Estados no reconocen el “cobro de piso” como extorsión
[contextly_sidebar id=”9d662634cf3688fcca00d4c5c8be4d03″]El cobro de derecho de piso es una modalidad de extorsión que no es reconocida por todas las autoridades del país. El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dio a conocer que sólo algunos estados registran este delito, mientras que otros no lo identifican. El director de la organización, Francisco Rivas, criticó que existan gobiernos estatales que no admitan esta conducta delictiva, pues ha sido una de las que más han afectado a la sociedad mexicana en los últimos años.
Durante la presentación del “Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y oportunidades”, Rivas señaló que sólo ocho de las 32 entidades del país sí reconocen al “cobro por derecho de piso” como una modalidad de extorsión. Estos Estados son Baja California Campeche, Chihuahua, Durango, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Querétaro.
Los 24 estados restantes señalaron al Observatorio, a través de respuestas de acceso a información pública, que no identifican ese tipo penal, la información es inexistente, rechazaron la petición, remitieron a los datos públicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) o, como los casos de Chiapas, Guerrero y Nayarit, simplemente no atendieron las solicitudes.
“Las causas principales por las cuales las entidades no desagregan el delito de extorsión en su modalidad de cobro por derecho de piso, son que la información es inexistente y el problema de tipificación”, señala el informe presentado por la organización.
El “cobro de piso” se ha convertido en una práctica recurrente en estados donde es marcada la presencia de grupos del crimen organizado como Michoacán, con Los Caballeros Templarios, donde surgieron los grupos de autodefensa para hacer frente a las extorsiones, o Tamaulipas y Veracruz, donde opera el cártel de Los Zetas, aunque el delito se ha ido extendiendo a otras zonas del país.
“Considero impensable que haya entidades que digan que no tienen el problema de “cobro de piso”. Me parece poco real. Tenemos que empezar por reconocer que es un problema para generar registros y dar atención específica”, señaló Rivas.
Para Edna Jaime, presidenta de la organización México Evalúa, el Gobierno mexicano -en sus diferentes niveles- enfrenta un reto a la hora de combatir el delito de extorsión, el cuál es distinto al del crimen organizado que se enfrentó durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón.
“Ahora es un reto distinto. Hay una configuración distinta del crimen organizado. Hubo una fragmentación y debilitamiento de los grupos delictivos, lo que impone un reto mayúsculo desde el ámbito de los estados. Difícilmente podremos atajar el tema de extorsión si no trabajamos desde las entidades, policías municipales y estatales”, consideró.
Conforme a las cifras entregadas por las ocho entidades que sí reconocen este delito, el OCN detectó que hubo 207 denuncias entre enero de 2012 y septiembre de 2013.
“Este dato no es suficiente para desacreditar la relevancia de esta modalidad pero debe de representar una alarma para que las autoridades cooperen y comiencen a desagregar el delito de extorsión, ya que además de fomentar un sano ejercicio de transparencia, ayudaría a que las organizaciones de la sociedad civil diagnostiquen con mayor detalle las problemáticas que más afectan a la población y a su vez, sugieran rutas de acción para los tres niveles de gobierno”, plantea el estudio.
