para efectos número 354/2013 contra el auto de formal prisión emitido por el juez sexto de distrito de procesos penales federales, Alejandro Caballero Vértiz, al determinar que existían “imprecisiones” en la conducta atribuida a cada uno de los señalados. Además, el juez determinó que había violaciones al debido proceso, dado que no existió la querella de la secretaría de Hacienda en la averiguación previa a pesar de la naturaleza de las acusaciones planteadas.
Lo anterior llevó al equipo de defensa de Gordillo a presentar un escrito la semana pasada ante un tribunal colegiado y ante la Corte, en el que sostiene que prescribió el plazo de un año con que cuentan las autoridades hacendarias para denunciar conductas como las atribuidas a sus defendidos. El plazo, de acuerdo con el escrito remitido al Poder Judicial Federal, venció el pasado 21 de febrero de este año.
Por todo ello, la defensa de Gordillo considera que los ministros de la primera sala deben atraer el caso a fin de establecer si procede o no la acusación de lavado de dinero en contra de la ex priísta y sus presuntos cómplices.
En tanto se resuelve el juicio de amparo, el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero continúa su curso ante el juzgado sexto de distrito de procesos penales federales con sede en el reclusorio oriente de la ciudad de México.
Gordillo toma previsiones ante un posible revés
En caso de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deseche la solicitud de facultad de atracción por considerarla improcedente, Elba Esther Gordillo resolvió no desistirse del juicio de amparo que promovió en contra de su formal procesamiento por lavado de dinero y delincuencia organizada.
A pesar de que el 13 de febrero de este año, su abogado Marco Antonio del Toro anunció el desistimiento del juicio de amparo en el marco de la audiencia donde los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en materia penal tenían previsto resolver el asunto de fondo, éste no procedió porque no se ratificó la intención ante el tribunal colegiado por parte de los directamente involucrados.
De ahí que el juicio de amparo continúe vigente y haya sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo solicitó la propia Gordillo.
Si los ministros determinan que el asunto no reúne los requisitos de relevancia y trascendencia jurídica necesarios para pronunciarse en el caso, el amparo contra la formal prisión por delincuencia organizada será enviado una vez más al tribunal federal para su resolución de fondo y, entonces serán los magistrados quienes determinen en definitiva si es que es procedente o no la imputación de lavado de dinero contra Gordillo, José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez.
Aún no declaran los testigos protegidos
A un año de su detención y luego de dos órdenes judiciales para hacerlos comparecer, la defensa de Elba Esther Gordillo todavía no ha interrogado a los testigos protegidos de la PGR que declararon en su contra.
Se trata de la ex cajera del sindicato de maestros, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y de Erick Salvador Rodríguez García, ex cuñado de Gordillo y quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos desde la tesorería del sindicato durante su gestión como líder magisterial.
En el caso de la mujer, presa en el penal de Nayarit desde septiembre del 2013, en dos ocasiones se negó a declarar en el expediente bajo el argumento de que, por su calidad de procesada, no podía ser obligada declarar ya que la asiste su derecho constitucional a reservarse.
El argumento fue validado por el juez sexto de distrito, Alejandro Caballero Vértiz y dio origen a la interposición de un juicio de amparo por parte de la defensa de Gordillo en el que sostiene que si se convalida el dicho de Ugarte, se afecta el derecho de defensa de sus representados pues en el expediente “no obra ninguna prueba” de lo aseverado por la ex empleada del sindicato de maestros en el sentido de que por orden de Gordillo, transfirió en diversas ocasiones fuertes sumas de dinero a los familiares más cercanos de su entonces jefa, los cuales provenían del sindicato de maestros.
Se prevé que este juicio de amparo sea resuelto en las próximas semanas.
En cuanto a Erick Salvador, la Procuraduría General de la República (PGR) no lo ha presentado ante el juzgado de distrito en dos ocasiones.
La primera, a finales del año pasado, la PGR refirió que fue muy corto el tiempo de la notificación de la comparecencia por lo que le fue “imposible” localizarlo y ordenar el operativo para lograr su presencia ante el juzgado federal.
La segunda ocasión ocurrió hace apenas unos días, el seis de febrero del 2014. Esta vez, el ministerio público federal tampoco lo presentó a pesar de que se informó de la comparecencia con dos meses de anticipación.
De ahí que en los próximos días esté por emitirse un tercer citatorio contra Erick Salvador en el que, a petición de la demanda, se le apercibirá de que será sometido a un arresto administrativo por 36 horas en caso de que no se presente a la diligencia.
Además del proceso por delincuencia organizada, Gordillo Morales enfrenta un juicio más por presunta defraudación fiscal de más de 2 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal del 2008.
Hace apenas dos semanas su defensa promovió un juicio de amparo contra el formal procesamiento decretado en diciembre pasado por el juzgado décimo cuarto de distrito de procesos penales federales.
La demanda se encuentra en estudio ante el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del primer Circuito, en la ciudad de México.
A partir de los diversos recursos que impugnan los fallos emitidos contra su representada, la defensa de Gordillo calcula que “obtendrá su libertad este mismo año”.
